En Uruguay funcionan las instituciones, en la Argentina no

Siguen apareciendo en medios y redes sociales comparaciones entre dos naciones hermanas, separadas por un río y un importante conjunto de normas y costumbres que parecen similares, pero no lo son.

Se destaca como el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, durante la pandemia, y en su proyección postpandemia, pretende que la actividad privada sea el motor que ponga en marcha la economía, promueva el empleo y mejore las condiciones socioeconómicas en Uruguay. Y muchos argentinos, tal vez la mitad, piensan que esto significa neoliberalismo insensible, ausencia total del Estado y brindar ventajas al empresariado en detrimento de los sectores asalariados. Otra cantidad de argentinos, tal vez la mitad, piensa que esto significa apoyo a un crecimiento económico genuino, donde predomine el desarrollo de una economía real, y la actividad privada sea la promotora de generación de trabajo e inclusión, en lugar de caer una y otra vez en la sobrecarga de empleo público, déficit fiscal, inflación y endeudamiento externo.

El modelo económico que elige seguir el gobierno uruguayo (conformado por la que se dio en llamar la Coalición Multicolor constituida por cinco fuerzas partidarias), que hoy se manifiesta bien diferente al que pretende seguir el gobierno argentino de Alberto Fernández (del Frente de Todos), que aspira a que un Estado intervenga en infinidad de planos en la vida de los argentinos y que el empresariado se sacrifique más de lo que se beneficia, coloca de relieve una diferencia coyuntural, pero no destaca la más relevante diferencia entre ambas naciones, de carácter estructural.

La substancial diferencia entre Uruguay y la Argentina es que en el primero las instituciones funcionan

Mayor presencia del mercado o mayor intervención del Estado pueden generar diferentes efectos en términos económicos y sociales. Sin embargo, cualquier modelo puede fracasar o ser exitoso, dependiendo del contexto particular en que se implemente la serie de medidas que se pretende instrumentar. Por otra parte, un modelo que coloque en un lugar relevante al mercado no siempre reduce totalmente la presencia estatal, y viceversa.

La substancial diferencia entre Uruguay y la Argentina es que en el primero las instituciones funcionan, oficialismo y oposición riñen fuerte durante una campaña electoral para luego transformarse en meros adversarios políticos que aspiran a que los consensos superen a los conflictos; la sociedad uruguaya tiene voz y puede ejercer aquello que O´Donnell acuñó brillantemente como accountability, esa suerte de control ciudadano omnipresente que limita con frecuencia el poder discrecional de los gobiernos. La Constitución en Uruguay se respeta; las decisiones se toman en conjunto entre un poder que debate y sanciona leyes, otro que dirige y las ejecuta, y otro que además de administrar justicia ejerce un control sobre ambos poderes políticos del Estado.

En Uruguay, en medio de una exitosa gestión del presidente Lacalle Pou en su batalla contra el coronavirus, el expresidente, líder del partido opositor Frente Amplio, Tabaré Vázquez (de profesión médico oncólogo) elaboró un extenso documento en el cual destacaba puntos importantes a considerar en un contexto de pandemia. Frente a esta particular situación, el presidente uruguayo decidió no solo responderle al expresidente, sino visitarlo personalmente en su domicilio para poder discutir y acordar numerosos puntos tratados en el documento citado.

En Uruguay debían celebrarse elecciones departamentales y municipales (el equivalente a las provinciales y municipales argentinas) en mayo de 2020, y producto de la pandemia por coronavirus debió discutirse sobre la postergación de dichos comicios. Así, al poco tiempo de arribado el virus a Uruguay y de declarada la emergencia sanitaria por parte del presidente Lacalle Pou, el 8 de abril de 2020 ambas cámaras legislativas sancionaron una ley que facultó a la Corte Electoral la prórroga para dichas elecciones y por única vez. De tal modo, los legisladores uruguayos dispusieron que en lugar de celebrarse los comicios el 10 mayo de 2020 éstos debían realizarse en una fecha que no exceda al 4 de octubre del mismo año. En este marco, los ministros de la Corte Electoral votaron por unanimidad y determinaron la fecha definitiva de las elecciones subnacionales en Uruguay para el 27 de septiembre próximo.

Sintetizando, en Uruguay se reúnen el presidente actual con el expresidente (opositor), para acordar como seguir trabajando frente a un virus que viene controlándose de modo exitoso pero que sigue ocupando la agenda de temas prioritarios en el país. Y en Uruguay el Congreso sesionó organizadamente en medio de la pandemia, y acordó con formidable consenso y junto a la Corte Electoral que se prorroguen los comicios para las elecciones departamentales y municipales, con todos los cuidados y protocolos necesarios.

Mientras tanto, en la Argentina, el presidente Alberto Fernández y el expresidente Mauricio Macri riñen y se agreden deshonrosamente por twitter con injurias de todo calibre, más sutiles o más violentas, pero siempre promoviendo que la Argentina partida se parta cada vez más.

Por otro lado, el Congreso de la Nación Argentina, en formato virtual dispuso desde el 27 de agosto debatir la reforma tal vez más trascendental de las últimas décadas: la de la Justicia, que requiere de un debate profundo, un tratamiento notable y no precipitado, y que ya logró en tiempo récord media sanción en el Senado, donde el oficialismo es mayoría. Dicho proyecto prevé la creación de unos 1740 cargos para nuevos magistrados, lo cual significa contar con una partida presupuestaria de enorme envergadura. Y en la misma noche que se sesionó, bajo un trámite legislativo absolutamente desprolijo, el proyecto sufrió modificaciones en el mismo recinto del Senado (así, en tan solo minutos, un grupo de funcionarios oficialistas decidió modificar la reforma y crear 361 cargos más para jueces, defensores y fiscales en todo el país). Varios de los legisladores opositores presentes se enteraron de la repentina decisión de esta modificación en medio de la votación. Los mal pensados suponemos que este agregado de último momento impulsado por el oficialismo, que implica mayor cantidad de cargos judiciales en las diferentes provincias, responde a la necesidad de lograr el apoyo necesario de diputados opositores (que son mayoría en el Congreso), que con estas modificaciones pueden sentirse "seducidos" si sus provincias reciben beneficios a partir de este importante incremento de puestos judiciales. En este estado de situación, vale recordar que la actual vicepresidenta argentina se encuentra procesada en varias causas penales como expresidenta, y necesita con urgencia un cambio en la estructura del fuero penal.

¿Se entiende que más allá de un modelo que pondere más al mercado o al Estado, aquello que diferencia patentemente a ambas naciones es que en Uruguay funciona una verdadera república y el vale todo no vale?

Politóloga y profesora (UBA)