Nadie espera que "el Mono" hable
La gobernadora hablaba de él y Enrique Antequera miraba el tape negando con la cabeza. El empresario de La Salada era anteayer el invitado del programa Pamela a la tarde, que se emite por América, donde Pamela David y el periodista Facundo Pastor le mostraban que, el miércoles, en ese mismo piso, Vidal lo había vinculado con la detención de Claudio Minnicelli, acusado de contrabando y detenido luego de estar 9 meses prófugo. Lo que veía en el monitor lo incomodaba: cuando la conductora dijo que sospechaba que Minnicelli no era el jefe de la banda, Vidal la interrumpió: "No, por supuesto. Yo creo que todavía la red es mucho más amplia. Que empezó con Jorge Castillo [el otro dueño de La Salada], que todavía en esta causa puede estar involucrada esta persona que detuvimos el fin de semana [por Minnicelli]. Y falta Antequera todavía, que es parte de la red".
Antequera acababa de advertirle allí a otra invitada, la abogada Florencia Arietto, que la denunciaría por vincularlo con barrabravas de Boca. Y cuando terminó el tape dijo sobre la gobernadora: "Espero que se presente para pedir disculpas o presente pruebas". Pero, momentos después, en La Salada, pasadas las 21.30, él y Marcelo Aravena, uno de los líderes de la hinchada xeneize, fueron detenidos por la policía bonaerense y la Gendarmería junto con otros presuntos miembros de una asociación ilícita.
En el Gobierno están convencidos de que el cuñado de De Vido es sólo la expresión caricaturesca de una estructura que tiene jefes mucho más pesados y que lleva no menos de diez años. "«El Mono» estuvo nueve meses prófugo y llegó al juzgado sin ninguna estrategia", dicen, y cuentan que también los sorprendió el cambio de actitud en pocas horas: llegó amenazando con involucrar a unos cuantos con nombre y apellido, incluido Mauricio Macri, y se aplacó después.
Minnicelli es una fuente importante para la investigación y, seguramente, un motivo de inquietud para muchos que han tenido relación con la Aduana en los últimos años. Pero su eventual rol de delator tiene dificultades técnicas. Si bien la ley del arrepentido, sancionada en noviembre, modifica el artículo 41 ter del Código Penal y baja la pena de "delito consumado" al nivel de la de "tentativa" para quienes aporten información, el artículo 872 del Código Aduanero dice exactamente lo contrario: en el contrabando, la tentativa recibe el mismo castigo que el delito consumado. Los especialistas explican esta norma excepcional del derecho, largamente discutida en la academia, en que por lo general el ingreso de mercadería ilegal se detecta antes de concretarse, y que descubrirlo después resulta casi imposible. Será entonces tarea de juristas desempatar entre la ley y el código.
La cuestión es relevante no sólo desde la óptica jurídica o institucional, sino también económica. Porque involucra actores que llevan más de 30 años en la clandestinidad, muchos de ellos de militancia política, y tiene además efectos que unen los intereses del Gobierno con los de empresarios impensados. Por ejemplo, los del sector textil. El último 17 de octubre, Día de la Lealtad, cinco días después de haber sido repuesto como jefe de la Aduana tras ocho semanas de suspensión por una acusación anónima que fue desestimada por la Justicia, Juan José Gómez Centurión fue ovacionado de pie en un seminario de la Fundación Pro-Tejer, de ejecutivos textiles. Esa industria tiene sus razones: entre 2005 y 2015, el 34% de lo que entró en el país fue por contrabando, y esa cifra sube a 54% si se considera sólo 2015. Las marcas importadoras aceptaron mansamente estas reglas, que en muchos casos sirvieron para comprar dólares mientras regía el cepo cambiario. En el Gobierno recuerdan que en mayo pasado, durante su visita a Pekín, Macri se quejó del déficit comercial con China y su par Xi Jinping le contestó que el reclamo le correspondía en todo caso a los chinos, porque había 8000 millones de dólares que figuraban como exportaciones que ellos nunca habían enviado a la Argentina.
Minnicelli está detenido por una de las nueve investigaciones por contrabando que se reparten entre los jueces Marcelo Aguinsky, Gustavo Meirovich y Javier López Biscayart. Son temas candentes, porque muchos empresarios no sólo fueron partícipes, sino que descreen del Poder Judicial. Dicen, por ejemplo, que un magistrado puede cobrar entre 20.000 y 50.000 dólares por contenedor, tarifa a la que se le debe sumar lo del despachante y el verificador de la Aduana. Estas causas, que incluyeron más de 100 allanamientos y una docena de detenidos, mostraron que muchas firmas importadoras tenían sede en las villas 31 y 1-11-14, y que los vecinos, señalados como presidentes de esas sociedades no estaban ni enterados de serlo. No es que la Aduana sea un colador, sino al revés: en los últimos diez años, el 62% de todo lo que entró lo hizo por el canal rojo, que representa según las normas el "control exhaustivo". La media mundial lo ubica entre 5 y 8% para lo que se conoce como un "control aleatorio efectivo". ¿Exceso de rigor argentino? ¿Proteccionismo? No: lo que va por el canal verde no es susceptible de coimas.
Los empresarios son escépticos al respecto. "El tema es muy pesuti. No creo que «el Mono» pueda hablar", dijo a este diario uno que advirtió el método con que la corporación aduanera suele protegerse de cualquier embestida: quien los investiga suele terminar salpicado por denuncias que, si no es funcionario, lo obligan a pagar abogados de su bolsillo por el resto de su vida. Ésta es, probablemente, la conclusión que sacó el año pasado el juez Ariel Lijo cuando, luego de analizar audios y testimonios, determinó que no existían pruebas para incluir a Gómez Centurión en el contrabando de seudoefedrina. La presentación judicial había sido hecha el 19 de agosto por la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz de una denuncia anónima que incluía audios aparentemente editados. Funcionarios bonaerenses recuerdan que, al día siguiente, un sábado por la mañana, el Presidente y Vidal iban en el mismo auto a un acto y que, de repente, escucharon a Bullrich comentando el tema en radio Mitre. Dicen que la gobernadora comentó que creía en la inocencia del jefe de la Aduana y que Macri fue más cauto, aunque lo incluyó en el lote de honestos de la política. "Yo coincido -dijo el Presidente-. Gómez Centurión es como Ragazzoni [Carlos, entonces jefe del PAMI]: intachable. Pero tiene que dar explicaciones". Ocho semanas después, con la resolución de Lijo, en una medida que carece de antecedentes aquí, lo reincorporó en el cargo.
Es el dilema que tendrán ahora jueces y fiscales y que excede largamente las elecciones de mañana: diferenciar lo justo de lo injusto, lo accesorio de lo estructural en un país donde la mayoría transgrede. © LA NACION
