La democracia argentina se debilita, y debemos salvarla

Ya comenzamos a transitar los primeros días de 2021 y es momento propicio para hacer un balance de lo que nos dejó el año anterior, para tratar así de vislumbrar el futuro. A nivel institucional, el debilitamiento de la democracia republicana es notable. Las recurrentes violaciones a la Constitución, que cual "microgolpes de Estado" la van devaluando progresivamente, han provocado el surgimiento de un nuevo régimen que se ve caracterizado por cuatro ejes fundamentales. Ante todo, la sustitución del presidencialismo por un vicepresidencialismo, en contradicción con el artículo 87 de la Constitución, que expresa que el Poder Ejecutivo de la Nación será desempeñado por un ciudadano con el título de "presidente de la Nación Argentina".

El origen de esta anomalía proviene del modo en que se integró la fórmula presidencial que ganó las elecciones en 2019. Por primera vez en la historia es la autoproclamada candidata a vicepresidenta quien elige a "su presidente" a través de un tuit. Una vez en el poder, Alberto Fernández aparece como un delegado de Cristina, pues en los hechos es ella quien ejerce el Poder Ejecutivo. Así, la vicepresidenta, una funcionaria que para la Constitución no integra el Ejecutivo, cuyo desempeño debe limitarse a presidir el Senado federal y que vota solo en caso de empate, se convierte en la primera mandataria y además captura la Cámara alta del Congreso. En Diputados su hijo preside el bloque del oficialismo. El poder político formal concentrado en una sola mano.

El segundo eje es el "decretismo". Un presidente que gobierna a través de decretos de necesidad y urgencia, sustituyendo al Legislativo cuando se le antoja. El único que cumplió con los requisitos contemplados en el artículo 99, inciso 3°, de la Constitución fue el DNU 257/2020, de marzo. Desde entonces se siguen sumando decenas de decretos, a pesar de que la Constitución le prohíbe al Presidente emitir disposiciones de carácter legislativo sin que se den las circunstancias excepcionales que impiden que el Congreso se reúna. El Presidente ni siquiera ha respetado las materias excluidas, como la penal, nada menos.

El camino hacia la "desconstitucionalización" no termina allí, prosigue con la interferencia insidiosa y permanente en el Poder Judicial. Tanto Alberto como Cristina hacen caso omiso del artículo 109, que expresa que en ningún caso el presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. De manera grosera se ha puesto en marcha un plan destinado a asegurarles impunidad a Cristina, a su familia y a sus adláteres por los graves hechos de corrupción que habrían cometido durante los más de doce años de administraciones K. Se trata de una suerte de "trabajo de zapa" encaminado a destruir pruebas, destituir jueces y fiscales, copar con amigos los órganos de control, etc., junto a un relato mentiroso resumido en la expresión lawfare (guerra judicial). Ello, dado que les resulta imposible presentar pruebas o contraargumentos que les permitan parar los procesos y menos las condenas.

El cuadro se completa con los ataques a la libertad de expresión. Así, el copamiento de numerosos medios que sobreviven gracias a la pauta oficial, verdaderas correas de transmisión de los relatos del régimen, colonizados por periodistas que son panegiristas profesionales del oficialismo. El prestigioso periodista de investigación Daniel Santoro sufrió varios años de procesamiento de parte de un juez de Justicia Legítima que amañó argumentos de modo de llevarlo a las puertas de la cárcel. Afortunadamente, un excelente fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata levantó su procesamiento y acusó al magistrado de una suerte de infantilismo por haber caído en los gravísimos errores en que se basaron sus decisiones, y agregamos: teñidos de mala fe.

Frente a semejante situación la reacción de una buena parte de la sociedad ha sido prácticamente el único contrapeso contra tantos excesos. Los numerosos "banderazos" ocurridos en más de 150 lugares a lo largo y a lo ancho del país han frenado varias iniciativas del Gobierno, como por ejemplo Vicentin, y pararon la liberación de presos. Otras quedaron frenadas en Diputados por no contar con los votos necesarios, como ha sido el caso de la reforma de la Justicia. También permitieron que algunos jueces se animaran a tomar decisiones contrarias a actos de funcionarios del oficialismo. Cabe destacar, en tal sentido, a los magistrados provinciales Lorenzino, Mauricio y Castagno. Asimismo, la declaración de constitucionalidad de la ley del arrepentido decidida por los jueces Barroetaveña y Petrone, de la Cámara Nacional de Casación Penal, que convalidó los testimonios de decenas de colaboradores en la causa de los cuadernos.

Este año tendrán lugar elecciones de medio término para la renovación de un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Será una cita fundamental para conformar los consensos de parte de una sociedad descreída de los políticos, en la que, según todas las encuestas, los poderes del Estado reciben los coeficientes más bajos de confianza. El pronunciamiento de la soberanía del pueblo a través del sufragio marcará el rumbo. La decisión expresará la confianza en el populismo o apostará al equilibrio de poderes, acentuando la presencia opositora en el Congreso. De ello depende el devenir de la República y la vigencia de nuestros derechos fundamentales. ¿Los argentinos queremos ser titulares de derechos o meros súbditos?

En su última carta, junto a declaraciones posteriores, Cristina manifiesta que la democracia constitucional, fruto de las ideas de la Revolución Francesa, es una suerte de fósil pasado de moda. Critica la vejez de las ideas de Montesquieu. Solo una persona con múltiples procesos en su contra y que se siente acorralada puede cometer semejante desatino. A confesión de parte, relevo de prueba, la presidenta de hecho no cree en la República, como queda claro desde sus dichos y desde su participación en la construcción de un feudo que hoy es una pequeña muestra de Venezuela.

En Santa Cruz rige una dictadura sin división de poderes, la gobernadora Kirchner acaba de crear un observatorio de los medios de comunicación; no se sabe muy bien qué es lo que quiere controlar, pues allí ya no quedan periodistas independientes, salvo algún sitio insignificante. Creo que nunca desde 1983 la democracia ha corrido tanto riesgo. Ojalá que los argentinos seamos capaces de salvarla.ß

Profesor Titular y Director de la Carrera de Posgrado de Derecho Constitucional (UBA)