1
A 20 años del atentado de Río Tercero
El periodista de LA NACION que cubrió de cerca el caso recuerda el entramado judicial tras el hecho que el 3 de noviembre de 1995 mató a siete civiles e hirió a centenares por las explosiones en la Fábrica Militar de esa ciudad cordobesa
1 minuto de lectura'
LA NACIONJorge Urien Berri
A Dominga Sandrone le dicen Pochola en Río Tercero y aún hoy, a sus 88 años, le reconocen un formidable espíritu y el don de la organización. El viernes 3 de noviembre de 1995 debía llevar la imagen de la Virgen de Schoenstatt a la Fábrica Militar, a las 9, con su esposo Ricardo.
Pero a las 8.20 tuvo la feliz idea de llamar para reconfirmar la hora. "Justo ahora estaba buscando su número de teléfono. Me han pedido que no vengan a las 9 sino a las 10 o a las 10.30 -le respondió una secretaria- porque aquí hay una reunión y las reuniones siempre se demoran". Pochola respondió que irían a las 10.
No pudo cumplir y ella y Ricardo salvaron sus vidas porque a las 9.08 comenzó a estallar la fábrica militar más grande del país con la primera de las cinco explosiones que destruyeron parte de la ciudad cordobesa -barrieron de cuajo tres barrios-, mataron a siete vecinos e hirieron a centenares, todos civiles.
Veinte años se cumplen de aquel infierno en el que estallaban los polvorines repletos de municiones y los proyectiles de cañones, obuses y morteros llovían sobre la ciudad. No explotaban pero herían, amputaban y mataban. Fue el tercer atentado del decenio menemista luego de los de la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994, y a diferencia de estos tiene cuatro condenados, todos oficiales del Ejército que revistaban en Fabricaciones Militares.
Tuvieron que transcurrir casi veinte años para que en septiembre pasado el Gobierno promulgara la ley que fija las indemnizaciones para 10.691 personas damnificadas.
Fue el tercer atentado del decenio menemista luego de los de la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994
Aquel viernes pocos riotercerenses sabían que los proyectiles que caían correspondían a un último embarque clandestino de armas del Ejército a Croacia que no pudo partir porque la Justicia ya investigaba aquellos envíos. Y ni siquiera suponían, igual que todos los argentinos, que lo que parecía un accidente fue un atentado de compleja planificación y más difícil ejecución realizado para ocultar pruebas del contrabando del armas del Ejército a Croacia y Ecuador, concretado entre 1991 y 1995.
En la causa de las armas se documentó que en la Fábrica Militar de Río Tercero se concentraba el armamento de unidades del Ejército. "De allí partían hacia el puerto de Buenos Aires. Era innegable la relación entre el atentado y ese hecho", dice Carlos Alberto Lobos Oroño, quien cumplió un importante papel como uno de los abogados de la querella de la Aduana en la causa de las armas por la que se condenó por contrabando, entre otros, a Carlos Menem.
En el caso de Río Tercero, la sentencia del juicio oral del 23 de diciembre del año pasado por el atentado responsabilizó al poder político de entonces. Sin embargo, el ex presidente Carlos Menem fue sobreseído antes del juicio, igual que el ex jefe del Ejército, general Martín Balza. La querella a cargo de los abogados Ricardo Monner Sans, Horacio Viqueira y Aukha Barbero apeló los sobreseimientos ante la Cámara de Casación.
Los tres abogados de la querella continúan la labor de Ana Gritti, abogada y viuda de una de las víctimas fatales, única querellante hasta su muerte hace pocos años. Sus hijas María Eugenia y María Julia son las actuales querellantes. Sin Ana Gritti el caso se habría cerrado hace diez años como un mero accidente fabril, tal como lo aseguró Menem cuando viajó a la planta el mismo día de los hechos y sin consultar a los jefes aleccionó a los periodistas: "Fue un accidente, no un atentado, y ustedes tienen la obligación de decirlo".
Tras casi veinte años el Gobierno promulgó la ley que fijó las indemnizaciones para 10.691 damnificados
Ana Gritti no le creyó y comenzó a investigar. Sufrió soledad, amenazas de muerte y las trampas judiciales de la justicia federal de Córdoba, como un peritaje en el que alguien sembró polvo de aluminio en un tambor con trotyl para que estallara al lanzarle una colilla. El perito de parte Alfredo Hraste descubrió la maniobra y la denunció.
Los condenados por el atentado son los coroneles retirados Carlos Franke, ex jefe de las plantas de Fabricaciones Militares; Jorge Cornejo Torino, ex jefe de la fábrica cordobesa, y Edberto González de la Vega, ex integrante del Comité de Comercialización de Fabricaciones Militares, los tres a 13 años de prisión, y el mayor retirado Marcelo Gatto, ex director de Producción Mecánica de la planta, a diez. A los tres coroneles también se los había condenado antes por el contrabando de armas. Ninguna condena se hizo efectiva pues las defensas han apelado ante Casación.
Omar Gaviglio estaba a cargo de la Planta de Carga de la fábrica, el sitio donde comenzó un extraño raro incendio poco antes de las explosiones. La justicia quiso procesarlo, pero Gaviglio probó su inocencia y se convirtió en uno de los principales testigos. "Faltan Menem y Balza. Ninguno de los condenados pudo hacer aquello por sí solo", sostuvo Gaviglio.
Últimas Noticias
Actividad legislativa. Qué son las sesiones ordinarias y extraordinarias en el Congreso
Día y horario. Cuándo es el discurso de Milei en la apertura de sesiones del Congreso
