Urge una solución al conflicto mapuche

El Parque Nacional Nahuel Huapi -el primero del país, creado en 1934 a partir de una donación de tierras del perito Francisco Moreno de 1903- es una muestra representativa de los ecosistemas andinonorpatagónicos y una de las áreas naturales protegidas más importantes de la Argentina. Su gestión racional es un gran desafío no sólo para la conservación de la biodiversidad; en ellos se garantiza la diversidad cultural y el desarrollo sostenible de las comunidades locales.

La Constitución Nacional ampara los derechos y garantías de todos, sin distinciones, y reconoce la preexistencia étnica y cultural de pueblos indígenas que hoy están, en su mayoría, integrados a la sociedad, trabajando pacíficamente y respetando las leyes. No es el caso de la comunidad Lafken Winkul Mapu (LWM) en Villa Mascardi, Río Negro, que desconoce la soberanía argentina sobre el Parque Nacional.

El concepto de nación implica una visión compartida de la historia, del presente y del futuro, y también el respeto a las diferencias. Ninguna de estas condiciones se cumple. En un lado de esta grieta –otra más-, están quienes sostienen que el mapuche es un pueblo originario de la Patagonia -mucho antes de que existieran la Argentina y Chile- que sufrió un genocidio y fue despojado de su cultura, sus costumbres, su espiritualidad y sus territorios mediante un plan de tres pasos: el primero fue construir un estereotipo por el cual los indígenas eran considerados una amenaza para la seguridad de las personas, la propiedad privada y la Nación. El segundo fue la violencia abierta hacia esos pueblos por el mero hecho de ser lo que eran, y el tercero, el silenciamiento. Plantean que el propio Perito Moreno participó del genocidio y que en el Museo de La Plata mantuvo esclavizados a mapuches. Aseveran, además, que las distintas causas judiciales son armadas y los intentos de poner orden son represión, por lo que, hasta que el Estado no reconozca integralmente su preexistencia y le restituya sus derechos, el conflicto seguirá.

Del otro lado, están quienes aseveran que este accionar de falsos mapuches no es espontáneo ni aislado sino orquestado, que son meros okupas o delincuentes que deberían ir presos y otras consideraciones similares. Se basan en usurpaciones, incendios intencionales y saqueos de bienes públicos y privados, agresiones a lugareños y turistas, reiterados cortes de la ruta nacional 40 -un flagrante delito federal-; y otras acciones que impiden el sacrificado y necesario trabajo de los guardaparques. Estos hechos, además, acarrean un enfrentamiento entre hermanos, ya que desde la comunidad Wiritray Relmü Lafken plantean que jamás el mapuche se esconde cobardemente detrás de una capucha.

El Presidente de la nación manifestó su sueño de una Argentina unida. Unión que no será posible si se ideologiza el conflicto y se plantea, como lo hacen algunos funcionarios, como una lucha de clases

Garantizar la paz social y reducir tensiones debe ser prioridad del todo gobierno. En varias oportunidades, el Presidente de la nación manifestó su sueño de una Argentina unida. Unión que no será posible si se ideologiza el conflicto y se plantea, como lo hacen algunos funcionarios, como una lucha de clases. Al respecto, el secretario de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks, dijo que "el problema es de la tierra [...] existen propiedades privadas muy ostentosas -concepto de moda- … en la zona más cercana al lago Gutiérrez y también deben ser parte de la discusión". Quizás se refería a la hostería El Retorno.

Preconceptos generalizadores desincentivan llevar adelante políticas que permitirían corregir la falta de equidad. El gobierno debe mantenerse neutral y actuar con firmeza, rapidez y objetividad. Denunciar penalmente a algunos por una posible comisión de los delitos y al mismo tiempo hacer la vista gorda a delitos ciertos que cometen otros, en nada contribuye a la solución del diferendo.

Sumando al Consejo Intercultural de Comanejo, que trabaja en la administración compartida de los territorios de las comunidades, y con el objetivo de encontrar soluciones consensuadas y pacíficas, se firmó tiempo atrás un convenio que creaba una "mesa para la resolución de conflictos territoriales con los pueblos originarios". Conflictos que difícilmente se resuelvan con actitudes como la de la comunidad Lafken Winkul Mapu, que plantea que serán ellos quienes decidan si dialogan o no, cuándo y qué temas van a conversar. En nuestro país se deben cumplir la Constitución y las leyes más allá de clases sociales, pertenencias ideológicas u orígenes, sagrados o no.

El problema excede a la sustentabilidad de las áreas protegidas. Vivimos un estado de derecho. Es tiempo de pasar de la retórica a la práctica. Viendo que el cumplimiento de la ley como salida al conflicto no funciona y, ante el fracaso de los métodos espontáneos de "carácter comunitario" para resolver este conflicto de derechos, hay que explorar métodos alternativos de resolución de conflictos que pongan final cierto al diferendo en una fecha cercana, como arbitrajes, conciliaciones o mediaciones interculturales obligatorias, como las usadas con pueblos originarios andinos o amazónicos del Perú.

¿Se convertirá el Parque Nacional Nahuel Huapi, en un terreno recuperado por la resistencia mapuche? ¿Seguirá el conflicto hasta expulsar al winka intruso de la Patagonia? ¿Qué sucedería si descendientes de querandíes y pampas tomaran Plaza de Mayo invocando territorios "sagrados" y reclamando derechos ancestrales?

Experto en sustentabilidad, exdirector general de la Comisión de Ecología de la Legislatura porteña