La crónica ausencia de políticas de Estado en la regulación de las tarifas
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LA NACION
La regulación y el contralor de los servicios públicos debe ser una política de estado con reglas de juego claras, que impidan interpretaciones erróneas e inseguridad jurídica para usuarios y empresas. Por eso los entes responsables de aplicarla, como el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) tienen que ser eficientes, coherentes y respetuosos del espíritu con el que fueron creados. Sin embargo, tal vez por acción, por omisión o por ambas cosas, la ineficiencia e irresponsabilidad se reflejan en la mediocridad del servicio que padecemos. La carencia de esta política de estado nos lleva, indefectiblemente, a estar en las antípodas del bienestar y el progreso que toda nación anhela.
Siendo un joven abogado defendí entre 1993 y 2007 los intereses legales de Edelap, la Distribuidora de Energía Eléctrica de jurisdicción nacional, que se encontraba entonces bajo la regulación del ENRE, pero que desde 2011 está bajo la regulación del OCEBA (Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires), de jurisdicción provincial. Este ilógico cambio traicionó los intereses que tuvo en mira la Ley 15.336 que rigió las relaciones contractuales que abrieron el camino a las inversiones necesarias en el sector, salvaguardando el espíritu de las políticas económicas del presidente Arturo Frondizi.
En aquellos años, las tarifas muchas veces bajaron dado que los contratos de concesión establecían la actualización de acuerdo a los índices americanos del PPI (índice de precios del productor) y CPI (índice de precios del consumidor). Tal actualización jamás mereció crítica de usuario alguno, y al mismo tiempo nuestro país era respetado por inversores extranjeros. Con la salida de la convertibilidad en 2001 sobrevino la crisis, sin embargo las tarifas no se tocaron. Recién en 2005 se hizo la primera audiencia pública para renegociar los contratos de concesión, siendo Edelap SA la primera empresa en renegociar, pasando por el Congreso de la Nación.
Si la tarifa permaneció congelada luego de la salida de la convertibilidad, ¿qué fue lo que resultó afectado? Sin duda la prestación del servicio y la calidad del mismo. ¿Quiénes eran y han sido los responsables de tal debacle? Sin duda los entes de control. Nunca han ejercido las facultades otorgadas, pese a la mayor jerarquía del ENRE frente a los organismos provinciales.
Hoy, al nivel tarifario que nos encontramos deberíamos tener un servicio de excelencia. Pero la suba tarifaria no solo es para mayores ingresos y eliminar los subsidios, sino que apunta a deprimir el consumo y no sobrecargar conductores y transformadores, para evitar así invertir en las sobrecargadas redes. Y desde 2009, obtienen ganancias para mejorar salarios de operarios que son desproporcionados comparados con el resto del mercado laboral.
Se ha permanecido en una actitud pasiva e inerte mientras que las empresas no cumplen con los planes de inversión. Nada se les exige, llegando a un punto tal que se cambie a una distribuidora de durisdicción con el único propósito de mejorar su tarifa. Y en esta acción hay que subrayar que nada justifica que el valor del Kwh sea el doble o el triple para un usuario de una cooperativa provincial que para un usuario de jurisdicción nacional. Esto siempre ha sido francamente violatorio de la más elemental igualdad ante la ley.
En un modelo capitalista como el que muchos creímos haber votado y que cada vez se aleja más del mismo, todo debería propender a que aumente la capacidad de producción, pero sobre todo la de distribución de energía, para atender un consumo de energía que reflejen una mayor producción de fábricas y la iluminación vidrieras y marquesinas de los comercios. O sea a que se produzca, distribuya y se gaste energía porque producir, distribuir y consumir electricidad es sinónimo de progreso. Lo contrario solo nos retrocede a la edad de piedra.
En síntesis, una vez más el Estado a través de los órganos de control y de la secretaria de Energía de la Nación, no cumple con su parte. Porque avala y protege la falta de inversión de las distribuidoras e incentivó a que cada vez se consuma y se produzca menos, atacando directamente las reglas básicas del capitalismo.
Abogado. Ex director titular y de Legales de Edelap SA.
Marcelo Szelagowski
LA NACION
