Un derecho laboral común a todos
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El Gobierno asegura una y otra vez que en materia de reforma laboral optará por modificaciones por "sectores productivos", convocando para tal efecto a los sindicatos, empresarios y demás protagonistas de esas actividades para consensuar los cambios.
Se trata de un camino que puede resultar apelativo a las primeras tentaciones de la lógica -dadas las tradiciones que el país arrastra desde hace más de 70 años-, pero por poco que lo analicemos comprenderemos que si el Gobierno efectivamente se decide por tomarlo para modernizar la estructura jurídica que gobierna las relaciones laborales en la Argentina se encaminará a un error grueso y, lo que es peor, a la pérdida de una oportunidad histórica para reemplazar y, al mismo tiempo, hacer docencia sobre uno de los principales causantes de la decadencia argentina.
El peronismo logró convencer al país de que antes de argentinos y consumidores (las únicas dos características que nos engloban a todos por igual) somos lo que profesionalmente somos, es decir, el famoso país dividido por "ramas de actividad". A partir de allí, pugnó para que cada "rama" tuviera su propio "estatuto" profesional, es decir, un orden jurídico propio, distinto del aplicable a otros argentinos y con características propias que lo convertían en un "derecho especial". Así, el orden jurídico argentino está hoy compuesto por un enjambre de "estatutos" ad hoc, contradictorios unos de otros, que plantan privilegios por actividad que aumentan los costos y que impactan de modo directo en los bolsillos de los ciudadanos, incluidos, desde ya, aquellos que creen beneficiarse de las disposiciones de "su" estatuto.
La economía argentina tiene un enorme problema de costo de productividad, y por este camino el país nunca podrá convertirse en lo que el Presidente llama "el supermercado del mundo". Porque para serlo debe tener precios atractivos que hagan que los consumidores mundiales elijan entrar al "supermercado" argentino antes que al chileno, al mexicano, al brasileño, al francés, al uruguayo o, incluso, al chino. Esos precios no van a lograrse por la vía de mantener un país dividido por "ramas de actividad", en donde cada rama le endilga al pobre árbol un peso enorme medido en costos específicos derivados de los estatutos ad hoc.
La manera de lograr precios competitivos para que nuestro "supermercado" sea más atractivo que el de nuestros competidores mundiales es terminar con los costos agregados inventados por los estatutos por rama de actividad.
Se trata de una concepción filosófica, de una manera de ver el mundo y de organizar el derecho. Cuando éste se aleja de la legislación común para toda la ciudadanía y comienza a inventar leyes especiales que le serán aplicables a distintos sectores según cuál sea su actividad, el costo se multiplicará estratosféricamente y el país no podrá competir.
Al no poder competir, nuestros productos se venderán menos, y al venderse menos, las empresas tendrán menos trabajo, obligando a elevar los precios internos, que castigarán al consumidor local, que tendrá un doble efecto negativo sobre sus espaldas: poco trabajo y precios caros.
Es hora de que Cambiemos comience a explicar esto. En lugar de sentir un miedo pánico por ir en contra de la cultura peronista de la "rama de actividad" y aclarar que si hace reformas en materia de legislación laboral las hará "por sector", debe explicar que, precisamente, esa concepción del país dividido por ramas profesionales es lo que no ha destruido, y que debemos desesperadamente ir hacia un concepto de derecho laboral común; es más: que deberíamos ir hacia una concepción de derecho general común aplicable a todos los argentinos por igual para que nuestra única característica común (la de ser consumidores) no cargue con los costos de mantener privilegios profesionales ajenos que, además, neutralizan los que creemos recibir por las "conquistas" de nuestro propio estatuto.
Los constituyentes fueron muy inteligentes en declarar en la Constitución que en la Argentina no existían los fueros especiales. Debieron ir un paso más y prohibir las leyes especiales; obligar al país a manejarse con un derecho común aplicable a todos por igual y alejado de las excepcionalidades profesionales, que no hacen otra cosa que atentar contra el empleo, aumentar los costos, fundir a las empresas y destruir al consumidor.ß
e y Espacio Público de la ciudad, que no hace nada. Es más: el ministerio se encuentra a 300 metros de donde ponen las parrillas, y no es gente humilde con una única fuente laboral, sino que claramente son inescrupulosos y mafiosos, ya que hemos visto que bajan la comida y la bebida de camionetas último modelo, con las nuevas patentes. Señor ministro, jefe de gobierno, ¿qué esperan para tomar medidas? Además, al lado de las brasas de las parrillas hay autos y motos estacionados. Una chispa puede generar allí una tragedia.
