Maldonado y Carrasco

Jorge Urien Berri
Jorge Urien Berri LA NACION
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24 de septiembre de 2017  

"Los padres de Maldonado tienen derecho a la verdad. Mi trabajo va a ser ése"

(De Guido Otranto, ahora ex juez del caso Maldonado.)

Luego de 23 años, otro juez de la Patagonia se vio obligado a aclarar lo que jamás tendría que aclarar: que buscaba la verdad.

Las similitudes asombran. Dos jóvenes desaparecen en la Patagonia en tiempos preelectorales. Dos gobiernos bajo presión por la falta de resultados. Dos jueces pierden tiempo mientras desaparecen o les borran huellas y pruebas. Dos fuerzas concentran las sospechas: el Ejército, en el caso del soldado Omar Carrasco, y la Gendarmería, en el de Santiago Maldonado.

En 1994, el cuartel de Zapala informa a los padres de Carrasco que el chico se escapó mientras cumplía el servicio militar obligatorio. La policía lo busca en vano. Un mes después, y debido a la presión, los militares plantan el cadáver en un cerro del cuartel y explican que se suicidó, o murió de frío, o lo mataron afuera y los asesinos entraron el cuerpo para perjudicarlos. Los disparates no prenden.

"A alguien se le fue la mano", dice el presidente Carlos Menem. El juez Rubén Caro va a remolque de lo que disponen los militares con la ayuda de Inteligencia del Ejército, que aprieta testigos y adultera documentos. Finalmente, el Ejército, no el juez, entrega a un subteniente y dos soldados que siempre se proclamaron inocentes. Las irregularidades del juez son reconocidas pero asumidas por su superior, el Tribunal Oral de Neuquén, que luego juzga y condena a los tres acusados aunque las pruebas fehacientes no aparecen. Las condenas estaban decididas ocho meses antes de iniciarse el juicio.

La principal preocupación de las autoridades era el encubrimiento que parecía subir desde Zapala, porque una muerte aberrante -luego se supo que Carrasco recibió atención médica clandestina de los militares- era un asunto policial, pero el secuestro previo y el encubrimiento posterior replicaban los métodos de la dictadura.

El encubrimiento se investigó con resultados sorprendentes que no sólo no encajaban con la historia oficial del homicidio, sino que la refutaban. Entonces, la Justicia dejó prescribir los encubrimientos.

En la misma entrevista donde afirmó su vocación por la verdad, el juez Otranto dio pie para que lo apartaran al deslizar su hipótesis. A casi dos meses, una nada para los tiempos de nuestra Justicia, el caso está en pañales y aún puede evitarse que la historia se repita.

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