Acuerdo para prolongar el "paraguas"

El gobierno argentino intenta, en estos días, acordar con Gran Bretaña la firma, durante el próximo mes, de un tratado que podría otorgarle un nuevo status a las islas Malvinas. Diplomáticos argentinos creen que hay señales firmes del gobierno inglés que permiten suponer que la firma de ese acuerdo podría hacerse, en efecto, en los próximos treinta días.

En realidad, el borrador del acuerdo está virtualmente terminado y podría, incluso, firmarse durante la visita de Menem a Londres, la semana próxima. Pero esto no sucederá; más bien, es casi nada lo que pasará en torno de las Malvinas durante el viaje del presidente argentino, salvo algunos párrafos en sus conversaciones con Tony Blair, que ya están acordados hasta en sus silencios.

El tratado crearía un paraguas sobre la soberanía por un período de 20 años, renovables al final de ese período por otras dos décadas, y permitiría la instalación de algunos símbolos argentinos en las islas, como la bandera nacional y otros que no han trascendido.

Mientras tanto, el gobierno británico se comprometería a intensificar el diálogo entre los isleños y la administración argentina, de manera que cualquier solución posterior no choque con la insalvable negativa de los habitantes de las Malvinas.

Los diplomáticos argentinos habrían puesto especial énfasis en respetar en el tratado a los isleños, que se han convertido en el más grande obstáculo para cualquier acuerdo. Desde ya, los isleños no sentirán ningún cambio después del tratado porque nada cambiará, salvo la presencia de la bandera argentina en algunos lugares, como en el cementerio, pero no en todas partes.

El gobierno argentino asegurará en el acuerdo que, sea cual fuere la solución futura al conflicto de soberanía, ella pasará necesariamente por el respeto a la cultura, a la forma de vida y al sistema político de los isleños.

Esta negociación (que lleva por lo menos dos años y fue comandada personalmente por Guido Di Tella durante la administración conservadora de John Mayor) está rodeada de un hermetismo casi infranqueable.

"No vamos a decir una sola palabra sobre esta cuestión porque está en juego el interés nacional", repiten en casi todos los niveles de la cancillería argentina.

Temores diplomáticos

El mayor temor de la diplomacia nacional es que un trascendido sobre las tratativas actuales motive una inmediata convocatoria del Parlamento británico al canciller de ese país para que suministre información y explicaciones."Las negociaciones, en el estado actual, son secretas y el canciller no puede mentir en el Parlamento de Londres", han explicado aquí.

El canciller argentino se ha movido en estas negociaciones sólo con cuatro funcionarios al tanto de la cuestión.

Son ellos: el vicecanciller Andrés Cisneros, que encabezó la delegación argentina en muchas reuniones; y los embajadores en Suiza, Guillermo Enrique González; en Londres, Rogelio Pfirter, y en París, Archibaldo Lanús, aunque este último en menor medida y sólo porque en esa ciudad se hicieron algunas de las reuniones reservadas entre argentinos e ingleses.

La oposición argentina fue sondeada varias veces, con el ofrecimiento de que el acuerdo fuera firmado por los dos grandes partidos, pero aún los que conocen los entretelones del tratado prefieren conservar el silencio.

En verdad, los dirigentes opositores fueron comprometidos (antes de explicarles nada) a mantener una estricta cláusula de confidencialidad, que ellos han respetado.

Se sabe, por lo pronto, que los dirigentes aliancistas al tanto de todo son el ex presidente Raúl Alfonsín y Chacho Alvarez; los candidatos presidenciales, Graciela Fernández Meijide y Fernando de la Rúa, prefirieron aislar este caso de la competencia electoral.

La oposición se desliza con cautela, aunque optó en todos los casos por una posición más bien crítica a los probables acuerdos.

La cancillería argentina ha insistido ante los dirigentes aliancistas en establecer el conflicto con Gran Bretaña por las islas Malvinas como una "política de Estado", es decir, bajo la protección de acuerdos básicos entre las dos principales fuerzas políticas, más allá de las diferencias partidarias.

Hace poco, Alfonsín puso el grito en el cielo cuando se intentó llevar esta cuestión a una reunión ampliada de líderes radicales para sazonarla con la interna partidaria.

Ya el radicalismo sobrelleva una disputa en ciernes entre los distintos especialistas en política exterior con filiación en ese partido.

El propio embajador inglés en Buenos Aires se aproximó al tema, hace pocas semanas, en un diálogo con De la Rúa y, sin hacer mención específica a nada, lo interrogó sobre su opinión acerca de instalar una "política de Estado".

De la Rúa lo despachó con una frase evasiva:"No conozco la agenda de Londres", respondió el jefe radical.

Un enviado secreto de Tony Blair recorrió hace poco todo el espinel de la oposición argentina y, sin suministrar detalles ni precisiones, midió el clima de los dirigentes argentinos que no militan en el partido oficial.

No obstante, una cláusula del eventual tratado sobre las islas Malvinas contemplaría la posibilidad de un cambio brusco de opinión del gobierno argentino, causado por un triunfo electoral de la oposición.

El primer aspecto en discusión ronda sobre la seriedad de las negociaciones planteadas por la cancillería argentina.

Algunos referentes radicales en materia de relaciones exteriores creen ver más "voluntarismo" de Di Tella que contenido serio.

"Si por seriedad se entiende que hay un interlocutor válido y una negociación en marcha, la cuestión es seria, lo que no significa que sea buena y que se vaya a concretar", ha dicho en cambio otro importante exponente aliancista en relaciones internacionales que no descarta el "mal síndrome del negociador enamorado de la negociación".

El principal temor a la frustración surge de que el tratado deberá ser aprobado luego por el Parlamento británico, que ya rechazó dos veces, en las últimas décadas, distintas propuestas de acuerdo del gobierno de Londres con la Argentina por las islas Malvinas.

Principales objeciones

Las dos grandes objeciones de la oposición argentina al tratado pueden resumirse de esta forma:

• El tratado no prevé nada específico para después de los primeros veinte años, salvo la ampliación del paraguas por otros veinte años. Deducen que si se usaran esos cuarenta años sin mencionar la soberanía, más los diez que ya lleva la Argentina sin tocar ese tema, se habrá cumplido al final de todo medio siglo de "status quo", una situación que beneficia siempre a quien tiene la posesión.
• Si la solución final quedara condicionada al previo beneplácito de los isleños, los dirigentes opositores están convencidos de que esa aprobación no sucederá nunca.

Otra disidencia entre los propios opositores refiere a la actitud de ellos frente a la negociación encarada por el Gobierno.

Algunos dirigentes, sobre todo radicales, creen que cualquier acercamiento con la administración por el tema Malvinas debe ser descartado, porque no les agrada el posible acuerdo y porque temen un renacimiento del reeleccionismo de Menem.

Otros, que provienen sobre todo del Frepaso, elaboran la tesis de trabajar un acuerdo interpartidario sobre esta cuestión.

"Si los argentinos, peronistas y aliancistas, no nos podemos poner de acuerdo sobre qué hacer con las Malvinas, más vale que renunciemos a ellas", exponen.

Estos no descartan una nueva pretensión reeleccionista de Menem a propósito del acuerdo con Londres (y ya comenzó una intensa campaña pública por su situación internacional), pero directamente no creen en la viabilidad jurídica ni política de ese proyecto.

Interrogantes

Un último interrogante opositor es saber la razón por la que el tratado no se firmará durante la inminente visita de Menem a Londres.

"El tratado está para ser firmado pasado mañana", afirmó un diplomático argentino.

En ese caso, y es sólo para evitar una de las capitales del conflicto, debería descartarse también a Buenos Aires como sede de la firma.

Dirigentes opositores al tanto de las negociaciones comienzan a barruntar que la firma del acuerdo podría tener como sede a una tercera capital, tal vez Washington.

Por Joaquín Morales Solá

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