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Acusaron al juez Bonadío de violar la libertad de expresión
La Cámara falló en favor del periodista inglés que investigó supuestos sobornos
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El juez federal Claudio Bonadío deberá destruir, en presencia del periodista Thomas Catán o de sus abogados, el listado de llamadas entrantes y salientes de los teléfonos del ex corresponsal del diario inglés Financial Times que ordenó confeccionar a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en la causa en la que investigan supuestos pedidos de soborno de senadores a banqueros.
En una resolución en la que destacan la importancia que tiene la libertad de prensa en toda sociedad democrática y en la que señalan que la protección del secreto de las fuentes de información periodística puede ser restringido en ciertos casos, los miembros de la Sala II de la Cámara Federal decretaron la nulidad de la medida de prueba dispuesta por Bonadío por considerar que afectó garantías constitucionales.
Catán reveló el nuevo escándalo de presuntas coimas que sacude al Senado el 20 de agosto último, cuando publicó que un grupo de banqueros había denunciado ante los embajadores de los Estados Unidos y de Gran Bretaña que miembros del Senado argentino le habían pedido dinero para trabar la aprobación de un paquete de leyes que supuestamente afecta al sector.
El periodista ratificó ante el juez Bonadío la información publicada y se negó revelar sus fuentes. Los banqueros que participaron en la reunión y fueron convocados como testigos por el magistrado negaron el supuesto pedido de sobornos.
Hace una semana, luego de recibir duras críticas de senadores del PJ y la UCR, el periodista dejó el país y regresó a Londres para incorporarse desde el mes próximo en el equipo de investigación del diario.
Victoria para argentinos
"Más que para el periodismo, esto representa una victoria para los ciudadanos argentinos, que así podrán denunciar hechos de corrupción", dijo ayer Catán en un diálogo telefónico con LA NACION. "Esto deja en claro que el juez actuó de forma incorrecta y sus superiores le han pedido que se rectifique. En esencia es una cuestión de principios", agregó.
Los abogados del periodista, del estudio de Luis Moreno Ocampo, llegaron a la Cámara con un recurso de queja por retardo de justicia en el que argumentaron que el magistrado había afectado el secreto de las fuentes de información periodística, reconocido en el artículo 43 de la Constitución Nacional.
Los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi, en cambio, concluyeron que el juez no violó esa garantía, pero sí la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los ciudadanos, amparados en la Constitución y en diversos tratados internacionales de derechos humanos.
Cattani, Luraschi e Irurzun recordaron que la cuestión planteada por Catán se caracteriza por "la colisión de dos intereses de relevante importancia. En un extremo, la actuación de la Justicia en un caso de trascendencia institucional; en el otro, el del periodista que publicó sobre los hechos investigados, en preservar el secreto de sus fuentes de información".
Luego de repasar varios casos de jurisprudencia nacional e internacional y de citar opiniones de destacados juristas, los camaristas establecieron que el secreto de las fuentes de información puede ser restringido en causas penales, aunque aclararon que para investigar a las fuentes no alcanza con que la medida sea útil para la investigación, sino que debe ser necesaria para "determinar la verdad de la hipótesis delictiva investigada" e imposible de reemplazar por "medios alternativos menos destructivos del derecho a la libertad de prensa".
En el caso de Catán, los magistrados concluyeron que la "restricción a la protección del secreto de la fuente" no resultó "necesaria", sino que, por el contrario, fue "completamente innecesaria", ya que el propio Bonadío ordenó "contemporánea e independientemente" otras diligencias y aseguró que nunca utilizó los resultados de la medida (el juez indicó que los listados fueron guardados por la SIDE en sobres cerrados y lacrados).
"La medida cuestionada constituye una restricción irrazonable a la libertad de expresión y, por ende, ilegítima, por lo que se declarará la nulidad", concluyeron los camaristas en su escrito.
Por su actuación en esta causa, Bonadío enfrenta un sumario administrativo y un pedido de juicio político presentado por la Cámara Federal en pleno.
Supuestos pedidos de sobornos en el senado
Claudio Bonadío
Investigación: el juez federal instruye la causa por el presunto pedido de coimas de senadores a banqueros.
Medida: como el periodista ratificó la información que publicó, pero se negó a revelar sus fuentes, ordenó a la SIDE que confeccionara un listado con sus llamadas entrantes y salientes.
Nulidad: la Cámara consideró ayer que esa medida constituyó una restricción ilegítima a la libertad de expresión.
Thomas Catán
Primicia: el periodista del Financial Times reveló, el 20 de agosto último, el nuevo escándalo que sacude a la Cámara alta.
Reserva: cuando declaró ante el juez, el entonces corresponsal del diario inglés se amparó en el secreto de las fuentes.
Recurso: sus abogados pidieron al magistrado que destruyera el listado de llamadas del periodista y, ante su negativa, presentaron una queja ante la Cámara Federal.
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