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Dos caras de la misma moneda
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La reconocida líder estudiantil chilena Camila Vallejo, en distintas entrevistas publicadas recientemente, acusa al gobierno de Sebastián Piñera de privilegiar "por sobre el derecho a la educación, la libertad de enseñanza y de mercado". Algo similar sucede en textos y columnas publicados en la Argentina en los últimos años. Sin embargo, esta aparente confrontación no es tal. ¿Puede enfrentarse una moneda con alguna de sus dos caras? Es indudable que no.
De la misma forma, el derecho a la educación está compuesto por dos coprincipios inseparables: la equidad o justicia educativa y la libertad de enseñanza o libertad educativa. Esto puede parecer una cuestión teórica o abstracta, pero influye fuertemente en la vida educativa cotidiana de todos nosotros.
¿Cómo podría desarrollarse el derecho a la educación, en una sociedad democrática y pluralista, sin promover espacios de libertad y participación para los estudiantes, sus familias, los docentes y los diversos grupos sociales en todo el sistema educativo?
La libertad de todos nosotros en los procesos de enseñanza y aprendizaje es una experiencia vital sin la cual no puede llevarse a buen puerto la aventura educativa. Sin libertad no hay educación, como tampoco la hay sin justicia.
El principio de libertad de enseñanza, que con una denominación más actual también podría llamarse "participación educativa", no debe restringirse a la educación pública de gestión privada, cooperativa o social, y mucho menos vincularla con la libertad de mercado.
Esto último es un intento ideológico de identificar la libertad de enseñanza con un sector privilegiado del sistema educativo o con el lucro, lo que habla más de las ideas de quienes utilizan esta estrategia discursiva que de la libertad educativa en sí.
La política educativa tiene que cuidar y promover que el sistema multiplique espacios de libertad y participación para animar el protagonismo de todos los agentes educativos. Y esto es también una cuestión de justicia: la libertad o participación educativa no puede quedar relegada sólo a quienes tienen recursos o condiciones, sino que tiene que ser justamente distribuida a todos los habitantes.
Oponer el derecho a la educación a la libertad de enseñanza es no comprender que el problema de las injusticias educativas de nuestras sociedades no pasa por el exceso de libertad, sino todo lo contrario. La solución se encuentra en programar y desarrollar políticas, en el marco del bien común educativo, que promuevan en concreto y simultáneamente la redistribución de condiciones culturales y económicas para llevar a cabo una educación de calidad y el reconocimiento de la necesaria participación de todas las personas y de cada grupo social, sin el cual no hay calidad posible pues deviene en abstracta.
Las formas de esta participación son variadas, tanto dentro de las escuelas público-estatales como de las público-privadas. La confrontación señalada sirve para distraer y seguir evitando corregir aquellos desaciertos estructurales y específicos que cristalizan injusticias y que deben ser desafiados en la realidad política cotidiana.
© La Nacion
Carlos Horacio Torrendell
