El Gobierno, en contra de la educación
Hace 1050 días que gobiernan Alberto Fernández y Cristina Kirchner: 1050 días en los que lo único que hicieron en materia educativa fue perjudicar a los chicos, a las familias e hipotecar el futuro de miles de argentinos.
En el presupuesto 2023, el gobierno nos muestra su plan para el próximo año y nos deja claro que vuelve a relegar y despreciar a la educación. Desde que comenzó su mandato, Fernández cerró las escuelas, militó que los chicos se quedaran en casa, postergó injustificadamente su regreso a las aulas, no llevó adelante una política de recuperar a quienes habían abandonado y, hace unos pocos meses, mediante una decisión administrativa del ministro Sergio Massa, recortó 70 mil millones de pesos en educación. Con el presupuesto 2023 toma la decisión de que el ajuste del Estado se lleve adelante desfinanciando a la educación. El gobierno cree que el ajuste de las cuentas públicas generado por el despilfarro de la fiesta populista y por la corrupción kirchnerista, tiene que recaer en los más chicos y en el futuro del país. No en las empresas públicas, no en los amigos del poder, no en los socios de la Argentina corporativa: en la educación.
De este presupuesto se dijo que era un dibujo, una ensalada, un caballo de Troya que dentro escondía peligros. Todo esto es cierto, pero es importante agregar algo más : el presupuesto 2023, que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, es un gran plan de resignación, es la renuncia explícita a que durante un año entero la Argentina invierta el dinero público donde y como debe para tener un futuro mejor.
En la web del Ministerio de Educación, el gobierno asegura que la educación es su bandera, mostrando la enorme distancia que para el kirchnerismo tiene lo que se dice de lo que se hace. Otra señal en la misma dirección fueron las palabras expresadas por el presidente Fernández la semana pasada, cuando al salir de una reunión con la ONG Argentinos por la Educación se autoproclamó “Defensor de la Educación Pública”. Esta ONG, en un informe publicado en los últimos días, mostró que el relato y los hechos no coinciden: es el presidente que proyectó el segundo presupuesto educativo más bajo en 11 años y es el presidente que decidió recortar en educación el doble previsto para otras áreas de la administración pública nacional.
En la distancia que tienen entre las palabras y la realidad, niegan estar recortando la educación, pero por más slogans que usen, por más que quieran construir un relato con los datos, los números no mienten. No solo porque la meta de inflación del 60% que propone el presupuesto no se va a cumplir sino porque la decisión de las últimas horas de agregar una partida extra destinada a educación que será manejada por el Jefe del Gabinete, sin explicitar de dónde provienen los fondos o a qué programas específicos se van a destinar, lo único que nos permite concluir es que el gobierno llegó a un acuerdo con Baradel, que sin dudas la partida de él está y que la paz acordada entre el gobierno y CTERA se hizo a costa de los chicos y su futuro.
En una Argentina en la que sólo 16 de cada 100 estudiantes terminan el colegio secundario en tiempo y forma, el gobierno toma la decisión de recortar más del 50% las partidas destinadas a evaluación educativa y más del 98% en el sistema dedicado a la gestión en información escolar. Hay otros recortes también graves (se le quita 10% a los programas de mejora de la calidad educativa, 17,9% a infraestructura y equipamiento y un 27% extra a infraestructura específica para jardines de infantes, más de 21% al desarrollo de educación superior y hay una quita del 35% en becas estudiantiles), pero la coyuntura nos obliga a destacar el recorte en estas dos áreas. Luego de la experiencia reciente de la pandemia y las escuelas cerradas, las pruebas nos demuestran que los chicos argentinos están por debajo del promedio latinoamericano en matemáticas y prácticas del lenguaje. La única forma de ayudarlos en sus trayectorias educativas es seguir evaluando sus aprendizajes para aplicar políticas públicas que los ayuden a mejorar. El gobierno recortó para 2023 la mitad del presupuesto en evaluación, sin siquiera tomarse el trabajo de especificar cuáles serán los programas que se verán perjudicados. Por otro lado, como señalan quienes más saben de educación, un problema fundamental que tiene el sistema educativo argentino es la falta de información. No tenemos datos y sin datos no se puede gobernar el sistema. El recorte presupuestario en el sistema de información significa tomar la decisión política de no enterarnos quiénes son los alumnos, cuáles son sus trayectorias educativas, qué tramos tienen aprobados y qué materias adeudan, qué conocimientos tienen consolidados y cuáles necesitan reforzar para permanecer y egresar del sistema escolar. Dicho más breve: se renuncia a buscar a los que abandonaron las escuelas, a ayudar a quienes tienen trayectorias complicadas y a tener datos que nos permitan en el corto y mediano plazo tomar decisiones para mejorar los aprendizajes de todos.
La decisión de este gobierno de recortar la educación no es azarosa, es, en realidad, la política que con mayor constancia y coherencia ha llevado adelante esta administración cogobernada por Fernández y Kirchner. Este presupuesto no es solo un ejercicio contable, en rigor de verdad, es la demostración de la continuidad y profundización de una política que lleva 1050 días cerrando escuelas, dejando de evaluar aprendizajes y prácticas docentes, abandonando a su suerte a miles de familias y al futuro de sus hijos. La peor catástrofe educativa de nuestra historia y la mayor crisis de expectativa de futuro que transitamos los argentinos no es casualidad, es consecuencia de las decisiones de este gobierno.
La autora es diputada nacional por Juntos por el Cambio
Tipo de trabajo:
opinión
