Abuso sexual infantil: hablar es empezar a prevenir

El Congreso aprobó ayer una reforma al Código Penal de la Nación para que cualquier persona pueda denunciar un hecho de abuso sexual sobre un menor de edad, sin la necesidad de que los padres o tutores ratifiquen esa denuncia.

La reforma representa un paso firme en el camino para garantizar el goce pleno de los derechos de la infancia. Según las estadísticas, 7 de cada 10 agresores sexuales son personas del ámbito familiar del niño, niña o adolescente; y el 67% de los hechos ocurren en el hogar de la víctima, del agresor o de un familiar.

Los números surgen del trabajo en común entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y de Unicef, a partir de la campaña nacional que buscó concientizar a la población respecto al abuso sexual infantil y divulgar la línea telefónica nacional de denuncia y asesoría: 0800-222-1717.

La campaña nació con el objetivo de que cada vez más adultos intervengan en la prevención y observación de los derechos de las niñas y niños a vivir una vida libre de violencia; el objetivo fundamental de la línea es que la víctima se encuentre a resguardo, y de este modo, reducir las secuelas del daño.

A punto de cumplirse dos años de la implementación de esta política pública, las primeras estadísticas de la historia a nivel nacional con las que cuenta nuestro país reflejan que desde noviembre de 2016 a julio de 2018 se atendieron 7832 llamados. El 65 % de las víctimas eran niños o adolescentes, de las cuales 7 de cada 10 víctimas son niñas menores de 18 años.

Cuando se analiza el género y edad, se desprende que la proporción de víctimas de sexo femenino se incrementa en la medida que aumenta la edad, a diferencia de lo que ocurre en los niños. La forma más frecuente de victimización sexual es el tocamiento, y luego el abuso sexual con acceso carnal por cualquiera de las vías.

En este orden de ideas y, avanzando en el cambio de paradigma en el derecho penal que da lugar a que la palabra de la víctima sea escuchada, en el año 2017 se sancionó la Ley 27.372 de Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos, que viene a reforzar el marco normativo de protección de derechos para los afectados por los delitos. En tal sentido, dentro de la cartera de Justicia, se creó la Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas que, que a través del nuevo Centro Nacional de Asistencia a las Víctimas (Cenavid), incorpora las líneas y programas de atención y acompañamiento para las víctimas de delitos, brindando asesoramiento jurídico, psicológico y social.

A pesar de los avances, tanto normativos como en las políticas públicas, todavía el Estado tiene una deuda pendiente con la infancia a la hora de agilizar los tiempos de intervención y protección ya que, aunque se han incorporado nuevas tecnologías para la declaración en cámara Gesell de las niñas y niños víctimas, aún existen dependencias donde los registros se encuentran en voluminosos expedientes en papel o no cuentan con personal capacitado para la atención de estas víctimas; hechos que profundizan la revictimización y dilatan el proceso penal, sin la sanción del responsable. Aún hoy, la palabra de los niños debe ser validada por un adulto.

Los ciudadanos tienen que sentirse respaldados por la máxima estructura social, de este modo tendrán la tranquilidad de que sus problemas son escuchados y atendidos por el Estado. Visibilizar el abuso sexual infantil es un primer paso fundamental, seguido de otros, como modificar el marco normativo, generar un sistema único de datos, optimizar la cooperación entre instituciones y especialmente ofrecer espacios adecuados de denuncia para que todos sean escuchados. Hablar es empezar a prevenir.

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La autora es subsecretaria de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación