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Ella no se contradice
Pasado mañana, la Argentina habrá cumplido un mes sin secretario de Energía. El diputado neuquino Darío Martínez, designado para reemplazar en el cargo a Sergio Lanziani, que renunció el 21 de agosto, todavía no juró. ¿Y mientras tanto con quién hablan?, le preguntó este diario a un petrolero. Respuesta: "Con nadie". En el Frente de Todos no se ponen de acuerdo sobre quién debe asumir en la Cámara baja en el lugar de Martínez: si Asunción Miras Trabalón, segunda candidata en la lista y militante de Nuevo Encuentro, o Guillermo Carnaghi, peronista y primer suplente. La discusión está en la Justicia.
Hace tres semanas, la jueza Servini de Cubría rechazó un amparo de Miras Trabalón y dispuso aplicar la ley de paridad de género, que indica que debe asumir alguien "del mismo sexo". La dirigente de Nuevo Encuentro apeló entonces ante la Cámara Nacional Electoral y, al enterarse de que Carnaghi recomendaba en declaraciones públicas bajarle el tono al debate, se envalentonó: "Si fuéramos sumisas e hiciéramos silencio cuando nos hacen callar, no hubiéramos salido de la caverna. Nos mandan a hacer silencio y atenernos a la literalidad de las leyes porque es una herramienta del patriarcado ordenar que no cuestionemos, que no hablemos y nos atengamos a lo escrito".
La demora en la jura de Martínez, funcionario de un sector medular para la vida económica, esconde también un orden de prioridades dentro del Gobierno. Hay problemas que parecen requerir soluciones más rápidas. Quedó claro anteayer, con los tres decretos que Alberto Fernández firmó para dejar sin efecto los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, tal como había aprobado el Senado, que obligaron a una edición extra del Boletín Oficial, sin esperar siquiera unas horas a la publicación del día siguiente
La demora en la jura de Martínez, funcionario de un sector medular para la vida económica, esconde también un orden de prioridades dentro del Gobierno. Hay problemas que parecen requerir soluciones más rápidas. Quedó claro anteayer, con los tres decretos que Alberto Fernández firmó para dejar sin efecto los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, tal como había aprobado el Senado, que obligaron a una edición extra del Boletín Oficial, sin esperar siquiera unas horas a la publicación del día siguiente. Detalles que explican todo. En una coalición que intenta conciliar internamente posturas e intereses distintos, ejercicio que deriva a veces en decisiones que conspiran contra la propia coherencia del discurso presidencial, hay sin embargo una agenda que tiene cohesión, estrategia y método: la de Cristina Kirchner. "Ella no se contradice", definió a la nacion el principal accionista de un grupo industrial nacional.
Los empresarios observan este trastocamiento con inquietud. Hacía tiempo que no se los veía, casi sin excepciones, tan pesimistas. Las últimas medidas cambiarias fueron al respecto un punto de inflexión. Se terminaron de convencer de que el ciclo virtuoso que podría haber iniciado la renegociación de la deuda es improbable. Estar obligados a renegociar pagos de capital de deuda que venzan entre el 15 de octubre y el 31 de marzo para acceder al dólar oficial, por ejemplo, es una situación propia de tiempos de default. Un informe de la consultora 1816, que conducen Adrián Rozanski, Mariano Skladnik y Martín Defilippo, dice que esa circunstancia incluye a 20 compañías y concluye en que todas deberán imitar lo que hizo hace unos días el Banco Hipotecario, que lanzó un canje a 2025 por un vencimiento de 280 millones de dólares que tenía a fines de noviembre. YPF y Telecom también se anticiparon con reprogramaciones recientes.
"Dudo de todo, hasta de reemplazar una pieza de una línea de producción por miedo a importar y tener una causa penal", se lamentó un empresario. Es cierto que las cámaras corporativas eran ya un revuelo antes de esos anuncios. No se ponían de acuerdo, por ejemplo, en cómo quejarse del proyecto del impuesto extraordinario a las grandes fortunas que proponen Heller y Máximo Kirchner. Hay quienes prefieren no hablar en público, sino intentar bloquear la propuesta en el Congreso. ¿Cómo oponerse a una iniciativa que grava a los ricos en un país con prejuicios hacia los dueños del capital y cuyo texto propone destinar esos fondos a cubrir gastos de una pandemia? El kirchnerismo ha sido siempre especialista en enunciados. Los repiten desde hace días operadores del Gobierno que reclaman respaldo público empresarial al proyecto con un argumento difícil de constatar: "Es lo que pide el papa Francisco".
¿Quién podría entonces levantar la voz?, se preguntan en el mundo de los negocios, donde agregan que los tópicos de corrección política desorientan incluso a la oposición. "Dicen que grava a las personas físicas, no jurídicas. Pero, si tenés empresas nacionales, las personas físicas son los accionistas", se quejan en la Unión Industrial Argentina, que incluyó el martes un párrafo alusivo en su habitual comunicado de reunión directiva. La autopartista Carolina Castro, jefa del Departamento de Legislación de la central, tiene el encargo de hablar con diputados y senadores. Pero hay quienes proponen críticas más explícitas, punto por punto, de qué es lo que se está gravando. De lo contrario, dicen, no se podrá discutir la constitucionalidad del proyecto.
Es imposible que estos aires no remuevan más la piedra angular del drama argentino, que es la desconfianza. "Si buscás una declaración, creo que la más adecuada es la de Duhalde", se anticipó un miembro de la UIA al recibir anteayer la llamada de este diario. Duhalde acababa de decir en Radio Rivadavia que veía a Alberto Fernández "grogui como De la Rúa o yo". Ese estado de ánimo explica el crecimiento de las radicaciones en Uruguay, que algunos de ellos atribuyen a la obligación de hacer cuarentena cada vez que viajan. Según diputados opositores que indagaron en registros de Migraciones en ese país, unas 25.000 personas lo hicieron este año y hay por lo menos 75.000 en espera. "Tenemos unos 100 trámites semanales para solicitar la residencia –confirmó esta semana a Infobae el embajador uruguayo, Carlos Enciso–. Es hora de retribuir todo ese cariño y esa hospitalidad".
El Gobierno debe buscar la reactivación en ese contexto. "La Argentina necesita empresarios que confíen, inviertan, produzcan, ganen y den trabajo en el país", exhortó anteayer el Presidente mientras anunciaba una inversión textil en Chaco. Casi un ruego. En marzo, no bien iniciada la cuarentena, el tono había sido otro. Entonces, molesto por los despidos, dijo en conferencia de prensa: "Muchachos, llegó la hora de ganar menos; no es que van a perder plata, no van a ganar lo mismo que antes".
¿Otro cambio de opinión? La respuesta es irrelevante porque su palabra ha ido perdiendo valor. Para entender la Argentina es mejor volver cada tanto a la declaración de Cristina Kirchner ante el Tribunal Oral Federal N° 2 el año pasado. Esa mañana del 2 de diciembre en que, al borde del llanto, acusó a los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu de tener ya decidida su condena. "¡No me interesa! ¡He elegido la historia antes que ellos me declaren absuelta! ¡A mí me absolvió la historia y me va a absolver la historia, y a ustedes seguramente los va a condenar!", dijo. La premura de ese propósito distorsiona todo, hasta la importancia de que un secretario de Estado empiece a gestionar: la energía está en otra parte.
