La selección de jueces, en crisis

El método de selección de jueces en la Argentina, hace ruido por todas partes, ha sido insuficiente, e ineficiente, tanto en la cobertura de las enormes vacancias existentes para cubrir los cargos de jueces, si no también para cubrir las expectativas sociales y políticas, que motivaron su creación. La Nación, no está exenta de similares críticas, al punto que la Corte Suprema de Justicia cuestiono por inconstitucional la decisión número 183/20, adoptada por el Consejo de la Magistratura por la cual se declaró que el Poder Ejecutivo (Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri, en cada caso), no había completado adecuadamente el procedimiento constitucional para el traslado de los jueces Bertuzzi y Bruglia.

De la cobertura "a dedo" por parte del Ejecutivo nacional y provincial, con acuerdo del Senado, se pasaba a la creación de un órgano independiente que vendría a paliar todos los males que a aquel sistema se le endilgaba, y con razón.

Se intentaba, con la creación de los consejos de las magistraturas, dejar de lado el amiguismo, para dar paso firme en un sistema de selección de jueces que fuera transparente, eficiente, y equilibrado en cuanto a la representatividad de los distintos actores y fuerzas políticas vinculadas al proceso de selección.

Lo cierto es que, el complejo mecanismo ideado para su funcionamiento, la dificultad en arribar a acuerdos, las reformas legales que desequilibraron su composición en favor del estamento político, en desmedro del académico y de los abogados independientes, entre otras tantas cuestiones, generaron en particular en la provincia de Buenos Aires un descrédito mayúsculo, y francamente un letargo en su accionar que ha llevado a dejar sin cubrir más de 400 vacantes en la provincia de Buenos Aires. De hecho, en Catamarca hasta se llegó a suprimir al propio Consejo de la Magistratura, lo que ocasionó un escándalo que se pretendió atenuar por medio de la creación de un mecanismo de selección de jueces que no tiene antecedentes en nuestra legislación.

Está claro que esta ineficiencia sistémica, no puede ser resuelta suficientemente, por medio de un sistema de subrogancias o de "traslados no definitivos", ya que, parafraseando a la propia Corte Suprema, conforma un "sistema de contingencia" (Uriarte) o bien "alternativo o excepcional" (Rosza), que no puede perpetuarse en el tiempo para suplir la demora, o falta de cumplimiento del plazo razonable para cubrir las vacantes a jueces. Además, conforme lo señala la Corte, los jueces subrogantes o trasladados no definitivos, deberán aún en estos casos, contar con la participación de los poderes del Estado convocados constitucionalmente para ello, el Consejo de la Magistratura, el Ejecutivo, y el acuerdo del Senado.

En la provincia de Buenos Aires, la fatiga del órgano encargado de evaluar, y elevar las ternas de jueces al Gobernador, sumado a un régimen legal y reglamentario poco preciso en cuanto a los requerimientos, los protocolos de evaluación de antecedentes, y entrevistas personales, llevaron a que la exgobernadora Vidal impulsara una ley que sancionada, produjo algunos avances en algunas materias, pero también quedo a medio camino en muchas otras. En particular, conllevaba una extensión de plazos del procedimiento de selección, al punto que se calculaba que doblaría o triplicaría incluso la demora en la confección y posterior elevación de las ternas.

Demoras en Buenos Aires

En la provincia existen concursos recién con un trámite inicial, para cubrir más de 400 vacantes, la última votación de ternas asciende a julio de 2019, y el Consejo de la Magistratura, aún más en pandemia, solo sesionó en 2019 en 35 oportunidades, y para el 2020 se prevén 42 sesiones. Los miembros del Consejo de la Magistratura resultan ser jueces, senadores, diputados, abogados, con lo cual deben también dedicarles su tiempo a sus tareas principales, en desmedro de la dedicación que requiere la gran cantidad de vacantes y el atraso significativo en la confección de ternas. La infraestructura y el presupuesto es escaso. Actualmente hay más de 6800 inscriptos, que requerirían más de 100 días hábiles de actividad del Consejo para poder tomar los exámenes pendientes que deben contar con la presencia de los consejeros, al ser en parte orales, todo lo cual resulta de imposible cumplimiento. Los concursos tardan entre dos a tres años de trámite calendario, más lo que tarda la elevación de la terna al Gobernador, y que este eleve al Senado, para que a su vez preste el acuerdo, y posterior jura y designación. Hay casos en los cuales todo este proceso tiene más de siete años, y aún no ha concluido (el caso del contencioso administrativo platense vacante).

Actualmente hay más de 6800 inscriptos, que requerirían más de 100 días hábiles de actividad del Consejo para poder tomar los exámenes pendientes que deben contar con la presencia de los consejeros, al ser en parte orales

Es por esto que, frente a la crítica situación, y en especial a las declaraciones que la Suprema Corte de Justicia Bonaerense efectuara respecto de la grave cantidad de vacantes a cubrir en el poder judicial de la provincia, se proyecta la declaración de emergencia en la cobertura de vacantes por parte del Consejo de la Magistratura provincial, que pretende suspender la ley de Vidal, y volver al viejo sistema, lo cual tampoco conforma una solución, ni una mejora.

El sistema de selección a dedo pareciera estar superado, salvo por la emergencia del funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que deja en evidencia la triste ineficiencia del sistema actual. Debemos comprometernos todos a aportar mancomunadamente al buen funcionamiento del Consejo de la Magistratura, para honrar las buenas intenciones que motivaron su creación, ya que de fracasar, lo someteremos definitivamente, a un espejismo inmerecido.

Director del Instituto de Derecho de Acceso a la Justicia de la AAJC