El problema de Fernández es Alberto y no Cristina

Cristina Fernández de Kirchner está insatisfecha con las gestiones de Alberto Fernández y Axel Kicillof. Le parece inadmisible que obtengan un resultado que la decepciona después del aval político que les confirió al imponerlos como candidatos a presidente y gobernador. Por eso se siente eximida de responsabilidad respecto de ese fracaso. En su peculiar criterio de evaluación, la culpa no es de ella, sino de quienes eligió para gobernar.

Hay un problema al que el kirchnerismo no le encuentra solución: cómo satisfacer la expectativa de contar con servicios públicos equiparables a los que el Estado presta en la ciudad en educación, salud y seguridad. El mandato que sus electores comparten con quienes se inclinaron por otras opciones

Aunque la necesidad de preservar la ventaja de casi dos millones de votos en el conurbano la predispone a auxiliar a Kicillof antes que a Fernández, hay un problema al que el kirchnerismo no le encuentra solución: cómo satisfacer la expectativa de contar con servicios públicos equiparables a los que el Estado presta en la ciudad en educación, salud y seguridad. El mandato que sus electores comparten con quienes se inclinaron por otras opciones.

La recesión añadió una dificultad inquietante a las que ya existían. En las próximas semanas podrían cerrar tres establecimientos educativos privados en Lomas de Zamora. Lo harían por el mismo motivo que el colegio French de La Matanza. La alta morosidad en el pago de cuotas. Un fenómeno que se proyecta en la migración de la matrícula de alumnos de ese sector (1,5 millones) al estatal (3,5 millones)

Es probable que la oferta de vacantes en las escuelas públicas de la ciudad cubra una parte de esa demanda. Algo que ya ocurre en el sistema de salud, donde se atiende a un porcentaje significativo de bonaerenses. Dos argumentos que inhiben al kirchnerismo de aplicar en esas áreas el plan con el que pretende contrarrestar el efecto negativo que el gobierno porteño irradia sobre su liderazgo político en el primer y el segundo cordón del conurbano: igualar hacia abajo.

El reclamo salarial de la policía bonaerense le dio la oportunidad que esperaba para hacerlo. Después de la corrupción, la seguridad es la principal preocupación entre quienes respondieron al sondeo de Management & Fit de la tercera semana de octubre. La vicepresidenta promovió el DNU 735, con el que Fernández le quitó a la ciudad el 1,18 por ciento de coparticipación federal que había negociado con el anterior gobierno para financiar el traspaso de la policía a la ciudad.

Cerca de 13.000 millones de pesos transferidos en forma directa al gobierno bonaerense para cubrir el aumento de haberes de los uniformados y desactivar la protesta que cumplieron en medio de la disputa entre Kicillof e intendentes por el control de los 14.000 millones aportados por el gobierno nacional para un programa de equipamiento en seguridad para el área metropolitana (AMBA)

Las repercusiones de ese conflicto atraviesan la relación de los jefes comunales con el gobernador. Kicillof consiguió que esos recursos sean ingresados al Tesoro bonaerense. Los intendentes se resisten a suscribir los convenios que les permiten acceder a los que les corresponden, pero los condiciona a utilizar el 80 por ciento en la compra de vehículos. Los de Juntos por el Cambio confían en una intervención de Sergio Berni para modificar esa cláusula.

Resulta extraño que sea así después de que el ministro de Seguridad haya rechazado de forma tajante la compra de pistolas Taser a algunos de ellos. Un gesto que los sorprendió: tal vez esperaban otra respuesta. El hermetismo de Berni en los últimos días es llamativo. Sobre todo por el auge que están cobrando las usurpaciones que suele criticar.

Pero también porque el 30 de octubre vence el plazo dispuesto por la Justicia para desalojar el predio ocupado en Guernica. Resulta sugestivo que cinco días antes Kicillof asegure que "la mayoría de los barrios privados y countries son, prácticamente, ocupaciones". No es el caso de la firma Campos de Bellaco, que construye uno en esas tierras, según quienes conocen en detalle ese expediente.

La tensión con el kirchnerismo desconcierta a los intendentes del Frente de Todos. La desconfianza que les prodiga Cristina es un martirio que esperaban superar si aceptaban ser conducidos por Máximo Kirchner. El problema es que la vicepresidenta parece estar al tanto de sus elucubraciones. Especulan con destrabar la limitación que la ley 14.836 impone a su reelección si la crisis se profundiza.

Algunos pensaron en recurrir al Presidente. Pero los desalentó el razonamiento de un colaborador: "A esta altura el problema que tiene Fernández es Alberto, no Cristina". A los más cercanos les preocupa que no termine de consolidarse en el centro de las decisiones administrativas. Es una idea que circula entre empresarios y sindicalistas. Entre ellos, Hugo Moyano.

Pero verbalizada ajustadamente por Daniel Llermanos, el abogado defensor de su hijo Pablo en la investigación por supuesta asociación ilícita con barras del club Independiente. Llermanos y Víctor Hortel estaban citados a prestar declaración indagatoria en esa causa la semana que viene. Se los acusa de incitar el falso testimonio de Damián Lagarone, uno de los barras que declararon en calidad de testigos colaboradores.

"Scalera y Conte Grand, las caras más oscuras de la AFI en la Justicia, extorsionaron testigos, detenidos, armaron estudios de TV en calabozos, piden juicio oral para Pablo Moyano e indagarme. Antes, impunidad macrista. ¿Y ahora quién carajo los banca?", se interrogó retóricamente en su cuenta de Twitter el abogado de los Moyano.

Llermanos consiguió que el fiscal de la UFI 8 de Lomas de Zamora dejase sin efecto ayer el pedido de indagatoria a él y al director del Servicio Penitenciario en el gobierno de Cristina. Bisquert concursa para ocupar una vacante de camarista en el departamento judicial de Lanús y Avellaneda. Donde le gustaría a Pablo Moyano ser sometido a juicio oral y público.

No es algo que preocupe a Cristina. La vicepresidenta avanza en diluir el espacio de moderación en el sistema político alentado por Fernández y Rodríguez Larreta. Una idea de la que recela. Sospecha que no es más que la proyección de los acuerdos que Pro y un sector del peronismo mantienen en la Legislatura porteña desde hace más de una década.

Un clima que parece extenderse a todos los ámbitos. Como el activo chat interno de la CGT. El fin de semana, Víctor Santa María (Suterh) subió la promoción del programa especial ¿Qué me contás? que Radio El Destape puso en el aire este sábado para conmemorar por anticipado el 10° aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner. La lista de entrevistados fue encabezada por Fernández, Milagro Sala y Kicillof. Nadie respondió nada.