El cenit del poder

En los casi 22 años de práctica continua de la democracia, los momentos de apogeo de los presidentes han sido cortos, con la excepción de Carlos Menem, que en 1995 conquistó su reelección después de un primer período de más de seis años. El desafío que hoy hostiga al arco político consiste en calibrar el nivel a que ha llegado una sostenida acumulación de poder en manos de Néstor Kirchner. En otras palabras: ¿alcanzó en estos tres años el punto del cenit para que de allí arranque la declinación o, de lo contrario, esa popularidad adquirida tiene todavía por delante un buen trecho por recorrer?

Vale la pena plantear esa cuestión porque, al borde ya de que sus seguidores festejen este primer trienio, el país está sujeto al humor de una autoridad dominante que muy pocos parecen disputar. El ascenso de estos fenómenos de dominación tiene en la Argentina viejo arraigo. No en vano, más allá de la llamada transversalidad, el gobierno en funciones reposa sobre una mayoría adicta en el Congreso de clara prosapia justicialista. Este imperium del Ejecutivo sobre el Legislativo se reproduce en las provincias y municipios y conforma una suerte de contraconstitucionalidad o de república al revés, según hemos apuntado en notas anteriores. Dos resortes operan juntos como disparadores de esta contraconstitucionalidad: el personalismo y la hegemonía institucional del Ejecutivo.

Hemos alcanzado esta abundancia de recursos dependientes del arbitrio presidencial y de los ministros que manejan la caja de la inversión mediante un concurso de factores en el que no sólo sobresale el crecimiento de la economía, sino también una cultura política arraigada en las costumbres. Tras los comportamientos y creencias observables en varios segmentos de nuestra sociedad, parecería que no despiertan mayores disgustos las decisiones (decretos de necesidad y urgencia, impuestos indirectos a través de tarifas, etc.) impuestas por encima de las restricciones institucionales. Con lo cual estaríamos ante el hecho de que al mando del gobernante se lo limita merced a la rebelión y a la protesta en lugar de hacerlo con el auxilio de la Constitución y las leyes.

Debido a estos motivos es que la popularidad depende de una opinión que quiere ser mandada y, al mismo tiempo, no acepta que ese mando afecte intereses circunstanciales o de grupo. La relación entre los gobernadores y el Presidente es, al respecto, ilustrativa. Cuando la autoridad presidencial decrece, como ocurrió durante las presidencias de Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde, aumentan los arrestos de autonomía de los gobernadores. En los pocos años de crisis anteriores a 2003 solíamos postular la existencia de una “liga de gobernadores”, en la medida en que el poder político, de más en más fragmentado, descansaba en el control que quienes gobernaban en las provincias ejercían sobre cada uno de sus territorios. Era la ecuación entre presidentes débiles y gobernadores fuertes.

En vista de lo que viene aconteciendo en este último trienio, esa descripción de las cosas suena hoy a historia superada. Más que en una “liga”, típica de alguna confederación rediviva, la mayoría de los gobernadores están ahora inscriptos en una red de dependencia fiscal con el Ejecutivo, lo que apareja evidentes consecuencias de conducta en ambas cámaras del Congreso. Quiere decir, entonces, que las tan mentadas situaciones de fragmentación territorial han pasado a ser partes de un compacto nacional armado por el poder instalado en la Casa Rosada y adyacencias ministeriales.

Las manifestaciones que mañana tendrán lugar en Entre Ríos, frente a los puentes del río Uruguay, responden a esa lógica de concentración hegemónica. Añada el lector a estos dispositivos el ánimo belicoso y el deseo de confrontar y podría cerrar un esquema de dominación que aparentemente respondería, tal como ocurrió en tiempos de Menem, a una urticante paradoja del éxito. Con esto queremos decir que los logros económicos de nuestra economía (siempre, salvo prueba en contrario, de corto plazo) juegan al revés de los propósitos de Alberdi. Mientras que para el autor de las Bases… el progreso material debía servir de base para el mejoramiento de las instituciones, para quienes nos gobiernan, el crecimiento económico es el instrumento más eficaz para poner patas arriba aquel delicado complejo de checks and balances. Aquí, al cabo de cada día que pasa, el Congreso controla menos. Si de balanzas se trata, entre nosotros tenemos una en diagonal con un platillo en franca inclinación gracias al enorme peso que sobre él se ha depositado.

Esto no significa que las tradiciones federalistas hayan desaparecido completamente. En realidad, la praxis federal (y no sus ideales de buen gobierno republicano, se entiende) está configurando una suerte de espejo retrovisor: antes de llegar al vértice, en efecto, la hegemonía se incuba en la base. Ya que hemos evocado la paradoja del éxito, no estaría de más postular una segunda paradoja en virtud de la cual los liderazgos presidenciales con aspiraciones mayoritarias, de carácter popular y reeleccionista, se incuban en distritos pequeños, con poblaciones ínfimas, dentro de cuyo contorno brota un modo feudal de ejercicio del poder.

Para entender el apetito reeleccionista es preciso, por cierto, hacer hincapié en aquello que la filosofía política denominó la voluntad de poder en tanto atributo de una psicología particular. Pero acaso más importante sea retroceder en el tiempo y observar la matriz que reproduce tal estilo en aquellas provincias. Estos distritos son, en rigor, talleres donde se aprende un oficio y no es por el mero azar de las circunstancias que una figura destacada en los rangos de la oposición, el gobernador de Neuquén, Jorge Sobisch, provenga de un lugar semejante.

Desde luego, no siempre los presidentes de estas últimas décadas se han fraguado en esa matriz. Tanto Alfonsín como De la Rúa y Duhalde provienen de los distritos más grandes del país, pero la diferencia que separa un escenario de otro radica, precisamente, en que en los distritos grandes y medianos la política es más competitiva y, por ende, más acorde con los postulados de una democracia pluralista. En los distritos chicos del tipo de Santa Cruz, en cambio, el gobernador se reproduce a sí mismo, o bien –en un rápido pasaje del feudalismo a la monarquía– el gobernador en ejercicio es bruscamente desplazado (tal el reciente episodio en que renunció el gobernador Acevedo).

La suma que resulta de una personalidad dominante seducida por la confrontación, de la hegemonía institucional y de la tradición reeleccionista propia de distritos pequeños dispara al actual gobierno hacia el cenit del poder. A ello, obviamente, coadyuvan el crecimiento de la economía, así como las mejoras en el desempleo, y un complicado panorama en la oposición. Las oposiciones legales de los partidos viejos y nuevos, divididas en múltiples corrientes, están sufriendo en carne propia la regla de oro de la hegemonía institucional del justicialismo. Nacido de la entraña gubernamental, el justicialismo sabe muy bien que los partidos más aptos para sobresalir en la Argentina son aquellos que tienden a confundirse con el Estado.

Mientras dure la bonanza del crecimiento, y la inflación o la falta de inversiones en aspectos claves del desarrollo como la energía no muestren sus dientes y lleguen a plantear dificultades más allá de este año, el cenit del poder y la paradoja del éxito seguirán dando que hablar. Razón suficiente para tener el oído atento a la hipótesis de un cambio sorpresivo en el calendario electoral.

Por Natalio Botana

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