Una selección que debe ser transparente
Hace pocos días Amnistía Internacional se reunió con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano , preocupada por la forma en que se designan candidatos para ocupar altos cargos en organismos internacionales de protección de derechos humanos. Los procesos vigentes carecen de estándares elementales de transparencia, publicidad y participación ciudadana.
Ésta no es una preocupación abstracta. Por el contrario, a mediados del mes de marzo, el Estado argentino propuso un candidato para ocupar una vacante en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su postulación, que no fue sometida a consulta pública, fue posteriormente cuestionada por más de 45 organizaciones de la sociedad civil y más de 50 académicos de diversas orientaciones políticas. Incluso, nada menos que dos ex presidentes de la CIDH, Juan Méndez y Robert Goldman, solicitaron al Estado argentino que revea su candidatura.
Desde hace años, Amnistía viene recomendando a los Estados la importancia de hacer públicos los cargos disponibles para ser cubiertos por cada país a nivel internacional y difundir los antecedentes de los candidatos con apoyo oficial, así como asegurar la equidad de género en la selección de los candidatos. En la Argentina esto fue receptado por el decreto 222/2003 para la selección de los integrantes de la Corte Suprema y altas autoridades judiciales.
Con un amplio consenso de la sociedad civil y la comunidad política, dicha norma sentó las bases para un procedimiento público, abierto y participativo, que logró dotar de mayor transparencia y calidad institucional el proceso. Precisamente, Amnistía Internacional le propuso al ministro Garavano que los estándares del decreto 222/03 sirvan como guía para repensar los procesos de selección de candidatos para integrar espacios internacionales de derechos humanos.
La idoneidad de los candidatos tiene un alto impacto en el funcionamiento de las instituciones. Nuestra experiencia muestra que la calidad del trabajo de los comités de tratados, relatorías, comisiones y tribunales regionales o internacionales se ve negativamente afectada cuando sus miembros no son expertos genuinos en el campo de los derechos humanos ni especialistas en el área de trabajo del organismo en cuestión.
Asimismo, resulta vital que los estándares no se limiten sólo a criterios de transparencia: deben incorporar también los conflictos de intereses. En primer lugar, se debe garantizar que quien resulte elegido ejerza sus funciones a título personal y no esté influido por ningún Estado durante su mandato. En segundo lugar, no se pueden nombrar candidatos que tengan una posición, paga o no, dentro de la esfera del Poder Ejecutivo o que cumplan cualquier otra función que pueda comprometer la independencia de su labor.
Un gobierno que pondera la transparencia debe hacer de ella una política transversal. Transparencia también es generar procesos públicos, abiertos y participativos para la evaluación de los méritos de los candidatos a ocupar cargos internacionales. Los organismos internacionales son actores clave en la construcción de la democracia y el respeto de los derechos humanos a nivel mundial. El fortalecimiento de la labor cotidiana y la legitimidad de sus decisiones requieren que el Estado argentino asuma el compromiso de promover procesos de selección que garanticen la idoneidad técnica y la independencia de sus candidatos o candidatas.
Directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina
