¿Cuántas mansiones tiene Beatriz Rojkés?
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El incidente protagonizado por la senadora Beatriz Rojkés , la esposa del gobernador de Tucumán José Alperovich , en el que destacó ser propietaria de varias mansiones, aunque luego lo desmintió, nos invita a centrar la atención sobre una discusión fundamental para la democracia: los mecanismos de rendición de cuentas de los funcionarios públicos.
El sistema democrático supone que el poder soberano para gobernar recae sobre el pueblo. Esta afirmación que podría parecer una obviedad supone algo no tan obvio: los funcionarios públicos son mandatarios, y los ciudadanos y ciudadanas, mandantes, y deben rendir cuentas ante ellos. Las declaraciones juradas patrimoniales son instrumentos clave con los que cuenta la ciudadanía y los organismos de control para identificar potenciales enriquecimientos indebidos o conflictos de interés en el ejercicio de la función pública.
En el caso concreto de Rojkés de Alperovich, hoy no podemos saber, a ciencia cierta, cuál es su patrimonio, pues su última declaración jurada disponible es de 2009. Pero aun en el hipotético caso de que la senadora tucumana hubiera presentado debidamente sus declaraciones juradas, lo cierto es que tampoco podríamos saber si existen mansiones a nombre de su marido o de sus hijos, ya que a partir de la reglamentación de la ley 26.857, sancionada en 2013 dentro del paquete de leyes de reforma judicial, las declaraciones juradas de cónyuges e hijos de los funcionarios no son de libre acceso.
Con Rojkés de Alperovich, la situación es todavía peor, pues si bien podría pensarse que la declaración jurada de su cónyuge es pública por ser gobernador de Tucumán , lo cierto es que la normativa provincial establece que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos son secretas para la ciudadanía. Tal como lo establece la ley 3981 de esa provincia, sólo son accesibles si existe previamente una denuncia de enriquecimiento ilícito o con orden judicial en el marco de una investigación.
Una reciente investigación de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) revela que de las 24 provincias, en 12 las declaraciones juradas de funcionarios públicos sólo pueden accederse con una orden judicial, en seis provincias se debe demostrar un especial interés para acceder y sólo en seis de ellas el acceso es libre. De éstas últimas ninguna permite el libre acceso web y requiere que los ciudadanos acudan personalmente a la dependencia pública competente, en general, con horarios de atención reducidos que dificultan el libre acceso real a esas declaraciones.
A nivel federal, si bien la reglamentación de la nueva ley de declaraciones juradas significó un retroceso en cuanto a la cantidad y calidad del contenido de las declaraciones juradas, el objetivo declarado de la norma debía representar un gran avance: que cualquier ciudadano tuviese la posibilidad de consultar las declaraciones juradas en un sitio de Internet en tiempo real. Sin embargo, a dos años de la sanción de la norma, las declaraciones juradas disponibles en el sitio www.anticorrupcion.gov.ar son muy pocas. En el caso de los senadores, como Beatriz Rojkés, ninguno ha presentado sus declaraciones juradas correspondientes a 2014, sólo cinco presentaron las de 2013 y nueve, las de 2012. Y lo que es aún peor, los funcionarios incumplidores no han tenido que responder ni ante la Oficina Anticorrupción, ni ante la Justicia, ni ante ninguna otra autoridad.
En nuestro país existe una cultura instalada de ausencia de rendición de cuentas de parte de quienes ocupan cargos públicos. Todavía no es claro que ser funcionario tiene ciertas cargas adicionales a las de cualquier trabajo. Hacerse cargo de que vivimos en democracia requiere que esta tendencia sea revertida y empezar a comprender que en este sistema los funcionarios ocupan sus puestos ocasionalmente en representación de los ciudadanos, y ante ellos deben dar explicaciones.
Fernando Bracaccini y Renzo Lavin
