Julieta Lemaitre Ripoll. "En América Latina el acceso al Estado es un privilegio de clase"

La abogada colombiana, que trabaja en los juicios ligados al conflicto armado que arrasó su país, dice que hay que dar respuestas a las víctimas de una sociedad rota por la violencia y el narcotráfico
Astrid Pikielny
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16 de junio de 2019  

La abogada colombiana Julieta Lemaitre Ripoll
La abogada colombiana Julieta Lemaitre Ripoll Crédito: DIEGO SPIVACOW/AFV

Más de ocho millones de víctimas. Más de un millón de familias desplazadas. Esas son las cifras que dejó la guerra que enfrentó al Ejército colombiano, los paramilitares y la guerrilla de las FARC desde fines de la década de 1990 hasta hace pocos años. Tras esos números se esconden historias de huida, migración y reconstrucción, historias cotidianas de reinvención, historias de aquellos que sobreviven entre el abandono del Estado y la presencia capilar de poderes informales e ilegales.

Estas son las vidas que la abogada e investigadora colombiana Julieta Lemaitre Ripoll cuenta, como una etnógrafa, en El Estado siempre llega tarde (Siglo XXI Editores). "Cuando sales huyendo de una guerra necesitas comer, necesitas encontrar un sitio donde vivir, necesitas mantenerlo limpio, cuidar a los enfermos, enterrar a los muertos. Son labores tradicionalmente femeninas, pero también encontramos hombres que las habían hecho. Una entrevista que me ayudó a pensar este problema fue con un líder comunitario que había quedado viudo, a cargo de cuatro niñas. Cuando lo vi ya no era líder comunitario, era el conductor de un camión municipal. Me dijo que había optado por el camión porque el trabajo comunitario, que ?nunca se acaba y nadie agradece', es puro trabajo de mujeres", cuenta Lemaitre. Y se pregunta, a lo largo del libro, cuál es el lugar del Estado en los procesos de reconstrucción moral y material después de un conflicto armado, y cómo conviven los sobrevivientes y desplazados con "los poderes a la sombra" que todavía controlan la economía informal y la violencia.

Después de treinta años dedicada a la academia, la docencia y la investigación, en 2018 Lemaitre asumió como magistrada en la Sala de Reconocimiento de la Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especialmente creado en el reciente Acuerdo de Paz de Colombia, que juzga los delitos cometidos por los agentes estatales y los grupos guerrilleros. "Estamos explorando el camino de la justicia restaurativa, que haya algún castigo que brinde satisfacción a las víctimas", explica.

Abogada de la Universidad de los Andes, maestra en Religión y Género, doctora en Derecho por la Universidad de Harvard y autora de varios libros, Julieta Lemaitre hizo su tesis doctoral sobre la coexistencia en Colombia entre el derecho y la violencia.

Usted integra un tribunal especialmente creado para esta transición para la paz. ¿Cómo funciona y qué dirime?

El tribunal se creó en 2016 a raíz del acuerdo de paz con las FARC, para juzgar los crímenes cometidos por ambas partes del conflicto. Quizás la innovación más grande es que por primera vez se juzgan tanto a la antigua guerrilla como a los agentes del Estado. El tribunal administra beneficios porque otorga a cambio de verdad no solamente una pena muy reducida, sino también penas que no son de cárcel. En ese sentido, se están explorando caminos de justicia restaurativa en crímenes de guerra, y el único precedente que se viene a la mente son las Cortes de Gacaca en Ruanda. Lo que hace la justicia transicional es legitimar al Estado al llevarlo a personas que fueron abandonadas y traicionadas por ese Estado y decirles "miren, aquí vamos a hacer justicia sobre lo que pasó".

Hay una larga experiencia internacional en juzgar crímenes de guerra y cada país construyó un modelo propio de Justicia. ¿Cómo llegaron a esta modalidad?

Es producto de una negociación de cuatro años. El punto de justicia transicional no lo negociaron quienes negociaron los otros puntos del acuerdo. Era tan contencioso que los que venían haciéndolo se desgastaron y parecía que no iba a haber Acuerdo de Paz. Entonces, tanto el presidente como el comandante supremo de la guerrilla nombraron negociadores alternos que definieron cuáles eran sus inamovibles. Para la guerrilla, un punto era que ellos no iban a entregar las armas para ir a la cárcel. Y para el gobierno, era inamovible que hubiera algún castigo por los crímenes cometidos. Tanto el Tribunal Europeo como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que no se pueden dar amnistías por crímenes de lesa humanidad, y Colombia es firmante del Estatuto de Roma. En ese contexto, al Estado colombiano le parecía que no penalizar era violar sus compromisos internacionales. Y negociaron un sistema de justicia transicional en el que si ellos aportan a la verdad y reconocen el daño que causaron, entonces hay un castigo que no es de cárcel, lo cual cumplía con ambas partes. Y el vocabulario que se encontró para esto es el de la justicia restaurativa, que haya algún tipo de castigo que brinde satisfacción a las víctimas.

¿Un ejemplo?

Un grupo de víctimas, que son los hijos de los diputados departamentales que fueron asesinados por las FARC, ha pedido que los antiguos guerrilleros con sus propias manos construyan una escuela y que la escuela lleve el nombre de los 12 diputados. Se establecieron penas que de alguna manera satisfagan a las víctimas y que les puedan servir a los antiguos guerrilleros como una entrada al Estado. Se trata de pensar cómo se reincorporan a la sociedad.

¿Se acepta que los delitos cometidos por las FARC son delitos de lesa humanidad?

Para decir que hay un conflicto armado interno, se entiende que la insurgencia debe tener estatus de beligerancia: una cadena jerárquica de mando, algún tipo de control territorial [características similares a las de un ejército regular]; y las FARC tuvieron todo eso. Hasta las grandes ONG de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, dirigieron sus informes contra las FARC, entendiendo que era un actor que incumplía los estándares de respeto por los derechos humanos.

¿Qué esperan de la ley los sobrevivientes del conflicto colombiano?

No tienen una voz unificada, depende de la naturaleza de su victimización y también de procesos muy íntimos. En los municipios más victimizados por la guerra, las votaciones a favor del Acuerdo de Paz fueron del 80%. En las grandes ciudades que no habían sido tan victimizadas, las votaciones no fueron así. Entonces, si uno tomara eso como un dato, diría que lo que quieren las víctimas es el acuerdo de paz. Hay héroes morales que cuando hablas con ellos son inspiradores por su capacidad de perdón, pero también hay víctimas visibles que se oponen a la paz. Hay de todo. Y lo que dicen los que se oponen es que lo hacen porque la cuota de justicia sacrificada fue demasiado alta y piensan que los insurgentes deberían ir a la cárcel. Además, se oponen a que el tribunal juzgue también a los agentes del Estado, diciendo que esto debería ser solo para la insurgencia, que la insurgencia debería haber pagado cárcel por sus crímenes, que no deberían tener representación política como la tienen y que la representatividad política debería ser posterior a la cárcel. Esa era la propuesta del "no" [en el plebiscito por los Acuerdos de Paz, en 2016].

En el libro habla del millón de familias desplazadas por la guerra, la huida y la reconstrucción. ¿Qué es lo que más le impactó?

Entender qué es lo que le importa a la gente, cómo reconstruyen su vida cotidiana después de lo que pasaron, los pequeños momentos, qué pasa antes y qué pasa después, y no los grandes hechos violentos o las masacres. Las personas con las que hablamos, sobre todo mujeres, valoraban cosas que inicialmente para mí eran enigmas. Una mujer con la que hablé, a cuyo hijo lo habían secuestrado los paramilitares, lo habían matado y tirado a un río, no hablaba de su hijo desaparecido sino de que ella había llegado con la niña pequeña y que no había podido traerle la cobijita y la almohadita, todo eso que es importante para los niños. Y lo contaba muy angustiada. También me hablaba de cómo reconstruían su vida en los lugares a los que llegaban, y no de su hijo desaparecido.

¿Y cómo era ese proceso?

Quizás lo que más me costó fue entender la coexistencia entre el Estado y los poderes locales que actúan en las sombras y que tienen mucha similitud con el funcionamiento de la mafia en Italia; no son propiamente los mundos salvajes de la guerra. Me di cuenta de que las personas que huían no tienen los recursos para acceder al Estado en pleno. En gran medida, en América Latina el acceso al Estado es un privilegio de clase. Ahí entendí que la vida de las víctimas tiene mucho que ver con la reconstrucción de la vida cotidiana después de la guerra. Por eso el Estado siempre llega tarde; la gente ha hecho cosas, ha salido adelante, tiene líderes. Hay gente que no lo logra y fracasa, pero hay mucha gente que lo que necesita es una colaboración. Eso explica mucho el poder de estos actores en las sombras y la gratitud hacia los actores ilegales que colaboran en momentos de crisis.

¿Qué otras heridas dejó el conflicto colombiano?

Un problema que realmente no parece tener solución a la vista es el tema de la cocaína, la ilegalidad y la prohibición. La prohibición del alcohol en Estados Unidos casi acaba con el Estado estadounidense, y nosotros tenemos 40 años de prohibición. Es un mercado enormemente lucrativo, que tiene que ver con una demanda internacional muy robusta de un producto que es muy fácil de producir y transportar. No hay ningún producto agrícola que dé los réditos que da la coca, y es casi un milagro que Colombia no haya caído en el Estado fallido y en el caos total siendo que la coca es una planta milenaria desarrollada por los indígenas, extremadamente fácil de cultivar, que incluso tiene su propio insecticida natural. Con la prohibición, el Estado colombiano se ha privado de regular un mundo social muy grande, muy vigoroso, que mueve mucho dinero.

¿Cómo impacta la migración venezolana en Colombia? ¿En qué medida son procesos comparables?

Nosotros tenemos más de un millón de venezolanos y hasta ahora se han integrado sin mayor conflictividad. En parte porque somos muy parecidos a los venezolanos, pero también porque el país ya absorbió una enorme cantidad de migrantes internos. Hay una experiencia, un vocabulario, una forma de hacerlo. En las grandes olas de desplazamiento uno veía en los semáforos a las personas con carteles diciendo "acabo de llegar desplazado de tal parte, por favor ayúdeme". Ahora los carteles dicen "soy venezolano, soy venezolana", se ve gente pidiendo plata, la búsqueda del rebusque. Estamos recibiendo a muchísimos venezolanos que no tienen recursos y vienen a pie: llegan con el cochecito y el niño, cruzando miles de kilómetros; viene la familia con la maleta y el cochecito como si hubieran salido del parque, pero están cruzando el continente. Hay gente común y corriente que se ha organizado para asistirlos y repartir ayuda sin el Estado. La gente común lleva años yendo al borde de la carretera para regalar ropa, por ejemplo. Creo que en parte esa capacidad de solidaridad viene también de toda esta experiencia con las migraciones internas.

¿Qué la dejaría satisfecha respecto de su trabajo en el tribunal?

La pregunta denota una individualidad que no siento. Acá soy solo una parte de algo más grande. Voy a ponerlo en estos términos: los coches han evolucionado, pero cuando yo era chica a veces los coches se varaban y había que empujar. Hace un tiempo, yo sentía que los colombianos estábamos en un bus intermunicipal que se había varado. Ahora siento que me bajé del bus y de pronto arranca, pero no depende de mí, somos muchos empujando el bus.

¿Qué es que "arranque"?

Que se consolide la paz, en el sentido que permita llevar el Estado allí adonde ha estado ausente. Por la geografía -son tres cordilleras, las selvas y la vegetación-, la manera correcta de entender a Colombia son los corredores y los pasos, muchos de ellos dominados por las FARC. Si el Estado colombiano logra ubicarse en esos corredores estratégicos y controlarlos, eso cambia la suerte del país. No va a cambiar el problema de fondo, que es el régimen de prohibición que hace que nunca sea un país en paz, pero el gobierno está de acuerdo en convertir en pueblos esas zonas de concentración de los antiguos guerrilleros. Creo que llevar el Estado, llevar justicia y reincorporar a los guerrilleros sería que el coche arranque.

¿Y si el Estado no logra llegar?

Si el Estado no llega, llegan los cárteles mexicanos.

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