Trámites más sencillos en la IGJ que repercuten en la gente
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LA NACION
En el comienzo de esta gestión, la Inspección General de Justicia (IGJ) era un organismo con severas fallas de funcionamiento. La documentación que debía ser pública no lo era, y gestionar un nuevo emprendimiento podía llegar a demorar más de dos meses. También es de público conocimiento que allí se perdían o traspapelaban importantes expedientes. Por ello es que se llevaron a cabo las primeras decisiones. Se eliminó a través de una Resolución General cualquier restricción de acceder a la información del Registro, y se habilitó la plataforma de trámites a distancia para que cualquier ciudadano acceda a informes o copias. Se solicitó una auditoría del Archivo y actualmente estamos en el proceso final de su saneamiento, unificándolos. Hoy se encuentra dividido en tres sedes.
Respecto a las inscripciones de trámites de sociedades comerciales, nos enfocamos en la simplificación y coordinación de procesos, logrando ya en junio de 2017 la creación de la Sociedad de Responsabilidad Limitada en 24 horas, con libros societarios y CUIT. Esto resultó de gran importancia de cara al mundo, ya que permitió que la Argentina avanzara 29 puestos en el ránking Doing Business del Banco Mundial. Se sumó en septiembre del mismo año un nuevo tipo societario, las Sociedades por acciones Simplificadas (SAS), que nació totalmente digital, con libros también llevados digitalmente y donde el emprendedor desde su computadora puede tramitar sin tener que concurrir a algún Organismo. A través de Web services con Boletín Oficial y AFIP, en 24 horas el ciudadano recibe en su casilla de Trámites a Distancia su sociedad lista para operar. Por último sumamos a fines del mismo año la Sociedad Anónima en 24 horas con CUIT, lo que hace que el emprendedor pueda elegir el tipo societario que más se ajuste a sus necesidades, y cualquiera de ellos tenerlos a disposición de manera rápida y sencilla. Todo esto se logró sin eliminar ninguno de los controles de legalidad. El concepto es eliminar el ciudadano cadete. El desafío para el año en curso es que el Registro Público sea absolutamente digital.
En cuanto a las entidades civiles también se redujeron los tiempos de tramitación y se trabaja fuertemente en la simplificación de los procesos. Se normaron las simples asociaciones y se firmó un convenio con el PAMI para la normalización de Centros de Jubilados y Pensionados. Muchos de ellos ya se encuentran regularizados, sin costo alguno y sin necesidad de recurrir a profesionales.
Todas esas transformaciones dentro del organismo se pudieron dar gracias a los debates que se dieron dentro de la plataforma de gobierno abierto, Justicia 2020 que está llevando adelante el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y los avances en los ejes de datos abiertos, transparencia y gestión.
La fiscalización que por ley tiene asignada la IGJ sobre la totalidad de las mismas, y algunas de las sociedades comerciales fue reforzada y se realizan veedurías sobre elecciones y asambleas y se auditan la totalidad de los balances presentados por ellas. Fuimos convocados por la Justicia en algunos casos de trascendencia pública y colaboramos activamente con ella aportando nuestros conocimientos en la materia.
Por último, las funciones de la IGJ respecto de las sociedades que realizan operaciones de capitalización y ahorro previo se centran, entre otras, en el otorgamiento de la autorización para operar, la aprobación de los planes y bases técnicas, y en la fiscalización de dicha operatoria. En el marco de la fiscalización global o estructural de la operatoria recibimos y sustanciamos denuncias hasta el alcance de nuestra estricta competencia.
Respecto de los valores de los vehículos comercializados a través de planes de ahorro, la Inspección General de Justicia no interviene en el control ni en la formación de precios. De acuerdo a su competencia y a la normativa vigente (Ley 22.315 y Resol. Gral IGJ 8/15) el organismo se limita a la recepción mensual de declaraciones juradas a través de las cuales las sociedades administradores de planes de ahorro previo informan los precios con sus bonificaciones o descuentos establecidos por la empresa fabricante.
En el marco de las consultas y denuncias recibidas por este organismo, aún no siendo en su mayoría de nuestra competencia, la IGJ en una actitud colaborativa tomó un rol activo organizando y convocando a los distintos actores involucrados, automotrices, Defensorías del Pueblo y Direcciones de Defensa del Consumidor de todo el país a los fines de abordar el tratamiento y las posibles soluciones de las distintas consultas y/o denuncias.
Sergio Brodsky
LA NACION
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