Un proyecto para el país anhelado
La educación es, en nuestro país, un tópico de general referencia que todos convocamos como una materia que requiere políticas de Estado y frente a la cual siempre reconocemos estar en deuda. Se la transita en los debates electorales y se la elude en la gestión. Durante el año, son las provincias las que afrontan el desafío diario de hacerla realidad, mejorarla y optimizar recursos escasos, priorizándola sobre otras erogaciones, también importantes pero menos vinculadas con el futuro.
Y ese esfuerzo silencioso, cotidiano y callado vuelve a salir a la luz y a estar en la agenda nacional, frente al conflicto, una vez al año, todos los años. Y allí, al renacer el reclamo salarial, salen a la luz las asimetrías en los recursos y en las calidades. Sin embargo, la puja por los porcentajes y las cifras deforma la mirada y altera el orden racional de los debates. Se dice que el reclamo es mezquino, ya que en la demanda de incremento salarial no se incluyen pretensiones que atiendan la calidad, la cantidad de clases, la metodología y todos los temas que hacen al quehacer pedagógico.
Y, en esa deformación, pagamos el precio del tratamiento coyuntural de un tema estructural. La educación no es sólo un tema lustroso para incluir en plataformas, es una acuciante necesidad de cualquier nación que se quiera proyectar con felicidad hacia su futuro. Pero no es un tópico que enfrente dialécticamente las demandas salariales con las exigencias educativas.
Es que cualquier planificación de reformas en los medios y en los fines del proyecto educativo debe comenzar con la debida retribución de los docentes. Ninguna construcción puede hacerse sobre las angustias de la supervivencia ni demandando vocaciones de entrega aún mayores que las que ya supone la tarea docente. Un salario digno permite pensar, formarse, planificar y darse al alumno, en esa mirada no hay mezquindad, sino realismo.
Y hablar de salarios docentes es también encarar el problema del financiamiento educativo. La lucha de la Carpa Blanca posibilitó que contáramos con una ley de financiamiento educativo que constituyó un paso adelante, pero que ha quedado desactualizada y cuyos guarismos de inversión educativa no se corresponden con las necesidades que exige un proyecto de crecimiento integral del país. Por eso en el Senado de la Nación hoy está en debate la modificación de la ley de financiamiento educativo. Es una manera más estructural de abordar también la problemática salarial y superar la contienda coyuntural con sustentos financieros y debida distribución jurisdiccional, evitando las reincidencias anuales. Y es también una ocasión inmejorable para discutir los proyectos educativos a financiar, como, por ejemplo, nacionalizar la exitosa experiencia de mi provincia, San Luis, de las escuelas innovativas.
Como dijimos al comienzo: les debemos a los maestros una retribución digna y nos debemos a nosotros satisfacerla, para así enfrentar y no eludir la sólida construcción de un proyecto educativo para el país que anhelamos.
Senadora. Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Senado de la Nación
