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A pesar de la explicación oficial, la oposición avanzó con la derogación de la polémica norma
Inició el debate por la ley antiterrorista en Diputados; prevén que el oficialismo lo frenará
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LA NACIONLaura Serra
El oficialismo brilló por su ausencia en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. No obstante, la oposición en solitario avanzó ayer en un dictamen en minoría que propone derogar la polémica ley antiterrorista, una jugada política que difícilmente pueda prosperar frente la mayoría kirchnerista en el Congreso.
Este gesto de la oposición surgió luego de que la presidenta Cristina Kirchner amenazara, la semana pasada, con aplicar la ley antiterrorista contra la empresa gráfica Donnelley, por su quiebra presuntamente fraudulenta. Sin embargo, sugestivamente el Gobierno dio ayer marcha atrás con la embestida debido a una "confusión": el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, debió aclarar ayer que, en realidad, no es la ley antiterrorista la que se pretende instrumentar, sino la de quiebra fraudulenta.
Sin importarle las aclaraciones oficiales, la oposición avanzó igualmente ayer en su estrategia para derogar la norma: hubo apoyo de la UCR, GEN, la Coalición Cívica, Pro, Libres del Sur y el Frente de Izquierda. El Frente Renovador, con la presencia de Adrián Pérez y Oscar Martínez, adhirió a la propuesta general, pero propuso que en el dictamen se retomara el tipo penal anterior a la sanción de la ley antiterrorista. La única ausente fue la puntana Ivana Bianchi, que responde a los hermanos Rodríguez Saá.
"El Gobierno planteó que la ley era una exigencia del Grupo de Acción Financiera (GAFI) para combatir el lavado de dinero, pero la realidad demuestra que es utilizada para reprimir", arrancó la presidenta de la comisión, Patricia Bullrich (Unión Pro).
Desde el radicalismo, Manuel Garrido enfatizó que esta ley "es una afrenta a los derechos humanos y a la Constitución" al tiempo que "va en contra de los pactos internacionales". "Es una ley con sesgo autoritario que no sirve para combatir el terrorismo. Es por ello que vamos a acompañar el dictamen para derogarla", agregó el también radical Luis Petri.
También apoyó el dictamen el diputado Pablo Javkin, de la Coalición Cívica. "El verdadero objetivo de la ley antiterrorista es la persecución de la protesta social", advirtió.
En el mismo sentido se pronunció Victoria Donda (Libres del Sur). "Desde el primer día sostuvimos que la ley, por su inexplicable amplitud e imprecisión, abre las puertas a un total avasallamiento de garantías constitucionales. Primero se intentó aplicarla a ambientalistas de la localidad catamarqueña de Belén contra de la minera Alumbrera (Agua Rica). Luego se intentó aplicársela al periodista santiagueño Juan Pablo Suárez, pero el mismo fiscal volvió atrás debido al masivo rechazo que generó", explicó.
Desde Pro, Laura Alonso alertó sobre que esta norma "busca cercenar la libertad de expresión, la libertad de prensa y la libertad de empresa". "Va en contra de la Constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos", enfatizó.
Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer (GEN) apuntó directo al Frente Renovador, de Sergio Massa. "Bienvenidos aquellos que votaron la ley antinterrorista en su momento, pero que ahora como atacaron a una empresa se dan cuenta que la ley es mala", acicateó.
En tanto, el diputado Claudio Lozano (Unidad Popular) sostuvo que la ley antiterrorista debe ser derogada "no por el particular temor empresario al presente gobierno, sino por el carácter represivo que esta norma plantea para el conjunto de la sociedad".
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