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La lógica perversa del impuesto inflacionario
Días pasados compartí una mesa redonda organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas con la ex presidenta del Banco Central Mercedes Marcó del Pont y el especialista en temas fiscales Jorge Gaggero. Extraño para los tiempos que corren, arribamos a un diagnóstico común: el problema fundamental de la economía argentina es que los argentinos ahorran en dólares. Ésta es, precisamente, la tesis principal de mi último libro. Lamentablemente, los acuerdos terminaron allí. Cada uno esbozó distintas terapias para hacer frente al mal diagnosticado.
Hay algo que es indudable: si existe una inflación anual de, digamos, un 30%, eso significa que un ahorro de 100 pesos a comienzos de año se habrá convertido en 70 a fin de año en términos de poder adquisitivo si se conserva en pesos; esto se evita si se ahorra en dólares. Por tanto, no hay ningún misterio en la propensión de los argentinos a ahorrar en divisas. Sin embargo, los sectores afines al Gobierno sostienen que el ahorro en dólares es una cuestión cultural. ¿Qué quieren decir con esto? Que así como los ciudadanos aceptan pagar el IVA, el impuesto a las ganancias, las retenciones o el impuesto al cheque, no hay razón para que no se avengan a pagar el impuesto inflacionario, que hoy es una de las principales fuentes de financiamiento del descontrolado gasto fiscal. ¿Por qué los argentinos se niegan a pagar el impuesto inflacionario y lo eluden ahorrando en dólares?
Primero, porque la Constitución reserva al Congreso la potestad de crear impuestos. El impuesto inflacionario no ha pasado por el trámite parlamentario y, por tanto, es inconstitucional. Su monto es arbitrario y ni siquiera lo fija el Poder Ejecutivo, sino el Banco Central, que está a cargo de la emisión monetaria. Basta que emita un 35% más de billetes que el año anterior para que la inflación sea de 30% si la economía crece un 5%, por ejemplo.
En segundo término, porque es un impuesto que recae principalmente sobre los pequeños y medianos ahorristas, para quienes la compra de dólares constituye casi la única forma de eludirlo.
En tercer lugar, porque deteriora el tipo de cambio real desalentando las exportaciones -cuyos costos suben más rápido que el tipo de cambio nominal- y fomenta las importaciones; así genera crisis recurrentes del balance de pagos, como la actual.
También, porque se utiliza para financiar un gasto público astronómico de difícil justificación. En ocasión de una visita a Suecia le preguntaba a un colega cómo aceptaban pagar hasta un 50% de impuesto a los ingresos sin protestar. "¿Ve ese hospital? Está dotado de tecnología de punta y ahí me atiendo yo. Sé que mis impuestos sirven para que pueda seguir gozando de esa atención", me dijo. Difícilmente pueda reproducirse ese diálogo en la Argentina.
Luego, porque en la memoria colectiva de los argentinos están grabados a fuego episodios como el Rodrigazo, la hiperinflación, el plan Bonex o el corralito, que licuaron de un día para otro las reservas de aquellos que habían ahorrado en pesos.
Ante estas razones parece difícil lograr el aspirado "cambio cultural". Por eso, la alternativa para quienes lo pregonan es lisa y llanamente imponerlo coercitivamente. Así, en mayo de 2012 se anunció la veda a la compra de divisas con fines de ahorro. El estrepitoso fracaso de la medida -que sólo sirvió para paralizar el mercado inmobiliario de inmuebles usados y generar un mercado paralelo de cambios- obligó a dar marcha atrás y autorizar una dolarización cuotificada a través del llamado "dólar ahorro". Sin embargo, no es de descartar futuros intentos de imponer la pesificación coercitiva por parte de quienes están convencidos de que cuando el cambio cultural no se logra por las buenas debe imponerse por las malas.
Es cierto que el ahorro en dólares es el principal obstáculo al desarrollo económico en nuestro país. Los ahorros que se realizan en la moneda de un país se depositan en el sistema financiero o se invierten en el mercado de capitales y se canalizan para la inversión productiva. Los ahorros en dólares -se guarden en el "colchón" o se giren al exterior- no se canalizan hacia la inversión interna. Y sin inversión no hay crecimiento económico. Pero la pesificación de los ahorros no se consigue por decreto, sino que requiere la inexistencia de la perspectiva de inflación y devaluación de la moneda.
La estabilidad monetaria aparece así como una condición necesaria para el crecimiento económico. Lejos de plantearse como términos alternativos, estabilidad y crecimiento van de la mano. Se necesita estabilidad monetaria para que exista el crédito a 30 años y se multiplique la construcción de viviendas, con el consiguiente impulso a la ocupación de mano de obra. Se necesita estabilidad monetaria para que parte de los más de 10.000 millones de dólares que hoy salen anualmente al exterior queden en el país y contribuyan a su crecimiento. Se necesita estabilidad monetaria para que los más de 200.000 millones de dólares depositados por argentinos en cuentas en el exterior retornen al país y se inviertan productivamente en él.
Pero la estabilidad monetaria requiere que el Estado renuncie a financiarse con el impuesto inflacionario. Ésta es la verdadera disyuntiva hoy: crecimiento o inflación o, más precisamente, crecimiento o estanflación.
El autor, economista, es autor del libro ¡Basta de fracasos!
