El último recurso del incompetente: la violencia kirchnerista
La flamante senadora Cristina Fernández de Kirchner no apareció el miércoles pasado en la reunión de la Comisión de Presupuesto de la Cámara alta en la cual se trataron nada menos que la reforma tributaria y el presupuesto nacional para 2018. En una semana signada por la violencia política y por nuevas detenciones de figuras emblemáticas del kirchnerismo por escándalos de corrupción, aquella inasistencia es una primera comprobación de que el Senado no representa para la ex presidenta mucho más que un refugio ante la acción de los jueces. También, un reflejo de que para la oposición kirchnerista la calle ha desplazado al Congreso como teatro de operaciones.
Durante la sesión de la Cámara de Diputados iniciada en la tarde del lunes pasado y concluida en la madrugada del martes con la sanción de la reforma jubilatoria, los aproximadamente 60 legisladores del kirchnerismo se dedicaron a esperar a lo largo de muchas horas que apareciera un muerto. Junto a otros diputados opositores, jugaron a convertir en víctimas a los victimarios que pugnaban por acercarse al Congreso a cascotazos, a la espera de algún exceso en la represión policial que provocara una tragedia para cargarle al Gobierno.
Isaac Asimov expresó alguna vez que la violencia es el último recurso del incompetente. A eso ha quedado reducida la estrategia de un grupo político desesperado frente a su retroceso electoral y al avance de la Justicia. Se buscó generar un clima de violencia en los alrededores del Congreso para de inmediato exigir que el Congreso no sesionara a raíz de los mismos desórdenes que el kirchnerismo y una izquierda radicalizada alentaban. El levantamiento de la sesión en Diputados hubiese significado un triunfo de la extorsión y la violencia, y una derrota de las instituciones de la República.
Fogonear la violencia callejera apuntó a provocar las condiciones para que sobrevolara el fantasma de los violentos capítulos de diciembre de 2001, que derivaron en la renuncia de Fernando de la Rúa. Su objetivo de mínima era el despido de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien recibió un fuerte respaldo de Macri.
El frecuente latiguillo de la oposición kirchnerista y la extrema izquierda de que “Macri vino para hacer un ajuste que sólo cierra con represión” quedó desacreditado con el impactante récord de 88 efectivos policiales heridos por la acción de los militantes de la violencia. También, con la cobarde agresión al periodista de TN y Canal 13 Julio Bazán. El sacrificio de todos esos hombres desmintió aquel hipócrita relato de la oposición antisistema.
Duele la violencia. Pero mucho más el silencio de parte del arco opositor, como las mezquinas actitudes de algunos mercaderes del sindicalismo que, como de costumbre, buscaron sacar partido de la supuesta debilidad del Gobierno ante la violencia callejera para llevar agua a sus molinos mediante la extorsión.
Si existían dudas sobre la complicidad política del kirchnerismo con los violentos, el diputado Leopoldo Moreau se ocupó de aclararlas cuando, en plena sesión sobre el presupuesto, afirmó que el periodista Bazán “no sólo fue víctima de un grupo de inadaptados” –calificativo extremadamente leve para el salvajismo de los agresores–, sino “víctima del grupo donde trabaja”, en referencia al Grupo Clarín. Explicó así una brutal agresión que no admite justificaciones de ninguna clase. Sólo le faltó recurrir a la tristemente recordada frase “Algo habrá hecho”. Horas después, el diputado kirchnerista tuvo la oportunidad de retractarse ante el propio Bazán, con quien dialogó en el programa de Marcelo Longobardi en Radio Mitre, pero no lo hizo.
Un balance de la semana indica que la oposición radicalizada no logró su propósito, en tanto el Poder Ejecutivo logró avanzar con las leyes cuya sanción planeaba. Aun así, hay coincidencia en la Casa Rosada en que el Gobierno ha sufrido un impacto negativo en la opinión pública. Entre los sondeos concluidos en las últimas horas, uno de Jorge Daniel Giacobbe indica que, en un mes, como consecuencia de la desaparición del submarino ARA San Juan y de la reforma previsional, el presidente Macri ha visto caer su imagen positiva en siete puntos, del 56% al 49%, en tanto que su imagen negativa creció nueve puntos, del 34% al 43%. En otras palabras, la ponderación del Presidente cayó prácticamente todo lo que había mejorado desde las elecciones de octubre. El mencionado consultor refiere que Macri había sufrido una caída parecida en marzo de este año, luego de una entrevista que le hizo Mirtha Legrand, en la cual la popular conductora le dijo al primer mandatario: “Yo creo que ustedes no ven la realidad”. Pero rápidamente, la imagen del Presidente se recuperó cuando salieron las momias de la política argentina de sus sarcófagos.
Un estudio de la Fundación Cigob, que semanalmente releva las opiniones en las redes sociales en el llamado Interbarómetro, analizó el tono de las conversaciones sobre la reforma jubilatoria entre el 11 y el 20 de diciembre. Concluyó que el 71% de las menciones sobre esta iniciativa fueron negativas y sólo el 29% resultaron positivas.
Si el actual escenario dista de ser dramático para el Gobierno es porque el optimismo económico aún es alto frente al futuro y porque las opiniones de la población en contra de la polémica reforma previsional son mucho mayores que las opiniones favorables a los sectores políticos que impulsaron brutalmente su rechazo. Hoy la oposición es un vientre infértil para dar a luz nuevos liderazgos y esa circunstancia es percibida por la ciudadanía y capitalizada por el macrismo. Al mismo tiempo, las dudas o rechazos que generó la ley previsional no son comparables con la amplísima condena a los promotores de los hechos violentos que se registraron en las calles. El oficialismo ha logrado invertir la ecuación de quienes fueron las víctimas, merced a las imágenes que mostraron a activistas con armas caseras y morteros, y a estos arremetiendo contra los efectivos policiales.
Pero sería un error del Gobierno desconocer que la sociedad aspira a que, cuando se hable de ajustes, estos empiecen por la política y por el redimensionamiento de un Estado elefantiásico. En este sentido, es la gobernadora María Eugenia Vidal quien dio los pasos más importantes con la eliminación de las jubilaciones de privilegio y con la supresión de 221 cargos políticos sobre una estructura de 990 unidades administrativas. En la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta y su jefe de Gabinete, Felipe Miguel, anunciaron la eliminación de 120 puestos políticos y un tope salarial al personal en cargos ejecutivos. La reforma administrativa en la Nación es más lenta, aunque se destaca un adelanto: el ahorro de 29 millones de pesos que significará el hecho de que los miembros del directorio de Radio y Televisión Argentina dejen de cobrar sueldos.
Una incógnita que sobrevuela el ambiente gubernamental es si el control de la calle seguirá condi-cionando a la política. No es casual que el propio Macri se haya preocupado públicamente por pedir que los violentos sean juzgados por el delito de sedición, al tiempo que cuestione a los jueces por liberar en menos de un día a sospechosos de haber arrojado cascotazos que podrían haber matado a alguien con facilidad. Pero otro interrogante inquieta a los agentes económicos: si una serie de reformas poco más que módicas generan tanto río revuelto, ¿qué podría esperarse cuando se debatan cuestiones mucho más espinosas que ataquen a fondo problemas estructurales de la Argentina?
