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Gobernar sin el Congreso: debilitar las reglas del juego democrático como estrategia política
El presidente inauguró el sábado pasado el período de sesiones ordinarias 2025 en el Congreso con un discurso en el que repasó lo que consideró los logros de su primer año de gestión. Destacó la baja de la inflación, pero no se limitó a la economía: también destinó una parte de su intervención a cuestiones institucionales. Hacia el final de su mensaje, y luego de anunciar que enviará al Legislativo el nuevo acuerdo con el FMI para su discusión parlamentaria -algo establecido por la ley 27.612 - el Presidente afirmó: “si este Congreso eligiera no acompañar de forma mayoritaria al gobierno nacional en esta propuesta (...), lo vamos a hacer solos, lo vamos a hacer a nuestra manera”.
Esta falta de disposición a respetar las reglas de juego de la democracia constitucional se vio reflejada la semana pasada con el nombramiento en comisión de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema por decreto. La decisión fue calificada por diversas organizaciones de la sociedad civil como “un avance indebido del presidente sobre el Poder Legislativo, una grave afectación a la independencia judicial y una palmaria ofensa al deber de garantizar la igualdad de género en el máximo tribunal”.
Sin embargo, no fue el único proceso en el que se impulsaron medidas para reforzar la posición del Poder Ejecutivo y/o debilitar a quienes se oponen o intentan ejercer control sobre él.
El hecho de que el Ejecutivo gobierne sin presupuesto aprobado por segundo año consecutivo podría ser señal tanto o más profunda de la pérdida de relevancia del rol del Congreso. La prórroga presupuestaria no es solo una cuestión administrativa: es la consolidación de un modelo en el que el Gobierno maneja los recursos públicos sin necesidad de debatirlo con el Poder Legislativo, es decir, prescinde de este poder del Estado y decide de manera unilateral cómo utilizar los gastos públicos, dónde recortarlos y a quiénes.
El presupuesto es mucho más que una cuestión técnica: es el reflejo de las prioridades de un gobierno y, sobre todo, de la calidad de la democracia. Su debate en el Congreso permite fijar reglas, dar previsibilidad y asegurar que el Ejecutivo no maneje las cuentas del país a su sola voluntad. Su discusión en el Congreso es una pieza clave de la democracia, ya que permite que el Legislativo tenga un rol central en la definición del destino de los fondos públicos. Sin embargo, el año pasado el Gobierno decidió no incluir el debate en las sesiones extraordinarias del Congreso. En los hechos, esto aumenta notablemente los niveles de discrecionalidad pre existentes en el manejo de los recursos públicos y deja al Congreso en un rol meramente testimonial.
La prórroga presupuestaria es un mecanismo de uso excepcional, pensado para garantizar la continuidad del Estado cuando no se logra aprobar un nuevo presupuesto a tiempo. En la Argentina, sin embargo, se ha convertido en una herramienta recurrente que le permite al Ejecutivo esquivar el control legislativo. En los últimos 15 años se aplicó en cinco ocasiones, rompiendo con la lógica de la excepcionalidad y consolidando un modelo de hiperpresidencialismo. Este año será la primera vez desde el retorno de la democracia en que tendremos un presupuesto prorrogado por segundo año consecutivo.
Es fundamental contar con un presupuesto que surja de un proceso de deliberación democrática genuino, con reglas claras que limiten la discrecionalidad del Ejecutivo en el manejo de los recursos públicos. Limitar los efectos de las prórrogas y restringir el uso de decretos en materia presupuestaria son medidas claves para evitar que el Congreso quede definitivamente relegado a un rol testimonial. Si la Argentina quiere fortalecer su democracia, no debe seguir debilitando sus instituciones.
En un sistema democrático, la fortaleza de las instituciones radica en su capacidad para equilibrar el poder y limitar la discrecionalidad del Ejecutivo. Cuando las instituciones son ignoradas, se naturaliza la desobediencia de las reglas. La consecuencia de esto es un país en el que las autoridades pueden tomar decisiones sin límites, sin controles y sin necesidad de construir acuerdos.
Integrantes del Programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
