Cuando el Estado es cómplice
La conducta de la UIF, que en una grosera pirueta pasó de acusar a CFK a pedir su absolución (todo en la misma causa y con los mismos elementos), es el síntoma de una burocracia subordinada al poder político, a la que le han extirpado su credibilidad, su prestigio y su autonomía técnica
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LA NACIONLuciano Román
Cuentan que Porfirio Díaz le preguntó a un alto funcionario: “¿Qué hora es?”. La respuesta condensó un acto memorable de genuflexión y servilismo: “La que usted quiera, señor presidente”.
Poco importa, a esta altura de la historia, determinar si aquel diálogo (ubicado en la dictadura mexicana de fines del siglo XIX y principios del XX) fue real o imaginado. Lo grave es que nos resulte útil, en la Argentina de estos días, para describir lo que está pasando en varios estamentos del Estado, donde el profesionalismo y la responsabilidad han cedido terreno frente a la obsecuencia y el oportunismo. La Unidad de Información Financiera (UIF) pasó, en una grosera pirueta, de acusar a Cristina Kirchner a pedir su absolución. Todo en la misma causa y con los mismos elementos. “Es la hora que usted quiera, señora vicepresidenta”. Los relojes, como las pruebas, se acomodan a las conveniencias del que manda.
El de la UIF no es un hecho aislado. Responde a la misma lógica de degradación del Estado que llevó, en la década pasada, a que el Indec manipulara los índices de inflación para adaptarlos al gusto y las necesidades del poder de turno. Vale la pena examinar esa lógica porque tal vez esconda uno de los más serios peligros que enfrenta la institucionalidad argentina.
Para poner el Estado al servicio de intereses sectoriales y personales se ha avanzado en el desmantelamiento de sus estructuras técnicas. Se ha desplazado al personal de carrera para ubicar militantes en los lugares más sensibles de la administración. Si se observa el Boletín Oficial, se verán todos los días designaciones que eluden los concursos y están basadas en excepciones. Los antecedentes que se evalúan no son los de la idoneidad y la formación técnica, sino los de la lealtad y la pertenencia a un determinado sector político e ideológico. Es mucho más que la ley del acomodo: implica el debilitamiento de los resortes institucionales, la pérdida de solvencia en el Estado y el levantamiento de toda barrera que contenga los abusos de poder.
Un Estado que funciona sobre la base de la obsecuencia y no de las reglas se carcome a sí mismo en un proceso que puede resultar imperceptible durante mucho tiempo. Es similar al daño silencioso pero devastador que provoca el bicho taladro en los cimientos y los techos de una casa de madera. Si no se lo detecta y se lo combate a tiempo, un buen día se puede desmoronar toda la estructura.
Ante un comité parlamentario, una asesora de la Casa Blanca aportó un testimonio estremecedor sobre la toma del Capitolio. Contó bajo juramento que, en medio del desborde violento provocado por la derrota de Trump, el presidente ordenó que lo llevaran al Congreso para avalar la reacción de sus partidarios contra la institucionalidad. Esa presencia habría marcado un punto sin retorno para la democracia norteamericana. Pero un funcionario del Servicio Secreto lo evitó. Se plantó ante el presidente: “No podemos llevarlo al Capitolio, señor; vamos a la Casa Blanca”. Actuó de acuerdo con los protocolos, las normas y el manual de procedimientos. “Soy el maldito presidente, llevame al Capitolio ya”, bramó Trump, según la reconstrucción que se hizo hace pocos días en una de las audiencias. “No es posible, señor. Mi obligación es llevarlo al Ala Oeste”, replicó Bobby Engel. No solo actuó con solvencia y profesionalismo, sino también con responsabilidad y sentido del deber. No estaba ahí al servicio de un hombre, sino de un país. Actuó como servidor público, no como militante; mucho menos como obsecuente del poder. Ese profesionalismo de Estado es la barrera de contención del sistema democrático. Aunque parezca lejano, el episodio revela la importancia, muchas veces invisible y silenciosa, pero fundamental, del funcionario de carrera.
La conducta de la UIF tiene un impacto mucho más profundo del que puede verse a simple vista. Es el síntoma de un Estado subordinado al poder político, al que le han extirpado su propia credibilidad, su prestigio y su autonomía técnica. Quizá sea una de las explicaciones de fondo de lo que le pasa a la Argentina. Es el reflejo de un abuso de poder que circula por todos los conductos de la administración. Es el resultado de una concepción autoritaria, que cree que administrar y gestionar el Estado es someterlo a sus caprichos e intereses.
El viraje impúdico de la UIF ha quedado en evidencia porque impacta sobre una investigación penal de altísima visibilidad (la del manejo discrecional de la obra pública para negocios personales). ¿Pero cuántas decisiones se toman en estamentos y organismos del Estado con esa misma lógica de la subordinación? ¿Cuántas inspecciones se activan o se cajonean en la AFIP según los intereses políticos? ¿Cuántos expedientes avanzan o se frenan para complacer al jefe o a la jefa? ¿Cuántos retroactivos y pensiones se pagan o se rechazan, de acuerdo con una escala de simpatías partidarias? Cuando el Estado se queda sin solvencia ni autonomía técnica, hay derecho a sospechar que hasta el Archivo General de la Nación guarda o quema documentos según las indicaciones del poder, no según las normas y procedimientos que demanda una gestión de esa naturaleza. No se trata de revolear sospechas infundadas, pero sí de advertir sobre un fenómeno oculto y cada vez más extendido: se ha devaluado la carrera administrativa; todos los días entran militantes por las ventanas del Estado; los concursos casi no existen, y el temor a ser incluidos en una “lista negra” impregna las decisiones del funcionariado en los más diversos recovecos de la administración pública. No solo ocurre en la órbita nacional; esa cultura está enquistada también en las provincias y los municipios. La carrera administrativa se ha cambiado por el escalafón militante. El sentido del deber ha cedido ante el sentido de la conveniencia.
En las democracias sólidas, los gobiernos encuentran todo el tiempo las limitaciones que imponen burocracias calificadas. El poder de turno marca orientaciones, prioridades, rumbos ideológicos o estratégicos en una u otra dirección. Pero no puede obrar con arbitrariedad ni poner el Estado a su servicio. ¿Alguien imagina que en una democracia europea un gobierno pueda obligar al organismo público de estadísticas a falsificar o dibujar sus mediciones? ¿O que los abogados del Estado no ajusten sus dictámenes al derecho administrativo sino a los designios del poder? ¿O que la televisión pública se ponga al servicio de la propaganda oficialista?
Una de las consecuencias más dramáticas de estas distorsiones es la pérdida de la confianza ciudadana. Cuando los estamentos públicos no garantizan autonomía y seriedad, sus dictámenes y prestaciones quedan fuertemente devaluados. Se corrompe, además, la noción misma de servicio público. Lo paradójico es que todo este deterioro se ha acelerado, y ha alcanzado extremos inconcebibles, bajo un ideologismo que esgrime la defensa del Estado. Con esa retórica, se ha degradado en realidad la autoridad pública en casi todos los niveles y se ha incumplido la obligación elemental de defender los intereses del Estado (que no son los de los funcionarios, sino los de la propia sociedad). Por supuesto que nunca es justa la generalización, y sería necio no reconocer que, en muchos organismos, sobreviven islas de profesionalismo y dignidad. El problema es que no se les reconoce autoridad. Se los ha marginado y acorralado hasta convertirlos en una especie en extinción.
Comprender esta concepción de un Estado doblegado tal vez ayude, también, a entender la furia descontrolada de la vicepresidenta contra la Corte. La cabeza del Poder Judicial hoy actúa como la última barrera de contención institucional contra la ambición absoluta de poder e impunidad. ¿Cómo no va a provocar reacciones y ataques desmesurados del que aspira a dominar y someter? Esa ambición excede incluso al propio Estado, y explica los ataques contra el periodismo profesional o contra el campo. No se tolera la independencia.
Mientras existan barreras, es fundada la esperanza. El caso del Indec muestra, además, que es posible refundar un organismo arrasado y recuperar profesionalismo, orgullo e independencia allí donde se habían extirpado esos valores. Groserías como la de la UIF tal vez nos ayuden a tomar conciencia y a poner un freno a la colonización del Estado, que cada vez se practica con mayor audacia y menor disimulo. Mirarlo sin resignación ni indiferencia ciudadana puede ser un punto de partida.
Tipo de trabajo:
opinión
