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Lijo, otro túnel entre Milei y la casta
Juan Manuel López dejó en silencio a Mariano Cúneo Libarona cuando le preguntó si Ariel Lijo era el candidato del gobierno a ocupar la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco en la Corte. Revelado por Carlos Pagni el 11 de enero, Javier Milei respondió por su ministro de Justicia al interrogante planteado por el diputado de la Coalición Cívica en el plenario de comisiones que analizaba la ley ómnibus. El titular del juzgado federal N°4 representa lo que la Corte intenta abolir con el paso del sistema inquisitivo al acusatorio en las investigaciones a través de la aplicación del nuevo Código Penal.
Un proceso que se abrirá en Santa Fe el 6 de mayo pero que la Corte aspira a llevar a todas las jurisdicciones e, incluso, a Comodoro Py. Supuesto centro de la resistencia a ese cambio que implicaría democratizar la enorme cuota de poder que los jueces acumulan con el control casi absoluto de las causas y habilita la sospecha de conductas opacas.
Lijo encabeza cualquier hipotética lista que se confeccione sobre la base de esa conjetura. Pero para comprender el fundamento de esa polémica decisión tal vez haya que detenerse en Manuel García Mansilla, rodeado del reconocimiento académico y el prestigio institucional del que carece Lijo. García Mansilla es el otro candidato del gobierno a ocupar la vacante que dejaría Juan Carlos Maqueda al cumplir 75 años.
El 23 de septiembre del año pasado García Mansilla publicó un artículo en el que cuestionó la inconstitucionalidad de la dolarización y la eliminación del Banco Central. Escrita para el blog de la Universidad de San Andrés (https://endisidencia.com/2023/09/la-equivocada-pretension-de-apropiarse-de-la-constitucion-nacional/La equivocada pretensión de apropiarse de la Constitución Nacional · En Disidenciaendisidencia.com), la nota fue interpretada como una respuesta a la solicitada “Voto por la Constitución Nacional” aparecida tres días antes en respaldo a Horacio Rosatti.
Dos propuestas de Milei en campaña criticadas por el presidente de la Corte. García Mansilla puso en duda también que sean de ejercicio obligatorio las atribuciones que la solicitada le atribuye al Congreso para legislar en esa materia. Casi música celestial para Milei, a quien le preocuparía un eventual pronunciamiento de la Corte contra el DNU 70/23 y a favor de recursos que puedan presentarse por reajustes de tarifas. Ricardo Lorenzetti se encargaría de azuzar ese temor gracias al vínculo personal que habría entablado con el Presidente. Lo que le permitiría al vocal de la Corte interceder por la postulación de Lijo, cuya ascendencia en el fuero federal es admitida por la mayoría de sus jueces. Los más audaces lo tildan como un verdadero capanga. Según el rumor que circulaba ayer, Lijo se encargaría de garantizarse los dos tercios en el Senado con los votos que tienen algunos gobernadores. Un trascendido que pone en escena a los de Misiones, Salta y Santiago del Estero. Sergio Massa sería la conexión entre Hugo Passalaqua, Gustavo Sainz y Gerardo Zamora y Lorenzetti, el promotor de Lijo.
Cúneo Libarona habría permanecido ajeno a la novedad que anunció el gobierno. Pero no Sebastián Amerio, su virtual viceministro. Elegido por Milei para representar al Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, el secretario de Justicia reportaría a Santiago Caputo. La influencia del asesor presidencial es creciente en el acotado círculo de confianza presidencial. Algunas versiones le atribuyen a Caputo y Amerio un vínculo estrecho con Massa en el que la Aduana jugaría un rol tan extraño como trascendente. Por ahora, un palabrerío inasible.
Como reconocen en el entorno de Cristina, sus diálogos con Massa son casi cotidianos. El kirchnerismo mantiene un llamativo silencio sobre la postulación de Lijo. Parece difícil que el oficialismo logre los dos tercios en el Senado sin el concurso de representantes de Unión por la Patria. También son frecuentes las conversaciones entre Massa y Máximo Kirchner, que coinciden en la distancia que ambos mantienen con Axel Kicillof. Un cuadro de situación que permite observar desde otra perspectiva la rebelión fiscal contra el gobierno bonaerense a la que llamó Milei por consejo de su reconciliado amigo José Luis Espert. Una iniciativa que apenas mereció un comunicado de repudio del PJ bonaerense presidido por Máximo. Pero frente a la que Kicillof no recogió solidaridad alguna de La Cámpora ni de dirigentes renombrados del kirchnerismo. Tampoco de Massa, enemistado con el gobernador por no favorecer el acceso de Malena Galmarini al grupo Bapro. Allegados a La Cámpora se muestran más contemporizadores que hace un par de meses con los pedidos efectuados a Kicillof por la extitular de AySA y de su hermano y director del Bapro, Sebastián Galmarini.
Esa variación incluye reproches a los funcionarios de Gustavo Menéndez y al propio intendente de Merlo por la resistencia que habrían ofrecido a renunciar a sus cargos. Menéndez es el presidente del Grupo. Kicillof le habría ofrecido a Galmarini su lugar y otros dos cargos jerárquicos en Provincia seguros. Malena y su hermano habrían exigido además todos los puestos de control en Provincia ART, Provincia Vida y otras empresas pequeñas del grupo. Es decir, de funcionarios que responden directamente al gobernador.
Massa perdió el control en la provincia de Aubasa a manos de Guillermo Sauro, un colaborador de Gabriel Katopodis. El exintendente de San Martín y ministro de Infraestructura de Kicillof es un histórico aliado del líder del Frente Renovador. Massa tuvo mucho más suerte con Nicolás Posse. El jefe del Gabinete designó a Adrián Luque para suceder a Martín Marinucci en Trenes Argentinos. Marinucci es un dirigente del Frente Renovador en Morón. Luque fue concejal por esa fuerza en San Miguel. Son insistentes las versiones que aluden a Posse como el responsable de las listas con las que La Libertad Avanza competirá en la provincia de Buenos Aires.
Máximo habría optado por no intervenir en el conflicto para preservar su relación formal con Kicillof, que podría recalentarse el año entrante, cuando vuelvan a discutirse las candidaturas a legisladores. Una ocasión en la que probablemente la distribución de cargos desnude la intención del jefe de La Cámpora de suceder al gobernador, sin otra opción que disputar la candidatura presidencial en 2027 o ser candidato a senador nacional.
Ese proyecto vuelve significativa la tensión aparente entre La Cámpora y los intendentes por la conducción del grupo Bapro. Menéndez es el principal aliado en la Primera Sección de Martín Insaurralde, cuyo liderazgo en la Tercera aparece condicionado por las causas judiciales donde se lo investiga. Esas dos secciones electorales concentran los dos tercios del total de electores de la provincia. Un escenario en el que cobra relevancia la investigación abierta por la Procuración General sobre Carlos Baccini, Jorge “Chipi” Grieco y Sebastián Bisquert. Los tres aparecen involucrados con la respuesta deficiente al pedido del fiscal federal Sergio Mola que investiga a Insaurralde por supuesto enriquecimiento ilícito. Mola le pidió a Griecco el 5 de febrero los expedientes judiciales que pudiesen involucrar al ex intendente de Lomas de Zamora durante la última década. La respuesta de Griecco no satisfizo a Mola, que cursó entonces su pedido a Julio Conte Grand. El Procurador General le ordenó a Baccini girar los expedientes a Mola, pero advirtiéndole que se analiza una sanción en su contra.
Baccini es el fiscal general interino y Griecco y Bisquert los dos fiscales más ligados a su gestión. Griecco conduce la UFI N° 8, a la que Baccini facultó para intervenir en delitos institucionales, usurpaciones masivas y violencia en el deporte. Lo que implica el vaciamiento de la unidad de investigación de Delitos Complejos a cargo de Sebastián Scalera, fiscal general adjunto. Bisquert está a cargo de la UFI N°9. Este trío figura entre los cuatro principales candidatos evaluados por el Consejo de la Magistratura para ser designado por el Senado como fiscal general en Lomas de Zamora.
Bisquert fue el encargado de cerrar la causa en la que Hernán Rosín y el secretario de Hacienda, Claudio Raggio, estaban acusados de contratar firmas que eran de su propiedad y tenían como domicilio el estudio contable que los dos compartían en Bernal, partido de Avellaneda. Esa sociedad fue disuelta antes que la Justicia allane el estudio contable. Bisquert fundó su decisión en un dictamen del Tribunal de Cuentas elaborado por Juan Pablo Peredo, promovido a vocal en ese organismo por Insaurralde. Igual que Florencia Stamato, su exsecretaria privada, y Pablo de Rosas, que tuvo a su cargo Obras Públicas, Raggio es funcionario del Tribunal de Cuentas. Un lugar donde esperaba ocupar la vocalía que recayó en Peredo. Durante casi un año Griecco no pudo hallar a los barras de los Andes que en marzo de 2023 se tirotearon en la puerta de la escuela que ese club tiene en Villa Fiorito.
La Justicia Federal de Lomas de Zamora los ubicó sin inconvenientes el 16 de febrero en el predio deportivo de Los Andes en Villa Albertina. El lugar que José Di Zeo clausura a su antojo los fines de semana que resuelve organizar torneos de fútbol por dinero contante y sonante. La barra de Los Andes está cooptada por el jefe de la de Boca. Villa Albertina es una de las diez localidades de Cuartel Noveno en Lomas de Zamora que concentra al 40 por ciento de sus electores y donde predomina el peronismo.
A cargo de una fiscalía especializada en contra de la integridad sexual, Bisquert aceptó sin investigar ni disponer medidas de prueba que Florencia Abigail Díaz se desdiga de la denuncia que había presentado por violencia, abuso sexual y privación ilegítima de la libertad contra el fiscal federal Adrián Jorge García Lois. Díaz se había presentado en la fiscalía descentralizada N° 3 que el departamento Judicial de Lomas de Zamora tiene en Ezeiza. Baccini le exigió al juez de Garantías, Horacio Hyb, que desplace a la fiscal de la causa, María González. Hyb respaldó a González.
La intervención de Lisandro Pellegrini que habría admitido Baccini derivó en que la causa fuese remitida a Bisquert. Pellegrini es el subsecretario de Política Criminal en la provincia de Buenos Aires. García Lois fue uno de los testigos del juicio político que los diputados kirchneristas Rodolfo Tahillade y Martín Doñate le iniciaron en 2020 al Procurador General, Eduardo Casal. Julio Alak habría apadrinado a García Lois en 2011 para que concurse como fiscal. Salió quinto. Pero la entonces procuradora Alejandra Gils Carbó lo ubicó segundo en el orden de mérito. Alak era entonces ministro de Justicia de la Nación. Hasta el 10 de diciembre ocupó ese cargo en la provincia de Buenos Aires. Pellegrini era su virtual segundo. Baccini es una pieza clave de la relación entre la Justicia bonaerense y los intendentes del conurbano que lidera Insaurralde. No es de extrañar que a Milei lo tiente transitar los túneles que conectan con la casta.
