El dinero de la corrupción K
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PARA LA NACIONRoberto Durrieu
Vivimos momentos históricos para la Justicia de la Argentina. Los magistrados de las causas “Vialidad”, “Ruta del dinero K”, “Hotesur” y “Cuadernos”, pretenden decomisar el dinero fruto de la corrupción en cifras monstruosas nunca antes siquiera imaginadas por la justicia federal penal del país. Tan solo en la causa “Vialidad” se pretenden decomisar US$530 millones; cifra récord para la historia judicial argentina.
Sin embargo, la incertidumbre surge cuando se observa que los bienes de la expresidenta Cristina Kirchner ascienden tan solo a un estimado de US$2 millones, patrimonio compuesto por US$250.000 en inversiones financieras, algunas sociedades, los hoteles familiares Los Sauces y Hotesur, y no mucho más. El fiscal Luciani alega: “No descansaré hasta recuperar la plata que se robó”. Su trabajo será arduo y longevo. Quizás sus nietos vean el resultado de sus esfuerzos procesales. Es que la exmandataria realizó donaciones en favor de sus hijos Máximo y Florencia que se sospecha fueron meras simulaciones o pantallas tendientes a quedar insolvente y así frustrar el decomiso (en Latín, la causa simulandi).
Los despojos ficticios antes de las condenas de prisión por corrupción, parecen ser un clásico de los altos funcionarios argentinos. El expresidente Carlos Saúl Menem murió con una declaración jurada de cuasi indigente, mientras parte de su entorno inmediato se benefició con donaciones y adelantos de herencia de último momento. Algo parecido ocurre con el exministro Julio De Vido; ya condenado a prisión, pero con patrimonio cero para ejecutar. Declara tener solo un Ford Taunus de 2010 y una propiedad inembargable al estar declarada como bien de familia.
Quien no tuvo mejor surte fue Lázaro Báez. En paralelo a su detención preventiva en la causa “Ruta del dinero K” la Justicia embargo sus estancias, inmuebles, sociedades, camionetas y maquinarias viales en un estimado de US$205 millones. Imaginemos entonces los millones en bienes de Báez que escaparon de la mirada de los fiscales, y que están actualmente a nombre de sus testaferros y sociedades pantalla u off-shore en paraísos fiscales.
Esta discusión sobre la posibilidad de restituir los daños producto de la corrupción en favor de las arcas del Estado abre un debate crucial y de gran relevancia para la sociedad. El juez encargado de la ejecución de la pena, deberá instrumentar los resortes legales tendientes a “correr el velo societario” de los actos jurídicos que se sospecha fueron meras simulaciones jurídicas tendientes a insolventarse fraudulentamente a modo de evitar hacer frente a sus respectivas condenas.
Estos nuevos y renovados juicios ejecutivos para determinar las cifras y bienes a recuperar llevará sus años, donde las garantías de los ya condenados deberán ser debidamente respetadas. Las abultadas cifras y el Estado de Derecho en el que pretendemos convivir así lo exigen. Por eso digo que quizás los nietos del Fiscal Luciani pueden disfrutar por fin de un recupero de los bienes de la corrupción efectivo, que no subordine bajo ningún aspecto los principios generales del debido proceso y el derecho de defensa en juicio.
La transparencia en la gestión de los recursos públicos es un pilar fundamental del sistema democrático y republicano; al igual que las garantías a gozar de un juicio justo.
* El autor es Doctor en Derecho de la Universidad de Oxford y de la Universidad Católica Argentina
