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Ley Penal Juvenil: hagamos un trato
¿Desde qué edad una persona tiene la capacidad de valorar su propia conducta? Un psicólogo diría que depende del nivel de abstracción del acto a realizar. Cuanto más abstracta deba ser la disquisición moral, la valoración dependerá en mayor grado de la cultura, de la edad y de una larga serie de circunstancias. Pero hay algo que está claro, sin duda alguna, para todos. Cualquier niño de siete años o menos sabe que matar o herir a una persona es algo malo. Desde la misma edad existe un juicio negativo sobre el robo o la mentira. Puede ser que, en este último caso, si un niño escucha mentir permanentemente a los padres, demore un poco más en adquirir una conciencia negativa respecto de la mentira. Pero hasta ahí llegamos. Los actos más dañosos respecto del prójimo se comprenden en su inmoralidad desde una edad muy temprana.
En general, las acciones que se valoran más fácilmente como malas son las que contrarían de manera evidente los Diez Mandamientos, que son el contenido de la Ley Natural, que alcanza a todos y no sólo a la cultura judeo-cristiana.
Si en lugar de consultar a un psicólogo le preguntáramos ahora a un sacerdote, uno esperaría que nos conteste que la conciencia moral existe desde la edad a la que la práctica religiosa prevé que un niño comience a confesarse; es decir, desde los ocho años. Si se considera que a esa edad el niño tiene conciencia del pecado, ¿qué mayor pecado existe que matar al prójimo?
La ley que está a consideración en el Congreso otorga entre cinco y seis años de hándicap respecto de la imputabilidad en relación con la conciencia moral. Si a los siete u ocho años existe conciencia del mal, a los 13 esa conciencia ya está completamente desarrollada.
Ningún joven de 13 años puede ignorar que matar o herir a otro es algo gravísimo. También sabe que no debe forzar a otra persona a tener sexo contra su voluntad. Y no ignora que, al apoderarse de un bien ajeno, causa un perjuicio al dueño, y más si lo hace por la fuerza.
Otra cosa es el tipo de pena a aplicar. Nadie está esperando que un adolescente purgue su pena de prisión junto con los adultos ni de la misma manera. Pero ninguna persona debería matar y marcharse tranquilamente a su casa, como si nada hubiera ocurrido.
Los argumentos en contra de la baja de la edad de imputabilidad son evasivos del problema en su totalidad. Se argumenta que el Estado debe educar, antes de sancionar. ¿De qué manera el Estado educaría si el joven que ha delinquido no está en sus manos sino bajo el control de delincuentes adultos?
Se arguye incluso que el encierro no sirve para educar. Eso, ante todo, no es forzoso y el proyecto en debate prevé un seguimiento. Pero, además, la restricción de la libertad sirve para resguardar al resto de la sociedad. Mientras alguien que ha demostrado su disposición a delinquir está privado de su libertad, no puede causar daño a otros; no puede matar, ni herir, ni violar. Y esta premisa ya debería resultar suficiente para terminar con la discusión.
El efecto del delito no es la abstracción de una estadística. Hoy vemos a los familiares de los muertos llorar y desagarrarse frente a las cámaras de la televisión. Los hijos de los asesinados también son niños, cuando no son ellos mismos los que mueren. ¿Cómo no se puede comprender eso?
Se nos propone que nos pongamos en el lugar de esos menores que, por nacimiento o por obra de la fatalidad, han resultado desafortunados en la vida. De acuerdo, pero con la misma conmiseración, concurran al velatorio de las víctimas y enfrenten cara a cara el dolor de sus familiares.
