Las lecciones que nos deja Jujuy

Dos personas estuvieron 50 días presas en Jujuy por usar sus redes sociales. Uno de ellos publicó un tuit en el que decía que “uno de los tekis le enseña a tocar la quena a la mujer del exgobernador” Morales. El otro reposteó en Facebook mensajes sobre esa supuesta infidelidad de Tulia Snopek. Este lunes fueron puestos en libertad, luego de que medios de todo el país se hicieran eco de la tremenda arbitrariedad que tuvo lugar durante los meses de vacaciones y se hicieran oír las voces de juristas y la sociedad civil. Sin embargo, el peligro no cesó.

Este episodio nos deja no solo malas sensaciones sino la manifestación de lo que siguen siendo todavía serias violaciones al Estado de derecho. Ojalá nos deje también algunas lecciones.

Por un lado, aparentemente sigue vigente una orden de detención sobre una tercera persona: una arquitecta de 42 años que habría reproducido los rumores de infidelidad en grupos privados de WhatsApp. Aunque esta orden se suspendiera y fuera reemplazada por normas de conducta que deberá cumplir durante el proceso -como en el caso de los coimputados- la libertad de expresión se ve seriamente conculcada. Porque prohibir “hacer manifestaciones sobre el expediente y sus víctimas”, pretender restringir “la difusión sobre el avance de la causa en los medios de comunicación”, es justamente lo que previenen nuestras libertades constitucionales más antiguas: la libertad de expresión y la libertad de prensa. Al mismo tiempo que se genera, en los que han sufrido en carne propia la prisión o su amenaza cierta y en todo el resto de la ciudadanía, un efecto disuasivo muy fuerte (lo que los juristas llamamos chilling effect o efecto congelante) que actúa como amenaza para quien se atreva en el futuro a manifestar lo que piensa y que no sea del agrado de los poderosos de turno.

Porque hablando de ellos, cabe decir que fue el Poder Judicial el que, además de haber iniciado una causa penal por delitos en los que las conductas muy forzadamente podrían encuadrarse, no se limitó a eso, sino que dispuso la más onerosa de las maneras de encararlo, que es la privación (preventiva) de libertad. Todo huele a detención arbitraria. Es una provincia que ya ha estado en la mira de la Corte Suprema y de organismos internacionales de derechos humanos por detenciones arbitrarias. Es una causa que afecta directa y personalmente a la misma persona: el (ahora ex) gobernador Morales. ¿Qué nos dice esto sobre la independencia de ese Poder Judicial?

Es difícil hablar de Estado de derecho sin libertad de expresión, con incomodidad frente a la prensa libre, con un poder judicial que parece hacer favores personales al poder de turno.

¿Y qué hay de las lecciones? Por un lado, el caso se empezó a encaminar en favor de las víctimas cuando la arbitrariedad de la actuación del Poder Judicial fue visibilizada por los medios, la opinión de juristas y ONG. Esas voces se viralizaron por los mismos canales que habían utilizado los “presuntos autores” de los delitos.

Pero, aunque todo termine “bien” no habremos terminado de aprender la lección si no hay responsabilidades para quienes actuaron así. Si no hay sanciones para ningún funcionario judicial que haya participado en esta persecución a las opiniones disidentes, lamentablemente el efecto congelante de las expresiones se habrá hecho sentir aún en el verano del Noroeste argentino.

Secretario Académico de la Facultad de Derecho y Director de la Diplomatura en Derechos Humanos de la Universidad Austral

Por Ignacio de Casas

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