Hay que fortalecer al jefe de los fiscales, no debilitarlo

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30 de agosto de 2020  • 04:23

El Procurador General de la Nación es un puesto clave para el sistema judicial. Es el jefe de los fiscales federales de todo el país y tiene la enorme responsabilidad de llevar adelante la puesta en funcionamiento de un nuevo modelo de justicia penal, el acusatorio. Este esquema transfiere a los fiscales la tarea exclusiva de investigar los delitos, a la vez que limita el poder de los jueces, quienes solo podrán evaluar los casos que les presenten las fiscalías. Salta y Jujuy ya han comenzado con este sistema.

El debate sobre la reforma judicial es una oportunidad para discutir el perfil del jefe de los fiscales. Es prioritario exigirle un alto compromiso personal y profesional para enfrentar la criminalidad organizada. La corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, los delitos contra el orden económico y financiero, el contrabando, la evasión tributaria, el lavado de dinero, el régimen penal empresario y la protección del medio ambiente, son los puntos claves de la justicia penal federal en el escenario actual. Sus instrucciones para enfrentar tales delitos marcan los lineamientos de actuación para el resto de los fiscales, de allí la importancia de su función.

No debería ser un cargo vitalicio, pues requiere de una sana rotación. Podría pensarse en un ciclo de seis años para independizar su nombramiento del proceso electoral. Su remoción por juicio político exige una mayoría del Congreso de la Nación de dos tercios de los miembros presentes. Esto busca asegurar su estabilidad y es una exigencia que debe mantenerse. También parece razonable exigirle especial formación en derecho penal y acreditar experiencia como fiscal.

Se espera de los fiscales un deber de objetividad que surge del respeto pleno por la aplicación de la ley, sin ideologías ni militancia partidaria que les impida cumplir su rol institucional. La Constitución Nacional les fija como objetivo principal de su actuación la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad. En la práctica judicial su misión es esencial cuando apelan ante instancias superiores las decisiones que cierran casos de corrupción. Sin esas apelaciones, las investigaciones no pueden volver a abrirse.

También es esperable cierta coherencia en la intervención de los fiscales. El fiscal que inicia una investigación debería seguir al frente de ella en todas las instancias, hasta su finalización. Esto permitiría también agilizar el tiempo de los procesos.

Lamentablemente, la debilidad de nuestras instituciones cobró notoriedad en las últimas semanas con los pedidos de destitución del actual funcionario a cargo de la Procuración General, el doctor Eduardo Casal, cuyo nombramiento interino, tras la renuncia de su antecesora, fue de conformidad con los requisitos de la legislación vigente: desempeñarse como fiscal adjunto ante la Corte y tener la mayor antigüedad en tal posición. Frente al texto claro de la ley queda al descubierto la intención de la política por debilitar un puesto clave de la justicia en lugar de buscar su fortalecimiento. Sin el exigible respeto por el marco institucional, toda reforma judicial pierde legitimidad desde su origen. La defensa de nuestras instituciones no es otra cosa que la defensa misma de nuestra democracia.

Profesor de Derecho procesal penal de la Universidad Austral y miembro de Fores

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