Los que alimentan el odio

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11 de julio de 2020  • 19:51

El odio es también una enfermedad que no tiene vacuna ni remedio. Una sociedad enferma de odios tiene forzosamente un mal pronóstico. Es imposible evitar las consecuencias sociales, tal vez catastróficas, de esos rencores patológicos. Nadie puede hacer más en contra del odio, o a favor de él, que los que controlan el gobierno del país. Alberto Fernández acaba de pronunciarse contra los "odiadores seriales". Muy bien. Pero ¿cómo andamos por casa? La grieta política, que divide a cerca del 40 por ciento de la sociedad entre unos y otros, es una construcción del kirchnerismo. La arbitrariedad y la injusticia hacen más profunda esa oquedad. El Presidente destrató al periodista Diego Leuco (en rigor, retuiteó un mensaje que aludía a agresiones físicas contra este) porque le hizo dos preguntas necesarias al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero. De la cantera cristinista no dejan de salir anuncios de nuevas persecuciones contra el periodista Luis Majul. En los últimos días, se conocieron decisiones que beneficiaron a Lázaro Báez y a Cristóbal López. Los dos son amigos de los Kirchner (o socios en algunos casos), a quienes la Justicia investiga por monumentales hechos de corrupción. La sociedad antikirchnerista reaccionó en el acto con masivos banderazos y cacerolazos. Los límites de la paciencia social se agotan.

El asesinato de Fabián Gutiérrez, exsecretario privado de Cristina Kirchner, que acusó a la expresidenta como imputado colaborador de la Justicia en la causa de los cuadernos, reflotó la existencia de riquezas inexplicables en los círculos que rodearon (y rodean) al matrimonio Kirchner. La enorme cantidad de propiedades a nombre de Gutiérrez instaló en la Justicia la sospecha de que el hombre asesinado en el sur era solo un testaferro del exmatrimonio presidencial. Los Kirchner, deducen, podían tolerar cierto enriquecimiento de sus allegados, pero no compras masivas de propiedades inmobiliarias y autos de muy alta gama. Ese nivel indescriptible de prosperidad económica por parte de sus colaboradores sería, si fuera auténtico, la confesión implícita de que les robaban a ellos. Es probable que el fiscal Carlos Stornelli, que tomó declaración a Gutiérrez y pidió su procesamiento, reclame en los próximos días la incautación preventiva de todas las propiedades de Gutiérrez. Si hubiera sido un testaferro, esas propiedades no eran de él, sino del Estado argentino.

Lázaro Báez volverá a casa, en condición de preso, porque llevaba más de cuatro años en la cárcel cumpliendo prisión preventiva. ¿En cuánto tiempo debe cerrarse una investigación? ¿Por qué la Justicia es insoportablemente lenta en la Argentina? ¿La culpa es de los jueces o del Código Penal, que permite infinitas chicanas dilatorias por parte de los acusados? Basta una breve descripción para alcanzar la certeza de que Báez es un producto de la corrupción. Era un empleado bancario cuando los Kirchner llegaron al poder. Y era uno de los hombres más ricos del país cuando los Kirchner abandonaron el poder. Sus negocios fueron siempre con el Estado. Con el Estado kirchnerista y con nadie más. El 80 por ciento de la obra pública de Santa Cruz cayó en sus manos en licitaciones amañadas. Santa Cruz tuvo tanta obra pública como la provincia de Buenos Aires en los años de los dos Kirchner. La Justicia le incautó propiedades a Báez por valor de 250 millones de dólares. Báez tenía su propia financiera que lo ayudaba a lavar los dólares de la corrupción. Báez lavaba ese dinero, a su vez, en los hoteles y edificios de los Kirchner. El viejo amigo de los dos presidentes del kirchnerismo debió ser condenado hace mucho tiempo. No merece estar en virtual libertad.

Hay causas contra Báez que ni siquiera se mueven en la Justicia. Una de ellas investiga los créditos que el Banco Nación le dio, superando todos los límites reglamentarios, al supuesto constructor. Báez ganaba la licitación de una obra pública, agarraba el certificado y corría al Banco Nación, que le entregaba en el acto el 20 por ciento del valor de la obra. El gobierno aumentaba el precio de la obra inmediatamente después de su adjudicación. Cualquiera es constructor con semejantes beneficios (y con amigos tan influyentes). Además, el banco le otorgó préstamos injustificados a Báez para cubrir giros en descubierto. Gran parte de la fortuna de Báez salió del tesoro del Banco Nación.

El proyecto de moratoria fiscal del Gobierno beneficia a Cristóbal López porque le permite, como evasor que es, ampararse en la concesión a los morosos

El fiscal Stornelli pidió en su momento el procesamiento de todo el directorio del banco en tiempos de Cristina, presidido por Juan Carlos Fábrega. El juez federal Daniel Rafecas declaró la falta de mérito para tales procesamientos. Stornelli apeló hace dos años y la Cámara Federal anuló en marzo de 2019 la falta de mérito dictada por Rafecas. Después de la resolución de la Cámara Federal, Stornelli volvió a pedir varias veces el procesamiento de todo el directorio encabezado por Fábrega. Rafecas requirió algunas medidas adicionales, pero nunca resolvió sobre los procesamientos; es decir, sobre la cuestión de fondo. Pasó casi un año y medio desde la decisión de la Cámara. Escandalizada, Cristina Kirchner acaba de promover una comisión bicameral para investigar los créditos del Banco Nación a la empresa Vicentin en los tiempos de Macri. Nunca dijo nada de los créditos de ese banco a Báez. ¿Quién cava la grieta? ¿Por qué, en todo caso, no impulsó una investigación integral de los créditos del Banco Nación?

El proyecto de moratoria fiscal elaborado por la administración de Alberto Fernández beneficia a Cristóbal López porque le permite, como evasor que es, ampararse en esa concesión del Estado a los morosos. La razón de la moratoria es la caída vertical de la actividad económica por efecto de la pandemia y la cuarentena, que obligó a muchas empresas y personas a no pagar sus impuestos. Cristóbal no pagaba desde antes de la gripe A, que abatió a la sociedad en 2009. Nunca necesitó del actual Covid-19 para incumplir sus compromisos con la AFIP. El problema del empresario es que no pagaba los impuestos del Estado que retenía cuando vendía naftas en su compañía Oil Combustibles. Es un delito mucho más grave que evadir impuestos a las ganancias genuinas. La ley excluía a los combustibles y el juego, los negocios de López, de los beneficios de una moratoria; el proyecto de ahora los incluye. Cristóbal podría ganar, pero no todavía. La AFIP, conducida entonces por Alberto Abad, le inició dos juicios a López: uno por evasión y el otro por administración fraudulenta. La evasión le permitiría ingresar en la moratoria. Pero el fraude a la administración pública se lo impediría. Un interminable juicio oral y público está juzgando el supuesto delito de López por administración fraudulenta. El juicio no terminó porque la pandemia lo frenó. ¿López es culpable o es inocente? La sentencia no existe todavía. Y como no hay sentencia en el juicio por fraude es probable que pueda ingresar a la moratoria como simple evasor.

Cristóbal López y su socio, Fabián de Sousa, son ansiosos. De Sousa inició un juicio penal contra Macri y varios colaboradores suyos porque, denunció, intentaron sacarles los medios de comunicación que tienen. El caso está en el juzgado de María Servini de Cubría, quien ya ordenó varias medidas, como el entrecruzamiento de llamadas telefónicas entre funcionarios y empresarios de aquella época. La noticia insólita es que De Sousa incluye entre sus denunciados a Abad, el exdirector de la AFIP que los denunció a él y a López por evasión y fraude. López y De Sousa no esperaron el final del juicio oral y público para acusar a Abad. ¿Conocen de antemano, acaso, el resultado del juicio? Según parece, el destino de Abad no tenía solución buena. O estaba en el juicio de la jueza Servini o hubiera sido denunciado por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Su misión como titular de la AFIP era cobrar lo que le debían al Estado. Y López le debía casi 12.000 millones de pesos, dinero que usó para comprar nuevas empresas. Hasta el departamento jurídico de la actual AFIP le negó la posibilidad de un acuerdo. El argumento es irónico: una resolución del gobierno de 2014 (de Cristina Kirchner) prohibió acuerdos con deudores impositivos que estén siendo enjuiciados por sus deudas con el Estado. Y López está en un juicio oral y público por defraudar a la AFIP.

Lázaro Báez estará en su casa. Cristóbal López podría beneficiarse de una moratoria y quiere vengarse de los que le cobraban un dinero que no es de él. El odio es un fuego que alimentan los que mandan.

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