Políticas de seguridad que ignoran a los ciudadanos

Para la ciudadanía, la preocupación por la inseguridad ha ido en aumento y, desde 2010, se ha transformado en el principal problema nacional, según las encuestas de Latinobarómetro.

Como muchos delitos no se registran en las estadísticas oficiales, hay que recurrir a las encuestas sobre victimización. La proporción de familias que sufrieron delitos saltó del 27 al 42% en 1997, manteniéndose en ese altísimo promedio desde entonces, según Latinobarómetro. La mayoría abrumadora de los delitos son robos y hurtos. La encuesta del Laboratorio de Investigaciones sobre Crimen, Instituciones y Políticas (Licip), de la Universidad Torcuato Di Tella, mide la victimización de los hogares desde 2008. Si bien arranca en niveles menores (28%), ahora casi alcanza el 40%. En consecuencia, la Argentina dejó de ser uno de los países más seguros de América. En Estados Unidos, en comparación, la victimización cayó del 35% al 13% en los últimos veinte años.

Un agravante en la Argentina es la impunidad. La probabilidad de inculpar y condenar a alguien por un delito ha bajado a niveles mínimos (3%). Es muy baja tanto la probabilidad de determinar quiénes fueron los presuntos autores (20%) como la de luego condenarlos (15%). En delitos graves como los homicidios la tasa de inculpados es algo mayor, 40%.

Si la seguridad es un bien público fundamental, ¿por qué los líderes democráticos han fallado en la protección de los ciudadanos? Parte de la respuesta es que la democracia argentina ha fallado en la provisión de todo tipo de bienes públicos. Aunque el crimen es un problema difícil, hay ciertos consensos básicos entre los especialistas: profesionalizar la policía, el servicio penitenciario y la Justicia; integrar la policía con la comunidad; prestar atención a problemas específicos como el narcotráfico; lograr más orden en el espacio público; mejorar las condiciones sociales, y tener control institucional.

No ha habido avances en estos frentes. Por ejemplo, hay pocos radares instalados en las fronteras y se apagan en ciertos horarios. Importantes funcionarios públicos nacionales han sido cuestionados por su posible involucramiento en el tráfico de efedrina y estupefacientes. El control institucional empeoró porque el gobierno nacional no valora una Justicia independiente. Los programas sociales tampoco han revertido la marginalidad y la pobreza estructural de amplios sectores de la población.

Los funcionarios kirchneristas han negado persistentemente que existiera inseguridad, acusando a los medios de fomentar el miedo vía el sensacionalismo. Se adoptó además un populismo de "mano blanda" que llevó a una desconexión con la sociedad, ya que la proporción entre los que desaprueban y aprueban las políticas de seguridad nacionales es de 9 a 1. Entendemos que esto se debe a la evaluación correcta del público de que mejorar la seguridad no ha sido una prioridad. La frustración se agrava cuando el gobierno nacional culpa a la sociedad por la delincuencia o niega el problema. Como tardía reacción, ciertos funcionarios del Gobierno salieron a echarles la culpa de la inseguridad a los inmigrantes y al sistema de justicia. Se cierra así el círculo con un populismo de "mano dura".

En lugar de la vacilación del gobierno nacional entre ideas populistas, progresistas y conservadoras, con cambios violentos de discurso que enmascaran un inmovilismo de fondo, hacen falta pequeñas rectificaciones. Aunque el público argentino rechaza abiertamente la política de seguridad reciente, no reclama un enfoque de mano dura. La mayoría reconoce que importan tanto el combate directo contra el delito, a corto plazo, como las políticas sociales para el ataque a las raíces del problema, a largo plazo. Eso requiere un Estado profesional y transparente que rinda cuenta de sus actos a la población. Y que la escuche. Una democracia plena supone un diálogo entre gobierno y ciudadanía, algo que ha faltado en estos años.

Los autores son consejeros académicos de Cadal y profesores en la Universidad del CEMA