Acciones para revertir el declive institucional

El caso Halabi importa un destacado avance en materia de defensa de derechos fundamentales, tanto por la creación de un nuevo remedio procesal, la "acción de clase", como por la amplitud con que protege el derecho a la intimidad.

Para ello, la Corte retoma su argumentación del caso Siri (1957), que importó el reconocimiento del amparo, comienza reafirmando su papel en la búsqueda del acceso a la justicia frente a la violación de todo derecho, sobre la base del reconocimiento de intereses individuales homogéneos, cuya defensa requiere la prueba de los recaudos que precisa la sentencia.

La generalidad del marco normativo encaminado a intervenir las telecomunicaciones sin la participación de un juez es violatorio de la privacidad del demandante y por el interés en juego afecta de igual manera a los demás individuos que integran la categoría de abogados, que luego el fallo extiende a todos los usuarios del servicio.

La garantía de la seguridad, señala la Corte, "está condicionada por el respeto de los derechos fundamentales de los individuos y a la observación de los procedimientos conforme a Derecho con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en la misma".

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El doctor Ricardo Lorenzetti acaba de reafirmar su autoridad como cabeza de uno de los poderes del Estado, al expresar la necesidad de mayor celeridad, en particular en los procesos por delitos de lesa humanidad y de naturaleza previsional.

A éstos, deberíamos agregar los juicios en los que se investigan eventuales actos de corrupción de funcionarios públicos, fenómeno que por su magnitud constituye una de las asignaturas pendientes de la democracia argentina.

Los argentinos asistimos a un espectáculo de obscena impunidad que libera de culpa y cargo a las autoridades de la República, a partir de juicios interminables, que redundan en una suerte de premio para quienes habrían actuado en contra de los intereses de la Nación.

Este espectáculo se agrava más aún, ya que no sólo se permiten maniobras dilatorias que tornan imposible la aplicación de sanciones, sino que en ocasiones los magistrados se declaran incompetentes en determinadas causas, como ha pasado recientemente con las denuncias de que ha sido objeto el diputado Carlos Kunkel.

Otra asignatura pendiente es la electoral. La gestión de los comicios ha perdido credibilidad y ello se ve avalado por los serios hechos ocurridos en las últimas elecciones.

La boleta única constituye una medida adecuada que tornará muy dificultosa la realización de maniobras fraudulentas.

Asimismo, se deben reformar las instituciones de control, tomando el exitoso antecedente costarricense, centrado en un organismo que concentra todos los actos que hacen a la organización, fiscalización, escrutinio, etcétera.

En nuestro medio podríamos por vía legislativa fortalecer a la Cámara Nacional Electoral, que ha tenido un positivo desempeño a pesar de su debilidad institucional y de medios.

Además, urge retirarle al Ministerio del Interior sus potestades electorales -único caso en América latina en que éste actúa como juez y parte en el proceso- y asignarlas a un ente autónomo que tenga una composición plural en la que también esté representada la sociedad civil.

A partir de estas concreciones podremos ir revirtiendo el inquietante declive de nuestra República.