Kicillof va por una reelección sin luz ni agua

Jorge Ferraresi llegó a Edesur con una misión difícil. Lograr que los electores del conurbano perciban antes de las PASO una mejora en el servicio capaz de revertir el malhumor con el gobierno por su interrupción en medio de la histórica ola de calor. Un malestar extensivo a AySA, forzada a suspender el envío de agua potable por su red por los cortes de luz que impidieron bombearla. Debería conseguir para eso que la firma ejecute un plan de inversión inmediato y sin esperar por los efectos de los ajustes de tarifas previstos para abril y junio.

El debate sobre la probabilidad de éxito del intendente de Avellaneda con ese intrincado calendario ayuda a disimular la deficitaria prestación de Aguas Bonaerenses (ABSA), la empresa estatal que controla el gobierno de Axel Kicillof, que este año resolvió financiar sólo la mitad de su déficit operativo de 30 mil millones de pesos. Una posición que anula la posibilidad de mejoras en su infraestructura y limita su actividad al pago de salarios y a mantener buenas relaciones con el sindicato de Obras Sanitarias (Sosba) a través de su secretario general, Daniel Castro.

Castro hizo público esta semana su respaldo a la reelección de Kicillof después de asumir como titular de la CGT- La Plata, Berisso y Ensenada. Los tres partidos más castigados por la suspensión del servicio de ABSA durante las semanas más calurosas de este verano. Una situación que no modificó el mutismo ni los largos períodos de ausencia de su presidente, Roberto Blanco, designado gracias al senador provincial Omar Vivona. Numen insustituible de Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas y ministro de Infraestructura del que depende ABSA,

Tampoco llamó la atención de la Autoridad del Agua (ADA), el ente regulador a cargo de Héctor Olivera. El intendente de Tordillo hace 20 años llegó allí para mejorar su perfil político con la ayuda del diputado provincial Juan de Jesús, encargado de mantener viva la candidatura a gobernador de Martín Insaurralde en la Quinta Sección Electoral desde el Partido de la Costa, que controla con el intendente Cristian Cardozo.

Insaurralde había exigido estatizar Edesur y que la gestionen los intendentes del conurbano, para garantizar la eficacia de su servicio. Olivera recién reaccionó la semana pasada cuando le exigió a Absa que exima del pago de facturas de agua a los damnificados después de una reunión con concejales y legisladores provinciales del Frente de Todos de La Plata. Antes de eso, el gobierno bonaerense le confió a Mario Secco el diseño de la logística para que unos pocos camiones cisternas distribuyeran agua en algunos barrios.

| Junto al de Villa Gesell, Gustavo Barrera, Secco es de los intendentes con línea directa con Kicillof. Secco es anfitrión en Punta Lara de las cenas mensuales que reúne a los ultra K que traman estrategias para persuadir a Cristina de revisar su decisión de no ser candidata. Julio Garro fue envuelto por el mismo manto de silencio oficialista que recién quebró anteayer para anunciar el Observatorio del Agua. Un organismo creado por ordenanza municipal para promover el diálogo sobre cómo distribuir ese fluido.

Hubiese sido sensato saber la opinión de Javier Mor Roig, que representa a Garro en el ADA. Mor Roig es un ex concejal y tiene un rol clave en gestionar su alianza con el radicalismo. Pero más curioso es que Julio Alak no haya aprovechado esta ocasión para pronunciarse sobre la gestión de Garro. El ministro de Justicia bonaerense es promovido para competir por la intendencia por el diputado provincial Carlos “Cuto” Moreno. Alguien de vínculo directo con Kicillof y Cristina Fernández de Kirchner.

Su nombre circuló en la mesa que reunió el jueves pasado en la residencia del gobernador a Kicillof, Cristina y un ilustre visitante: Sergio Massa. Moreno votó la semana pasada con Juntos en la comisión Bicameral de Juicio Político de la Legislatura bonaerense para rechazar que se le solicite el expediente de Claudio Scapolán al tribunal que lo someterá a juicio político el 28 de marzo. Son insistentes las versiones sobre las gestiones que el ministro de Economía y su círculo familiar realizarían para que el juicio se suspenda.

Los diez días hábiles para que la Bicameral intervenga se extinguieron durante los dos años que el oficialismo demoró en constituirla. El plazo previsto por la ley 13.661 no fue un obstáculo para que Juan Archanco efectuara ese pedido por una nota enviada a la titular de la Corte bonaerense, Hilda Kogan, y a la presidente del tribunal que juzga a Scapolán, Ana María Bourimborde. Archanco preside la Bicameral de Juicio Político y representa a La Cámpora en La Plata.

Su entusiasmo habría logrado un contagio casi igual de místico en Ulises “Coco” Jiménez, titular de la comisión de Enjuiciamiento a Magistrados. Jiménez representa a la ortodoxia del peronismo encarnada por los intendentes del conurbano y fue el encargado de cursar las notas que incordiaron a Kogan y Bourimborde. Ese gesto no habría bastado para calmar a la temperamental Malena Galmarini, la encargada de reclamarle a Alak por Moreno. Tal vez por pudor, el ministro de Justicia le habría dicho que no tenía injerencia en la Bicameral. Hubiese sido peor admitir que tampoco lo tiene sobre Moreno.

Nadie sabe con certeza cuánto incide el caso Scapolán en otro que está alimentando su propia controversia. Los diez mil millones de pesos que el Ministerio de Economía comprometió, pero que no giró todavía, para la construcción de cinco alcaldías en La Matanza, Quilmes, Moreno, Merlo y Tigre. A través de la ley 15.208, la Legislatura bonaerense ya expropió las tierras necesarias. En un reel de Instagram, Galmarini se opuso al predio elegido para levantar la de Tigre en la localidad de Dique de Luján.

La titular de AySA aclaró que no está en contra de la alcaidía pero sí de su locación, en medio de un humedal natural. Las 12 hectáreas afectadas a ese proyecto pertenecían a un predio de un total de 72 de la que es propietario Edenor. Es decir, a la sociedad entre Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti. En el mercado energético algunos añaden a la lista el nombre de Ricardo Depresbíteris, dueño de la empresa de recolección de residuos Covelia.

Probablemente la instalación de una alcaidía para alojar presos y desafectarlos de los calabozos de comisarías le quite a esos terrenos cualquier tipo de atractivo comercial. Galmarini confirmó anteayer que competirá por la intendencia en Tigre. Probablemente contra Julio Zamora. ¿Aceptaría hacerlo en una PASO donde los candidatos a presidente fueran Daniel Scioli y Jorge Capitanich? l embajador en Brasil pondría esa condición para asumir esa responsabilidad. Ser elegido a través de una primaria que lo fortalezca y le permita tener representantes propios en el Congreso. Lo confirmaría cuando Alberto Fernández efectúe el anuncio más previsible de su gobierno: que no será candidato a presidente. Scioli viajó ayer con Alberto Pérez a Villa María, Córdoba, para reunirse con el intendente kirchnerista Martín Gil. Hasta dos semanas atrás un entusiasta adherente, y defensor, de la candidatura presidencial de Massa.

Antes de partir, Pérez recibió a delegados regionales de la UOM, Smata y el sindicato de Comercio, que urgen a esos denominados Gordos a definir con rapidez alguien que pueda suceder a Fernández. De a poco, el oficialismo se está convenciendo de la verosimilitud de una frase de Massa que puede hacer historia. La incompatibilidad entre ser ministro de Economía y candidato a presidente. Y la razón, quizás, por la que Kicillof vaya a una relección sin luz ni agua.