La Corte Suprema no se toca

El Presidente de la Nación anunció públicamente su decisión de someter a estudio de una comisión de expertos la eventual ampliación del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la reforma de su funcionamiento. No podemos más que ver con preocupación ese anuncio.

Por un lado, la ampliación anunciada –contradicha, al menos en lo verbal, por el propio Presidente- no aparece como justificada sino como inconveniente y hasta peligrosa. Por el otro, las versiones acerca de la integración de la comisión están lejos de servir para disipar esas preocupaciones.

No debemos olvidar la importancia de la función institucional del alto tribunal. Sus misiones son la de consolidar el funcionamiento del estado federal y arbitrar las relaciones entre la Nación y las provincias (artículo 31 de la Constitución nacional), y la de convertirse en último guardián interno de las garantías individuales establecidas en la Constitución nacional (artículos 28 y 33).

Toda modificación de la Corte tiene, pues, una importancia institucional superlativa e incide sobre el centro mismo del sistema democrático y de la división de poderes. Todas las alarmas institucionales deben estar activadas al respecto.

Toda modificación de la Corte tiene, pues, una importancia institucional superlativa e incide sobre el centro mismo del sistema democrático y de la división de poderes. Todas las alarmas institucionales deben estar activadas al respecto

Veamos algunas cuestiones. El aumento del número de miembros de la Corte, lejos de favorecer la rápida sustanciación de los procesos, constituye un obstáculo adicional. La sola circunstancia de que una causa deba circular entre un número más grande de jueces (o de despachos, pues la tendencia a desarrollar equipos de trabajo numerosos parece irrefrenable) determina una prolongación en el tiempo y el consiguiente retardo en las sentencias.

Venimos de la experiencia, todavía cercana, de una Corte más numerosa de nueve miembros que resultó frustrante y –aún superadas las críticas originadas en la configuración de una mayoría automática con determinada inspiración política- llevó al Congreso, con el beneplácito de todas las fuerzas políticas, a establecer una reducción del número para llevarlo a su integración histórica. Ese proyecto de reducción fue claramente apoyado –quizá promovido- por el actual Presidente de la Nación, que en ese momento era Jefe de Gabinete de Ministros.

El crecimiento del número de miembros generó además un vicio adicional, que pocas veces se señala: la proliferación de puntos de vista expuestos en las sentencias, en condiciones que dificultan -aún para los expertos- la adecuada comprensión de los fallos.

El cumplimiento de la obligación de exponer con claridad los criterios rectores de la conducta social –fundamental en un alto tribunal- se ha visto dificultado por la existencia de alto número de miembros. Las decisiones de la Corte se han tornado cada día más crípticas y menos inteligibles.

Las reglas vigentes permiten a la Corte disminuir su carga de trabajo liberándose de cuestiones que considere insustanciales y reduciendo su intervención a casos que tengan verdadero interés institucional. Se trata de una decisión que solo depende de la voluntad del Tribunal. No es necesario modificar el número de sus miembros ni alterar sus reglas de funcionamiento para obtener un manejo más dinámico ni para circunscribir su intervención exclusivamente a situaciones que realmente lo requieran.

No es necesario modificar el número de sus miembros ni alterar sus reglas de funcionamiento para obtener un manejo más dinámico ni para circunscribir su intervención exclusivamente a situaciones que realmente lo requieran

Por otra parte, el Presidente ha anunciado la constitución de una comisión de expertos para que lo asesore en la reforma que analizamos. La creación de un órgano de esa clase supone una amplia convocatoria a diversas tendencias académicas y políticas y, sobre todo, un amplio abanico de opiniones a incorporar a un debate técnico.

Los nombres hasta ahora conocidos –más allá de la trascendencia académica que quepa reconocerles - no parece apuntar a la conformación de una comisión de amplio espectro capaz de conducir un fértil intercambio de ideas.

No se conoce todavía con certeza cuál será la integración final, si se concreta. De ella depende el juicio que la opinión pública pueda formarse acerca de los objetivos de la reforma anunciada.

El autor es diputado nacional por la UCR