ADEPA expresó su preocupación por “la creciente intolerancia” hacia la prensa
Aludió a Alberto Fernández, que acusó a medios de comunicación de “intoxicar la cabeza de la gente”, y a Javier Milei, que demandó a un grupo de periodistas que lo criticaron
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La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su “preocupación” por lo que calificó como “creciente intolerancia a la prensa por parte de funcionarios y políticos”, en alusión especialmente a manifestaciones recientes del presidente Alberto Fernández y el diputado libertario Javier Milei.
Consideró, en ese sentido, que las acusaciones a los medios de comunicación y a los periodistas “no por reiteradas son menos nocivas para el debate público, ya que desvían la atención de los problemas efectivos y de las soluciones que éstos demandan”.
En primer lugar se refirió a las palabras del Presidente del miércoles, cuando se quejó por la cobertura periodística de un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) respecto de la pandemia. “Estamos entre los mejores del mundo. Esto no lo cuentan , lo silencian, los mismos medios que intoxicaron la cabeza de los argentinos, que todos los días muestran desánimo, que nos muestran los argentinos exitosos que viven en distintos lugares del mundo, pero los que nos quedamos, a la pandemia le pusimos el pecho”, se quejó en un acto en el gremio de los mecánicos (Smata).
ADEPA calificó esas palabras como un “estigmatización a la prensa” y un “intento de responsabilizarla de los problemas de gestión o del malhumor social”. Los dirigentes con altas responsabilidades “están sometidos a un mayor nivel de escrutinio y crítica justamente por su rol de figuras públicas, por el espacio que voluntariamente ocupan en la sociedad y por su responsabilidad como funcionarios del Estado o aspirantes a serlo”, advirtió.
Respecto de las denuncias del diputado libertario indicó: “La judicialización de expresiones periodísticas sobre una figura pública como es el caso del diputado nacional Javier Milei, nunca es una buena respuesta en términos de tolerancia a la crítica -aun la más dura y vehemente–, y aunque sea legal, siempre será más democrático el contraste de ideas y el debate que la persecución judicial.
Milei apuntó con su demanda a Pablo Duggan, Fabián Doman, Paulo Vilouta, Débora Plager y Martín Candalaft.
Sobre esa actitud se había referido también la Fundación Led en un reciente comunicado: “Estas demandas judiciales dirigidas a periodistas, cuando son iniciadas por funcionarios o diputados, constituyen un cercenamiento a la garantía constitucional de la libertad de expresión que protege la libertad editorial y las expresiones periodísticas, ya que van dirigidas a condicionar la valoración u opinión de los periodistas sobre quien los denuncia. En este caso un dirigente que dice abrazar ideas libertarias, concita particular atención, ya que estas prácticas contravienen el principio fundador de las libertades republicanas, como lo es la libertad de expresión”.
El comunicado completo
“La Asociación de Entidades Periodísticas Argentina (Adepa) observa con preocupación la creciente intolerancia a la prensa por parte de funcionarios y políticos, que desconocen que están sometidos a un mayor nivel de escrutinio y crítica justamente por su rol de figuras públicas, por el espacio que voluntariamente ocupan en la sociedad y por su responsabilidad como funcionarios del Estado o aspirantes a serlo.
“La estigmatización a la prensa y el intento de responsabilizarla de los problemas de gestión o del malhumor social, como lo expresado ayer por el presidente Alberto Fernández, no por reiterados son menos nocivos para el debate público, ya que desvían la atención de los problemas efectivos y de las soluciones que estos demandan.
“La judicialización de expresiones periodísticas sobre una figura pública como es el caso del diputado nacional Javier Milei, nunca es una buena respuesta en términos de tolerancia a la crítica -aun la más dura y vehemente–, y aunque sea legal, siempre será más democrático el contraste de ideas y el debate que la persecución judicial”.
LA NACION
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