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Ucrania: un invierno decisivo entre la negociación, la resistencia, el desgaste y nuevos incumplimientos
Trump, Putin y el altísimo precio político para Ucrania de una paz bajo presión y otros intereses subalternos
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La guerra de Ucrania ingresa en uno de sus momentos más delicados. No necesariamente porque esté próximo un desenlace militar, sino porque el invierno boreal vuelve a plantear una pregunta decisiva: cuánto tiempo más podrá Ucrania sostener una guerra de desgaste frente a Rusia mientras espera que sus aliados conviertan sus promesas de ayuda militar en armas efectivamente disponibles
Las declaraciones de dirigentes ucranianos partidarios de explorar negociaciones con Moscú reflejan una realidad que ya no puede ignorarse. Oleksiy Goncharenko, diputado de Solidaridad Europea, principal partido opositor, sostuvo que Ucrania está perdiendo la guerra y reclamó conversaciones sobre cuestiones sensibles como la neutralidad, la OTAN, las sanciones, el Donbas y el estatuto de la lengua y la Iglesia rusas.
Danilo Getmantsev, del oficialista Servidor del Pueblo, afirmó que promover negociaciones y alcanzar la paz debería ser una prioridad. El alcalde de Járkiv, Ígor Terejov, introdujo una condición fundamental: la paz debe estar respaldada por capacidad militar y garantías concretas.
Aunque diferentes, estas posiciones comparten un denominador común: el cansancio de una sociedad sometida durante años a una guerra que cobra vidas, destruye infraestructura y consume recursos económicos. Una parte de la opinión pública parece dispuesta a explorar una salida negociada. Pero negociar no significa capitular. Un alto el fuego no equivale automáticamente a reconocer las anexiones rusas ni a renunciar a la orientación europea de Ucrania.
La cuestión es si Kiev podrá mantener su capacidad defensiva para negociar desde una posición relativamente sólida. Si esta se deteriora durante el invierno, aumentará la presión para aceptar condiciones desfavorables. Moscú no ha conseguido convertir sus operaciones terrestres en una victoria rápida y decisiva. Frente a esa dificultad, mantiene una intensa campaña de ataques contra ciudades, poblaciones civiles, infraestructura energética, comunicaciones, transporte e instalaciones industriales esenciales para el funcionamiento del Estado ucraniano.
Se trata de una estrategia que provoca un enorme sufrimiento humano y que debe ser condenada, incluidos los numerosos ataques que podrían constituir crímenes de guerra y cuya responsabilidad debe investigarse. El objetivo militar es reducir la capacidad material de Ucrania, pero existe también una dimensión política: una población que atraviesa el invierno sin electricidad ni calefacción suficientes, con viviendas destruidas, transportes interrumpidos y bombardeos constantes puede aumentar la presión sobre su Gobierno para aceptar una negociación.
Los ataques del 8 de octubre, que afectaron distintas ciudades ucranianas y provocaron numerosas víctimas, ya habían anticipado la gravedad de esta campaña. Entre los episodios denunciados se encuentra la destrucción de dos ómnibus privados que transportaban trabajadores, con un saldo informado de 30 muertos y numerosos heridos graves.
El 10 de octubre, un ataque ruso contra Zaporiyia causó, según los balances difundidos ese día, al menos 20 muertos, incluidos tres niños. También se registraron ataques contra Kiev, daños en infraestructura y cortes de electricidad que afectaron servicios urbanos, incluido el metro. Los ataques contra zonas residenciales y servicios esenciales agravan el costo humano de la guerra y refuerzan la preocupación por la utilización de la infraestructura civil como instrumento de presión. La calificación jurídica de cada operación depende de la investigación de sus circunstancias y objetivos, pero las víctimas civiles exigen una condena inequívoca.
Vladímir Putin parece apostar, por lo tanto, a que el invierno haga aquello que el ejército ruso no ha conseguido plenamente en el campo de batalla: quebrar la resistencia ucraniana. La presión sobre la población ya no constituye una hipótesis futura, sino una realidad cotidiana.
En este escenario, la decisión de Donald Trump de anunciar un acuerdo con Putin para facilitar exportaciones de diésel ruso introduce un factor nuevo y profundamente controversial. El 9 de octubre, Trump afirmó que Rusia suministraría inmediatamente más de 300.000 toneladas de diésel a Estados Unidos y a los mercados internacionales, con envíos adicionales previstos para noviembre y los meses siguientes. Washington anunció simultáneamente una flexibilización temporal de las sanciones aplicadas a esos suministros.
La Casa Blanca presentó la medida como una respuesta a los elevados precios de los combustibles. Sin embargo, supone un giro significativo respecto de la política de presión económica sobre Moscú adoptada después de la invasión a gran escala de Ucrania. Además, su eficacia para reducir los precios resulta discutible: la redistribución de suministros no necesariamente incrementará sustancialmente la oferta global, mientras que el alivio de las restricciones permitirá a Rusia obtener nuevos ingresos y colocar combustible en otros mercados.
Nadie niega que los gobiernos deban atender el costo energético para sus ciudadanos. El problema reside en el momento y las condiciones políticas de la decisión. Si se flexibilizan sanciones sin un compromiso verificable de desescalada, sin un alto el fuego y mientras continúan los ataques contra ciudades ucranianas, Moscú obtiene un beneficio económico sin ofrecer una contrapartida equivalente en materia de seguridad.
Volodímir Zelenski calificó la decisión de «injusta» y sostuvo que aliviar las restricciones sin una desescalada recíproca transmite una señal de debilidad. Su objeción apunta al núcleo del problema: las sanciones no constituyen un fin en sí mismas, sino uno de los instrumentos con los que Occidente intentó elevar el costo de la guerra para el Kremlin. Si Washington debilita unilateralmente ese instrumento, reduce su propia capacidad de presión diplomática.
La coincidencia temporal agrava la controversia. El anuncio se produjo mientras representantes ucranianos y estadounidenses mantenían conversaciones sobre una posible salida negociada. Kiev quedó así ante una decisión acordada entre Washington y Moscú, con consecuencias económicas y estratégicas directas para una guerra que Ucrania libra en su propio territorio. La controversia se agravó el 10 de octubre, cuando Trump afirmó que “Ucrania necesitaba un nuevo Presidente” y sugirió que debía elegir un dirigente dispuesto a cerrar un acuerdo con Rusia. La declaración constituyó una descalificación política directa de Zelenski y aumentó la presión estadounidense sobre el Gobierno del país invadido en 2022. No fue una crítica menor a una decisión táctica. Al reclamar un cambio de liderazgo porque el actual Presidente no acepta, según Trump, un acuerdo en los términos deseados por Washington, el mandatario estadounidense puso en cuestión la legitimidad política del interlocutor con el que su propia Administración debe negociar.
Zelenski respondió que el Presidente ucraniano solo puede ser elegido por su pueblo, no por una autoridad extranjera. Agregó que, si Estados Unidos consiguiera garantizar un alto el fuego total durante dos meses, sin ataques rusos contra Ucrania, Kiev podría organizar elecciones libres, transparentes y seguras para que la población eligiera una nueva administración. Habrá que observar qué respuesta ofrece Washington.
En un país sometido a una invasión y a una emergencia nacional prolongada, semejante intervención puede debilitar la posición negociadora de Kiev y alimentar la expectativa rusa de que la presión exterior produzca un cambio político favorable a Moscú. Trump ha responsabilizado a Zelenski por rechazar acuerdos anteriores y por los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras rusas.
Pero esa argumentación omite una distinción esencial: estar dispuesto a negociar no significa aceptar cualquier acuerdo ni obliga a la parte invadida a asumir unilateralmente los costos de terminar la guerra. Una paz sostenible exige examinar también qué condiciones acepta Rusia y qué garantías impedirían una nueva ofensiva. La presión sobre Zelenski resulta todavía más problemática cuando coincide con el alivio de sanciones a Moscú y la continuidad de los bombardeos. Se configura así una dramática asimetría: a Ucrania se le exige moderar sus medios de resistencia y aceptar una salida política, mientras Rusia obtiene oportunidades económicas y conserva su capacidad de atacar. La crítica a esta política no implica negar que Ucrania deba evaluar sus opciones militares ni que negociar pueda resultar necesario.
Exige preguntar por qué la presión diplomática no se distribuye de manera equivalente también sobre la Federación Rusa, responsable de la invasión. Una negociación basada en la intimidación del país agredido y en concesiones al agresor corre vulnera principios básicos del derecho internacional y produce un acuerdo frágil, percibido como impuesto y desprovisto de garantías suficientes.
Durante la noche del 9 al 10 de octubre, drones ucranianos atacaron una terminal petrolera en la región rusa de Rostov. Informaciones periodísticas identificaron el objetivo como la terminal Yug Rusi, vinculada al almacenamiento y transporte de productos petroleros, incluidos suministros procedentes de la refinería de Novoshájtinsk. El ataque provocó un incendio y daños en la infraestructura.
La operación ocurrió pocas horas después del anuncio del acuerdo Trump-Putin sobre el diésel. La coincidencia resulta políticamente explosiva, aunque no demuestra por sí sola que el ataque fuera una respuesta directa al acuerdo. Kiev lleva meses utilizando drones de largo alcance contra refinerías, depósitos y terminales rusas para afectar la logística energética, los ingresos por exportaciones y el abastecimiento que contribuye al esfuerzo bélico de Moscú. El episodio expone una contradicción estratégica. Washington busca reducir los precios del combustible y reclama que Ucrania limite sus ataques contra instalaciones energéticas rusas. Kiev considera, por su parte, que esas instalaciones contribuyen a sostener la capacidad rusa para continuar la invasión. Funcionarios estadounidenses habían pedido a Ucrania que detuviera los ataques contra refinerías. Zelenski habría manifestado su disposición a suspenderlos si Rusia también cesaba los ataques contra las centrales eléctricas ucranianas.
Esa propuesta de reciprocidad es fundamentalmente distinta de una exigencia unilateral. No todos los objetivos energéticos cumplen necesariamente la misma función militar y cada ataque debe evaluarse según sus circunstancias y el derecho internacional aplicable. Sin embargo, tampoco puede ignorarse que la infraestructura petrolera rusa genera ingresos y facilita el abastecimiento de sus fuerzas armadas.
La cuestión central es si se pretende limitar los ataques energéticos de ambas partes mediante un acuerdo recíproco y verificable o si se exige únicamente a Ucrania que renuncie a una herramienta de presión. El ataque ucraniano no justifica los bombardeos rusos contra ciudades y civiles, ni convierte automáticamente cada operación de Kiev en una represalia por la decisión de Trump.
Lo que revela es que Washington intenta intervenir sobre los instrumentos militares ucranianos mientras modifica las condiciones económicas que afectan a Moscú, profundizando las asimetrías del conflicto. Por eso, esta política requiere una explicación más consistente que la invocación del aumento de los combustibles en Estados Unidos.
Trump atribuye ese encarecimiento a la guerra de Ucrania, pero también deben considerarse los efectos de la confrontación estadounidense con Irán en Oriente Medio y las restricciones al tránsito petrolero en los estrechos de Ormuz y Bab el-Mandeb. La incertidumbre aumentó el domingo 11 de octubre, cuando Trump anunció en su red Truth Social que Ucrania y Rusia habrían acordado un alto el fuego limitado a la infraestructura energética.
Mientras Kiev y Moscú no confirmen de manera verificable la información, es necesario tratar el anuncio con cautela. De existir ese acuerdo, su alcance sería limitado: ambos contendientes se abstendrían de atacar instalaciones energéticas, pero quedarían pendientes cuestiones más urgentes. ¿Tendrían ambas partes libertad para atacar infraestructura logística o, peor aún, ciudades y poblaciones civiles, como ha sucedido reiteradamente durante la guerra? ¿Se trataría de un primer paso hacia una desescalada general o de un entendimiento destinado principalmente a proteger los suministros petroleros rusos que Estados Unidos espera recibir?
La secuencia de decisiones de Trump alimenta la sospecha de que su prioridad es asegurar el cumplimiento del acuerdo energético y aliviar los costos internos de los combustibles, antes que construir una tregua integral. Si el alto el fuego energético no forma parte de una estrategia más amplia, podría proteger determinados intereses económicos sin reducir sustancialmente el sufrimiento de la población ucraniana. La asistencia militar estadounidense constituye otra variable decisiva. Determinados interceptores de los sistemas Patriot y otros equipos de alta complejidad dependen de los arsenales y las cadenas de producción de Estados Unidos. El mecanismo PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) de la OTAN permite, desde julio de 2025, que los aliados financien la adquisición de equipamiento estadounidense destinado a Ucrania. Sin embargo, no elimina la dependencia de las capacidades industriales ni de las decisiones políticas de Washington. La pregunta no es solamente si Estados Unidos continuará ayudando militarmente a Ucrania, sino también qué condiciones impondrá para esa asistencia y si utilizará su influencia para promover concesiones recíprocas o solo presionar principalmente a Kiev. Cuando la ayuda se vuelve incierta, las negociaciones pueden dejar de ser un proceso entre partes con capacidad de resistir y convertirse en una carrera para evitar el deterioro de la propia posición.
La flexibilización de las sanciones al diésel, la exigencia de un nuevo presidente ucraniano y la presión para detener los ataques contra instalaciones petroleras rusas transmiten un mensaje que debilita la confianza de Kiev en Washington.
La participación europea también plantea interrogantes. Europa está directamente afectada por la guerra, sostiene una parte importante de la asistencia económica y militar y deberá contribuir a cualquier sistema de garantías de seguridad. Una negociación sobre el futuro europeo de Ucrania que prescinda de los países europeos difícilmente podrá ofrecer un marco estable. Sin embargo, en las todavía inciertas negociaciones trilaterales que podrían celebrarse en noviembre en Emiratos Árabes Unidos, Europa posiblemente permanezca “sonoramente” ausente. No obstante, sería incorrecto considerar que Europa no hace nada.
La Unión Europea y varios de sus Estados miembros han aprobado nuevos recursos para defensa aérea, municiones, drones, guerra electrónica e infraestructura energética. Alemania, el Reino Unido y Francia han anunciado medidas adicionales de apoyo y cooperación industrial. El problema principal es la velocidad. La ayuda financiera no se transforma inmediatamente en sistemas operativos; producir interceptores y municiones requiere tiempo, mientras las necesidades ucranianas aumentan con cada nueva oleada de ataques.
La distancia entre los anuncios políticos y la llegada efectiva del material al frente o a las ciudades amenazadas continúa siendo decisiva. La flexibilización estadounidense de las sanciones al diésel dificulta, además, sostener una política occidental coherente. Si Europa intenta limitar los recursos rusos procedentes de las exportaciones energéticas mientras Washington facilita nuevas ventas, la presión conjunta pierde claridad. Esto no significa que las posiciones europeas sean uniformes ni que las sanciones carezcan de costos para quienes las aplican. Significa que cualquier modificación debe integrarse en una estrategia diplomática más amplia, con objetivos verificables y condiciones irrestrictas de reciprocidad.
Ucrania ya no depende exclusivamente de las armas occidentales. Su industria de defensa se ha transformado durante la guerra, especialmente en la producción de drones, sistemas de guerra electrónica, municiones y determinados misiles. Los ataques de largo alcance contra instalaciones militares, petroleras e industriales rusas forman parte de una estrategia destinada a imponer costos a Moscú y reducir su capacidad operativa. El ataque contra la terminal de Rostov se inscribe en esa lógica, aunque su oportunidad política quedó condicionada por el anuncio de Trump. Para Kiev, renunciar a esos ataques sin obtener una reducción equivalente de los bombardeos rusos supondría perder una herramienta de presión sin garantía de reciprocidad.
El desafío tecnológico e industrial continúa siendo enorme. Producir drones con rapidez no equivale a fabricar también rápidamente grandes cantidades de interceptores antiaéreos ni sistemas capaces de enfrentar ataques balísticos masivos. La defensa aérea sigue siendo uno de los principales cuellos de botella, precisamente cuando Rusia intensifica sus ataques contra ciudades e infraestructura energética. ¿Puede Ucrania continuar resistiendo y negociar en mejores condiciones? No existe una respuesta categórica.
Conserva capacidades militares, experiencia de combate, una industria de defensa en expansión y una red considerable de apoyo internacional. Rusia, por su parte, dispone de mayores recursos humanos e industriales y mantiene cooperación militar y tecnológica con Corea del Norte e Irán, además de profundizar su relación con China. Cabe preguntarse, frente al acuerdo energético, si Washington no está contribuyendo voluntaria o involuntariamente a mejorar también la posición económica rusa. El invierno será una prueba de resistencia para ambos países. Moscú pretende utilizar la destrucción de infraestructura y el agotamiento social como instrumentos de presión.
Ahora cuenta, además, con una oportunidad económica inesperada derivada de las decisiones de Trump. Ucrania necesita atravesar los meses más duros manteniendo operativas sus redes energéticas, sus ciudades y sus defensas. La negociación no debe plantearse como una alternativa moral entre continuar indefinidamente la guerra o aceptar cualquier condición para terminarla.
La pregunta decisiva es qué clase de paz se busca. Un alto el fuego que congele las líneas actuales no equivale a reconocer jurídicamente las anexiones rusas. Una negociación acompañada de garantías de seguridad tampoco es lo mismo que una salida que deje a Ucrania expuesta a una nueva ofensiva.
El acuerdo energético entre Trump y Putin, el reclamo estadounidense de un nuevo presidente ucraniano, los bombardeos rusos sobre Zaporiyia y Kiev y el ataque ucraniano contra la terminal petrolera rusa muestran que la diplomacia y la guerra avanzan en direcciones contradictorias. Mientras se habla de acuerdos, los contendientes siguen intentando modificar los costos y la capacidad de resistencia del adversario. Una paz duradera no puede descansar exclusivamente en la presión sobre Kiev. Requiere compromisos verificables de Rusia, garantías de seguridad creíbles para Ucrania y un marco diplomático que incluya efectivamente a los países europeos afectados. Si se exige a Ucrania que detenga sus ataques energéticos, también debe abordarse la campaña rusa contra la infraestructura eléctrica ucraniana.
Si se flexibilizan sanciones, debe explicarse qué concesión concreta y verificable obtiene Ucrania y la comunidad internacional a cambio. El invierno boreal de 2026-2027 no necesariamente decidirá quién gana la guerra, pero puede modificar las condiciones de las negociaciones posteriores. Si Ucrania consigue proteger una proporción suficiente de su infraestructura energética, mantener abastecidas sus ciudades, conservar sus posiciones militares y recibir un flujo regular de municiones y sistemas de defensa aérea, podrá llegar a la primavera con capacidad para continuar resistiendo y negociando. Si Rusia logra paralizar buena parte de la infraestructura, multiplicar las víctimas civiles y profundizar el agotamiento económico y social, la presión sobre Kiev probablemente crecerá. El dato más importante no será solamente cuántos kilómetros avance Rusia en el Donbas. También importará cuántos misiles pueda interceptar Ucrania, cuántos drones pueda derribar, cuánta electricidad pueda conservar, cuántas armas consiga producir y cuántos de los sistemas prometidos por Estados Unidos y Europa lleguen antes de que el invierno alcance su máxima intensidad. Pero se ha agregado otra variable fundamental: la credibilidad de la diplomacia estadounidense. Un acuerdo de suministro de diésel con Rusia, sin desescalada verificable, debilita la presión económica sobre Moscú. Exigir un nuevo presidente a Ucrania añade presión política sobre el país invadido.
Hacer ambas cosas mientras continúan los ataques contra ciudades y civiles alimenta la percepción de que se pretende obtener una paz rápida trasladando gran parte del costo exclusivamente a Kiev. La crítica a Trump no consiste en afirmar que negociar sea un error. La negociación es indispensable para terminar la guerra. La cuestión es si el camino elegido ofrece incentivos para que Rusia detenga la agresión o, por el contrario, le permite obtener beneficios económicos y políticos mientras mantiene la presión militar. Una paz que premie la coerción y carezca de garantías sólidas puede detener temporalmente los combates sin resolver las causas de la inseguridad. Ucrania necesita armas para negociar; Rusia intenta reducir esa capacidad para negociar desde una posición de fuerza; Europa busca aumentar su compromiso, aunque enfrenta problemas de velocidad y coordinación; y Trump procura presentar avances diplomáticos mientras prioriza también los costos energéticos para Estados Unidos. Los acontecimientos de estos últimos días han hecho más visible la contradicción entre esos objetivos. El invierno que se aproxima puede no ser el último de esta guerra, pero sí uno de los que más influyan en las condiciones de su desenlace. La paz no se medirá solamente por la firma de un documento, sino por su capacidad para detener los ataques, proteger a la población agredida y evitar que la guerra vuelva a comenzar cuando alguno de los contendientes considere que el equilibrio de fuerzas ha cambiado nuevamente a su favor.
*El autor fue embajador de la República Argentina en Ucrania
