¿Es realmente alta la presión impositiva en Argentina?

Cuando escuchamos el debate público es algo desconcertante encontrar opiniones tan diversas sobre los impuestos en Argentina. Según algunos, tenemos el país con mayor presión impositiva del mundo, mientras que según otros la presión no es tan alta y aún está lejos de la de los países desarrollados. Como se trata de un dato que debería ser objetivo, sorprende que se puedan dar afirmaciones tan disímiles. Estamos dejando por fuera, evidentemente, la hipótesis de que algunos tergiversan la información y la comunican erróneamente movidos por intereses personales o ideológicos y no pensando en mejorar el entendimiento colectivo. Vamos a analizar las diferentes perspectivas para contestar la pregunta inicial.

En primer lugar, los impuestos (a los ingresos, a las transacciones o al patrimonio) buscan financiar el gasto público (consumo, inversión, transferencias o servicios de la deuda pública). En segundo lugar, es frecuente que la recaudación sea insuficiente para financiar el gasto, lo cual da lugar al déficit primario. El déficit puede financiarse con deuda (es decir, pagando más impuestos en el futuro), con emisión monetaria, con la venta de reservas o con la liquidación de activos públicos. Por lo tanto, la cuestión sobre la presión impositiva tiene que ver con el tamaño del Estado, medido normalmente como el gasto público en relación al PBI. En la Argentina, la suma del gasto consolidado (nación, provincias y municipios) en la actualidad es superior al 45% del PIB según datos oficiales. La tendencia en las últimas décadas ha sido creciente: 29% en 1980, 30% en 1990, 34% en 2000, 38% en 2010 y 47% en 2020 (43% en 2019, antes de la pandemia).

¿Cómo está Argentina en comparación con otros países? En 2021, y según información del FMI, el gasto público en nuestro país estaba unos pocos puntos por debajo de países como Alemania, Dinamarca, Francia e Italia, pero en un valor similar al de Australia, Estados Unidos, Israel y Nueva Zelanda. En relación a otros países de la región, el gasto público en Argentina es el más alto (si se incluye también el Caribe, entonces es el segundo, después de Dominica). Luego están Brasil, Ecuador y Colombia. Esto es, al margen de la presión impositiva real, el gasto a financiar nos ubica por encima de países de ingresos medios y a la altura de varios países de ingresos altos.

Ahora bien, la recaudación del estado argentino via impuestos es claramente menor que el tamaño de lo que necesita financiar. La presión impositiva en Argentina (34% del PIB en 2022 según el FMI) está bastante por debajo de países como Suecia (49%), Italia (48%) o Alemania (46%), pero se encuentra casi al mismo nivel del Reino Unido (37%), Japón (35%) y Australia (35%). En Sudamérica es la segunda después de Ecuador (36%). Luego están Brasil (32%), Colombia (29%) y Uruguay (27%). Pero, y hay un gran pero, la diferencia de largo plazo entre la recaudación impositiva y el gasto se financia con emisión monetaria, es decir, con el impuesto inflacionario. Se trata de un impuesto brutalmente regresivo, que afecta más de 20 veces más al quintil inferior de la población (los más pobres) que al superior (los más ricos). Por lo tanto, decir que Argentina no tiene una presión impositiva tan alta basándose sólo en la recaudación de impuestos formales es altamente engañoso.

Desde el punto de vista de la estructura de la presión tributaria, Argentina tiene particularidades donde marcha a la cabeza del mundo: la cantidad de impuestos y el hecho de que se intentan cobrar esencialmente a la empresa. Decimos “se intentan”, porque si lo lograsen no habría sector privado, pero el diseño teórico de presión impositiva sobre las empresas es casi la más alta del mundo, llegando a superar el 100% de la rentabilidad teórica (estimaciones del Banco Mundial). Ahora bien: ¿cuánto pagan las empresas realmente? Este cálculo tiene tres elementos críticos: la elusión, la evasión y las transferencias que reciben las empresas, en muchos casos a través de regímenes especiales. Todo esto hace que el número efectivo sea, en cierto modo, desconocido. Hay, de hecho, cerca de 170 impuestos que pueden afectar a una empresa. Pero ninguna empresa está afectada por todos y dependerá de su jurisdicción, cambiando según se trate de una empresa metalmecánica en Quilmes o de un restaurante en Villa María.

Finalmente, hay otro elemento que es importante incorporar al debate: la relación entre el gasto público a financiar y la economía informal. La economía en negro incluye todas aquellas actividades “ocultas” a las autoridades por razones monetarias, regulatorias o institucionales, y las mediciones más conservadoras indican que en Argentina equivale a un 25% del PIB. En Brasil es el 35%, en Colombia y México el 30%, y en Chile el 15%. En Australia, Dinamarca, Francia y Nueva Zelanda representa sólo 10% del PIB. Pero cuando el análisis se centra en la informalidad laboral los números son muy superiores y alcanzan el 46% en Argentina (47% en Brasil, 62% en Colombia y 70% en Perú). De este modo, la presión impositiva sobre el sector formal de la economía en la Argentina termina siendo muy superior al de cualquier país desarrollado.

Argentina tiene, en última instancia, un nivel de gasto público similar al de países desarrollados, pero con el doble o triple de informalidad en relación al tamaño de la economía. Si la informalidad se mantiene constante a lo largo del tiempo (o, peor aún, si aumenta) y la economía crece poco o nada (tomando como “proxy” la evolución del Estimador Mensual de Actividad Económica, en Argentina el valor del PIB en 2022 habría superado el valor de 2011 por sólo un 2% y habría sido casi idéntico al de 2013), entonces el sostenimiento del gasto público termina dependiendo casi exclusivamente de quienes pagan honestamente sus impuestos, una mochila demasiado pesada y difícilmente sostenible a mediano y largo plazo. No sorprende quela Argentina tenga de las tasas de crecimiento por habitante más bajas del mundo si tomamos los últimos 50 años.

¿Cómo se resuelve esta situación? En primer lugar, con una reforma del tamaño del estado que lo ubique en niveles parecidos a los de economías de ingresos medios. Segundo, con una reforma impositiva que simplifique su estructura a tres o cuatro impuestos. Tercero, llevando le presión impositiva teórica sobre la empresa a valores sustancialmente menores, evitando impuestos sobre las transacciones y aumentando la eficiencia de la recaudación del impuesto a las ganancias. Por último, estableciendo mecanismos institucionales que pongan el foco en una política fiscal contracíclica: más gasto público en una recesión (cuando el sector privado no gasta) y menos cuando el ciclo económico muestra un proceso de crecimiento vigoroso y bien fundamentado.

Pussetto, profesor de Economía, IAE Business School; Vassolo, profesor del IAE Business School, Universidad Austral