Las nuevas dudas tras el test positivo del Presidente
El primer mensaje que se preocupó por transmitir Alberto Fernández, luego de que, en la medianoche de ayer, difundiera que tiene coronavirus, fue que “nadie está exento” de contagiarse. Ni siquiera lo está quien se haya aplicado dos dosis de la Sputnik V, como el jefe del Estado. El sorpresivo test positivo del Presidente comprueba que las vacunas no garantizan inmunidad absoluta contra el Covid ni impiden el ingreso del virus al organismo, aunque ayudan a que el virus no se reproduzca rápidamente y a cursar la enfermedad en forma leve o hasta sin síntomas.
Llevado al plano político, el tenor de la comunicación presidencial que advierte sobre la necesidad de extremar los cuidados ante el virus podría ser funcional al criterio de quienes abogan por volver a ampliar las restricciones a la circulación para enfrentar la pandemia. Una decisión tan compleja por su negativo impacto en la ansiada recuperación económica que hoy requeriría de un amplio consenso político.
¿Cuánto podría influir la noticia sobre el Covid presidencial en los planes que rondan las cabezas de dirigentes del oficialismo para modificar el calendario electoral? En sectores de la oposición cunde la desconfianza. Se sospecha que a un gobierno que, con la excusa del Covid, ha conculcado libertades, no le temblará el pulso a la hora de manosear las elecciones con el mismo pretexto de que la salud de los argentinos está primero.
La situación socioeconómica y el desencanto de una porción de votantes del Frente de Todos con el Gobierno encendieron alarmas en el oficialismo de cara a las próximas elecciones.
El espejismo con el que no pocos votantes se ilusionaron imaginando que, en la actual coalición gobernante, iban a poder convivir un ala moderada de perfil socialdemócrata, encabezada por Alberto Fernández, y otra más radicalizada pero acotada, liderada por Cristina Kirchner, acaba de esfumarse. Para la vicepresidenta de la Nación, el primer mandatario no le debe su elección a la ciudadanía, tanto como a ella misma. Alberto Fernández sería, en tal sentido, beneficiario de una suerte de contrato de comodato para instalarse en la Casa Rosada, que se mantendrá vigente solo mientras el Presidente siga las órdenes de su jefa política. Lo más grave no es esta tan particular concepción, sino que el propio jefe del Estado parezca habérsela tomado muy en serio, por lo que la mayoría de sus actos solo van en una dirección: complacer a Cristina.
Los estudios de Synopsis, consultora que dirige Lucas Romero, dan cuenta de que uno de cada cuatro ciudadanos que apoyaron en 2019 la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner afirma que hoy votaría por otra fuerza política. El 63% volvería a votar al Frente de Todos, pero el 24% no. El techo electoral para la coalición gobernante, suponiendo que concurra unida a los próximos comicios, bajaría así del 48,2% de los votos cosechados en 2019 a alrededor del 36%.
La historia política de los últimos 35 años indica que ninguna fuerza que está en el gobierno y que experimenta niveles de inflación y pobreza crecientes, junto a una caída de la actividad económica del 10% en el último año, puede evitar una derrota en las urnas.
Para Cristina Kirchner, el primer mandatario no le debe su elección a la ciudadanía, tanto como a ella misma. Fernández sería, en tal sentido, beneficiario de una suerte de contrato de comodato
Hay, sin embargo, argumentos que invitan a la oposición a no subestimar las chances electorales del oficialismo. El primero es la posibilidad de que, por primera vez desde 2001, el peronismo concurra unido a elecciones parlamentarias, aunque esto aún esté por verse. El segundo es el impacto que la presencia de terceras fuerzas, como las liberales que encabezan José Luis Espert, Javier Milei y Ricardo López Murphy, pueda tener en la atomización del voto opositor.
Un tercer factor que puede favorecer al oficialismo es que en estas elecciones se renovarán las bancas distribuidas en los comicios de 2017, que le dieron un importante triunfo a Cambiemos.
No obstante, tampoco parece sencillo que el oficialismo, aun ganando, pueda alcanzar la mayoría propia de diputados nacionales –hoy tiene 119 y está a diez del quorum propio–, al tiempo que, en el Senado, donde pondrá en juego 15 de sus 41 bancas, podría perder entre dos y tres, según cálculos en los que coinciden fuentes de uno y otro sector. Igualmente, el Frente de Todos seguiría teniendo mayoría propia en la Cámara alta, aunque quedaría más lejos aún de los ansiados dos tercios.
Más allá de estos números, hay coincidencia en que la postergación del proceso electoral le convendría al oficialismo para darle más tiempo a la posibilidad de una recuperación económica y al plan de vacunación. Una eventual suspensión de las primarias abiertas (PASO) sería el escenario soñado para la coalición gobernante, por cuanto esta elección, ideada para la selección de candidatos, podría potenciar a la oposición y representaría una instancia ordenadora a través de la percepción del llamado “voto útil” por una porción de la ciudadanía que desee asestarle una derrota al oficialismo en la elección general. Pero la eliminación de las PASO solo podría llevarse a cabo mediante una ley del Congreso, ya que la Constitución prohíbe expresamente los decretos de necesidad y urgencia en materia electoral.
Es factible que, aun a regañadientes, los legisladores de Juntos por el Cambio se avengan a postergar por un mes los actos electorales nacionales. Esto es, correr las PASO de agosto a septiembre, y las elecciones generales, de octubre a noviembre, atendiendo a las razones de fuerza mayor que esgrime el Gobierno por la segunda ola de Covid. El lógico temor que cunde entre dirigentes opositores es que, llegado septiembre, el nivel de contagios siga en niveles dramáticos y que el oficialismo intente sacar rédito de esa situación, forzando la suspensión definitiva de las PASO o su realización simultánea con la elección general, dando lugar a un verdadero engendro que acabaría en una suerte de ley de lemas.
Dirigentes kirchneristas, como la ministra de Gobierno bonaerense, Teresa García, aseguran que sería una “irresponsabilidad” hacer elecciones en medio de la segunda ola de coronavirus. Tal reflexión conduce a un interrogante: ¿acaso entonces habría que suspender definitivamente las PASO si en septiembre prosigue esa ola?
Durante el año pasado hubo en el mundo innumerables ejemplos de comicios en medio de la pandemia. Pero en la Argentina, el propio Gobierno parece decidido a obstaculizar ciertas facilidades para que se pueda votar. Al menos eso acaba de hacer mediante la derogación del decreto de Mauricio Macri que permitía a los argentinos residentes en el exterior votar por correo postal.
La profunda crisis de significación de la investidura presidencial se pudo apreciar en los últimos días, luego de que el Presidente le concediera una entrevista al comediante Coco Sily, un día después de que este amenazara con “cagar a trompadas” al diputado Fernando Iglesias. La legitimación indirecta de la violencia ya había sido aplicada por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, cuando justificó la agresión de activistas sindicales contra un jubilado que se manifestaba durante la marcha del #27F en cercanías de la quinta de Olivos.
El flamante nombramiento como segunda de Carla Vizzotti en el Ministerio de Salud de Verónica Di Cristófaro, allegada a Cristina y Alicia Kirchner y directora del hospital de El Calafate que, días atrás, fue noticia por recibir dosis de la vacuna rusa fuera de protocolo, también pareció un contrasentido. Se trata de otro avance de la vicepresidenta y una nueva provocación al sentido común por parte del Presidente, quien parece disfrutar de sus actos supuestamente transgresores, orientados a complacer a su jefa política, aunque denoten el debilitamiento de su autoridad.
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