Sin permiso para mentir
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Una norma constitucional dispone que "nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo". Creada con el fin de impedir los sufrimientos padecidos para arrancar confesiones, en la práctica consagró una suerte de permiso para mentir.
El Código Procesal Penal repite con otras palabras esa regla, aunque ampliando su formulación, al agregar: "En ningún caso se le requerirá juramento o promesa de decir verdad?". Hay quienes sostienen que en esta prohibición de requerir juramento se fundamenta el derecho de mentir.
El código impone al juez el deber de interrogar a quien sospeche que participó de un delito. Así, lo obliga a expedirse sobre si declarará o no. Esa pregunta ya implica una forma de presión, que parecería querer compensarse a costa del deber de decir la verdad: "Lo obligo a que se expida, pero me puede mentir". Si se eliminara esa pregunta, desaparecería el último factor de coerción. Entonces, la declaración podría constituir un efectivo acto voluntario de defensa, no degradado por un general permiso para mentir.
En un precedente de 1864, la Corte Suprema anuló una decisión que citaba al procesado a absolver posiciones "bajo juramento". Consideró que ello revestiría el acto "de una solemnidad que haría la respuesta obligatoria", resultando "contrario al artículo 18 de la Constitución". El fallo no se expedía sobre la cuestión de la verdad, pues sólo vinculaba el juramento con la obligatoriedad. Quizás este sea el origen de la inclusión de que no se requerirán ni juramento ni promesa de decir verdad. El código de 1888 preservó la garantía contra la autoincriminación, pero la interpretación corriente le agregó el permiso de mentir.
Sin embargo, no hay norma que autorice a hacerlo con falsedad. Sí las hay, como se vio, que vedan la autoincriminación. Pero el imputado que decide declarar no puede engañar al juez que lo interroga. Y si se entendiera que el permiso para mentir surge de la prohibición de requerir juramento de decir verdad, se estaría suponiendo que la verdad no debe ser respetada por ser tal, sino porque se la ha jurado o prometido. Una falacia: la prohibición de la autoincriminación garantiza que se respetarán la libertad y el silencio, pero no autoriza a declarar con mentira. Lo más grave es que deja al inocente en peor situación que al que sabe de su responsabilidad y miente: este nada arriesga, pero la admisión de un derecho a mentir degrada el valor de la palabra de quien se juega diciendo la verdad.
Si la norma constitucional no incluye el derecho de mentir, habría que discutir sólo la interpretación de una norma legal y si se debe castigar como perjuro o falsario a quien declara y miente. Siempre resulta más sencillo esto, y sancionar una ley, que emprender una reforma constitucional.
Un reciente noticiero televisivo mostraba a un testigo que se negaba a decir al juez quiénes habían presenciado ciertos hechos. Aducía que no se encontraba autorizado para revelarlo. Se le explicó que era su deber decir lo que sabía, pero no cedió. Ante ello, la ley autoriza a tomar hasta medidas de coerción personal, pero sólo he visto que se las aplique en casos excepcionales, y este no fue uno de esos. Por el contrario, cayó dentro de la regla, pues al preguntarle al testigo si tenía miedo, se le dio el argumento para zafar de tener que dar la respuesta que no quería dar.
En otro caso, un ex funcionario sostenía que el organismo que había dirigido realizaba ciertas tareas de mantenimiento. Se lo confrontó con notas suyas en las que año tras año pedía que otra entidad estatal continuara realizando las tareas que acababa de atribuir al organismo que él dirigía, en franca contradicción. Tras un largo silencio, balbuceó una excusa y corrigió su mentira, lo que no habría ocurrido si no se hubieran exhibido esas notas.
En los juicios, los "no recuerdo"; "no me consta" y "no sé" atentan contra la búsqueda de la verdad. Sumado a las preguntas que no se ciñen a la forma canónica, a las que el tribunal fulmina con un "ya lo contestó" aunque se perciba la falsedad del "no recuerdo", y a aquellas que se excluyen porque buscando una respuesta cierta se excede el objeto procesal, es posible sostener que en la mayoría de los casos se protege más al testigo o las formalidades de la prueba que a la verdad. El ansia de justicia vigente en nuestra sociedad justifica abrir un debate sobre la vigencia y la validez de estas interpretaciones, a las que todos acudimos.
Abogado
