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Economía: dato mata relato, o cuando la realidad asoma y lastima
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PARA LA NACIONDaniel Santa Cruz
“Estamos frente al fin del modelo de la casta, ese modelo basado en esa atrocidad que dice que ‘donde hay una necesidad nace un derecho’, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar. Su máxima expresión es esa aberración llamada justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley, pero además está precedida de un robo”. Esta es una de las frases duras de Javier Milei durante su campaña electoral que marcó el discurso duro que llevó al poder. En ese entonces, el ahora Presidente hablaba de la “desigualdad” frente a la ley, pero no proponía resguardos para quienes quedaban rezagados en ese llamada “desigualdad”, algo que llamó la atención a gran parte de la sociedad que lo acompañó con su voto, cansada de las políticas populistas que sí hablaban todo el tiempo de “igualdad”, aunque estuvieran lejos de conseguirla. Pero también generó preocupación a un vasto sector de la sociedad sobre esa “desigualdad” que podía acentuarse con la construcción de un modelo que cree que todo lo concerniente a generar posibilidades de ingresos y ascenso social queda exclusivamente en manos del mercado. Los primeros indicadores socioeconómicos, que muestra el modelo Milei, por ahora le dan la razón a quienes alertaban por las consecuencias de su receta.
Así lo demuestra el informe Social Mood presentado este mes por Moiguer Consultora de Estrategia, que dirige el economista Fernando Moiguer y que se tituló “La Argentina ‘pesificada’ versus la Argentina ‘dolarizada’”. El trabajo describe la composición de la pirámide social actual, con datos preocupantes que ubican a la mitad de la población viviendo con escasos recursos, así es que la estructura social de segundo trimestre define a la clase alta solo al 6% de la población, que son aquellos que tienen ingresos mensuales promedio de $20.500.000 -unos US$17.000-, seguidos, y aún dentro de la llamada clase media alta, de aquellos que gana mensualmente $9.105.000, unos US$7836. Le siguen en el orden descendente aquellos que se encuentran dentro de la llamada clase media, es decir el 44% de los argentinos. Claro, no todos con los mismos ingresos y muy lejos de lo que se conocía como “sectores medios” décadas atrás.
Veamos, solo el el 18% de la población vive en un hogar con un promedio de ingresos mensuales de $3.122.836, lo que significan unos US$2687, en tanto la clase media baja, un 26%, lo hace con una entrada mensual de $1.564.000 o sea US$1346. Dato que puede ser alarmante. Un hogar de cuatro personas necesita ingresos mensuales de al menos $1.110.624 para no caer en la pobreza, según datos oficiales del Indec, es decir que un cuarto de la población no es considerada dentro del rango de pobreza solo porque tiene ingresos superiores en apenas $400.000, algo que se podría destacar como un dato muy “fino”, ya que cualquier gasto particular como un alquiler o una emergencia lo ubica dentro de la parte baja de la pirámide, es decir en la pobreza.
Por último, el 50% de los argentinos pertenece a la clase baja. Esto se debe a que el 31% tienen ingresos promedio mensuales en el hogar que no llegan a $1.120.600 o sea unos US$964) a los que hay que sumar que el 19% representa directamente los pobres a los que les entran $585.800 poco más de US$500 todos los meses.
Una mirada rápida define que la mitad de los argentinos son virtualmente pobres, pero acompañados de cerca por esos hogares, quizás compuestos por adultos profesionales bien remunerados, que no ganan tanto respecto al costo de vida en nuestro país. La alarma se enciende cuando vemos que la Argentina es un país “caro”, sobre todo en insumos de primera necesidad.
Un trabajo realizado por el colega Francisco Olivera, publicado en LA NACION esta semana, muestra que, luego de un relevamiento por varias tiendas on line en distintas ciudades del mundo el pan lactal, el café, las golosinas, las hamburguesas, la cerveza, la indumentaria, las tablets, los teléfonos móviles y los neumáticos son los rubros en los que la Argentina tiene el valor en góndola más caro del mundo.
Un ejemplo: 100 gramos de café instantáneo en Buenos Aires cuestan US$, 15,96, mientras que en Nueva York cuesta $13,99, en Montevideo 13,12, en México 10,19 y en Santiago de Chile 9,65 de la misma moneda. Pero también lo vemos con el Pan Lactal (o Pan de Molde) que es el más caro del mundo a pesar de que en la Argentina la harina leudante es más barata que en Montevideo, Nueva York, París y San Pablo. Ejemplo: En Buenos Aires se consigue a US$4,72, mientras que en Montevideo a 3,65, en Santiago de Chile a 2,81, en San Pablo a 2,68 y en Londres a 2,55 de la misma moneda.
En indumentaria y en tecnología sucede lo mismo, estamos más caros que París y Londres y de las ciudades vecinas como san Pablo, Montevideo o Santiago de Chile. Todo esto demuestra que hay productos que se hacen casi inalcanzables para más de la mitad de la población. Y este dato también fue confirmado esta semana con el trabajo presentado-y mencionado en esta columna- por Moguier que indica que, en promedio, el 50% de los argentinos no llega a fin de mes, el 30% resigna gastos para pagar servicios, el 23% compra dólares y el 11% compra en el exterior. La desigualdad expuesta a pleno, a pesar de que el gobierno esté conforme con estos números.
Llama la atención que este contexto sea leído como favorable por el Presidente que se jacta de una reactivación que no parece suceder. Javier Milei suele decir cosas incomprobables, no solo respecto a la economía, hace poco en una entrevista en televisión dijo que hoy teníamos “los indicadores de inseguridad más bajos de la historia”, un mensaje que no es compatible con la permanente alusión que hace el gobierno a la provincia de Buenos Aires, a la que señala de vivir en un constante “baño de sangre” por incompetencia de su gobernador Axel Kicillof. Lo que puede ser cierto, la inseguridad en el conurbano es realmente un punto más que preocupante, pero si el distrito que reúne casi el 45% de la población del país es un “baño de sangre” lejos está el país de tener el indicador de inseguridad más bajo de su historia. O es uno o es el otro.
Otro dato que el gobierno relativizó fue la suba de la desocupación, que aumentó al 7,9% en el primer trimestre de 2025, lo que implica un incremento de 1,5 puntos porcentuales con respecto al trimestre anterior, que fue del 6,4%. En términos numéricos las estadísticas marcan que en el último año el empleo registrado cayó en 468.000 personas, en tanto que el empleo informal sumó a 726.000 trabajadores. El vocero del gobierno, Manuel Adorni, sorprendió a todos con su explicación sobre este dato preocupante, al afirmar que “el desempleo subió porque hay más argentinos buscando trabajo ya que ahora el salario rinde más”. Increíble que esa sea la lectura que hace el gobierno, cuando los indicadores sociales y económicos, incluso oficiales, señalan claramente otra cosa.
La semana no fue buena tampoco en datos macroeconómicos, la cuenta corriente de la balanza de pagos arrancó mal en 2025 con un déficit de US$ 5191 millones, lo que hizo escalar el endeudamiento neto de la economía argentina a US$ 5137 millones, según datos oficiales. Algo que preocupa en cuanto a compromisos con el FMI. Para colmo, Argentina no logró “pasar de grado” ya que la empresa MSCI, que elabora índices de referencia para los fondos globales, la mantuvo en la categoría “standalone” (independiente), con lo cual el país deberá esperar hasta, por lo menos, hasta 2027 para volver a ser ascendido a mercado de “frontera” o “emergente”.
Hay datos positivos, seguramente la baja de la inflación que se sostiene en el último trimestre favorablemente, el problema es que ese indicador está necesitando de ciertos ajustes en la economía que perjudican directamente a los sectores con menos ingresos, el “dólar barato” permitió a los sectores más acomodados poder viajar y consumir en el exterior, pero encarece el consumo interno y genera más desigualdad. Esta semana el Poder Ejecutivo vetó el Fondo Especial para bahía Blanca de $220.000 millones, para ayudar a poner de pie a una ciudad que sufrió las consecuencias de la peor inundación de su historia, además insiste en el ajuste, a esta altura inadmisible, sobre el Hospital Garrahan. Los voceros libertarios repiten al unísono “el déficit fiscal no se negocia”, algo entendible si se trata de bajar el costo burocrático del funcionamiento del estado, donde la sociedad acompaña en su mayoría, pero ajustar en nervios tan sensibles como la ayuda humanitaria o respaldar al hospital que salva vidas de niños con cáncer, nos hace preguntar si tiene sentido tanto fanatismo por alcanzar un número, mucho más cuando en otras áreas, como la SIDE, no se contempló esa máxima.
La reparación con transferencias de ingresos por políticas asistenciales incorporó un “impasse social” durante el kirchnerismo que no contribuyó al crecimiento económico, pero sí en la contención de los sectores más vulnerables. El gobierno libertario, si bien hizo crecer la Asignación Universal por Hijo y las transferencias en la Tarjeta Alimentaria, generó un recorte monumental en programas asistenciales para jóvenes (cerca de 39,8%) y adultos mayores, (un 9,3%), según un informe del Centro de Investigación y Acción Social y Fundar. Los principales recortes se concentraron en las becas Progresar (63,3%) y programas de cooperativas como Potenciar Trabajo (59,8%). Educación y trabajo fueron seriamente castigados así.
La llamada “justicia social”, despotricada por Javier Milei, pudo ser una consigna política utilizada con abuso y hasta con intenciones clientelares de parte de gobierno populistas que precedieron al libertario, de eso no cabe duda, pero dejando de lado sus intérpretes no deja de ser un objetivo noble y justo, al que cualquier sociedad debe aspirar. Si el gobierno no mejora, o lo que es peor, insiste en traducir con interpretaciones engañosas estos indicadores sociales y económicos, lamentablemente la realidad golpeará su puerta más temprano que tarde.
