Admiten que existen archivos de la represión

El teniente general (R) y último jefe del Ejército de la dictadura militar, Cristino Nicolaides, admitió que existen archivos de la represión de la lucha antisubversiva con los legajos que los jefes de zona, de subzona y de área tenían sobre cada detenido.

Nicolaides dijo esto anteayer en Córdoba ante el juez federal Adolfo Bagnasco, al ser indagado por la causa que investiga la sustracción de menores.

Quedó detenido, pero está internado en el Hospital Militar de Córdoba, aunque fue beneficiado con el arresto domiciliario.

Durante su extensa declaración, el último jefe del Ejército de la dictadura no se animó a decir dónde podrían encontrarse los archivos referidos, aunque sugirió que las carpetas con todos los datos de los detenidos podrían hallarse en "cada comando".

"La orden de destruir documentación que firmé -y que cumplió el ex presidente de facto Reynaldo Bignone- significaba que había que destruir las órdenes e instrucciones militares" sobre la lucha antisubversiva, pero "esa orden no incluía los legajos que los jefes de zona, subzona y área tenían sobre cada detenido, los que deberían estar archivados en cada comando", confesó Nicolaides ante el juez.

El ex presidente de facto Reynaldo Bignone es el próximo en la lista del juez para ser indagados. Debe concurrir el miércoles próximo a los Tribunales y también podría quedar arrestado.

Bagnasco pidió ayer el legajo de varios militares retirados, entre los que se encuentra el gobernador de Tucumán, general (R) Antonio Domingo Bussi, y abrió, de este modo, un interrogante sobre el futuro del mandatario provincial.

"Existen archivos de la represión"

Lo dijo el teniente general (R) Nicolaides al ser indagado por Bagnasco; está internado y podrá cumplir el arresto en su casa.

"La orden de destruir documentación que firmé -y que cumplió el ex presidente de facto Reynaldo Benito Bignone- significaba que había que destruir las ordenes e instrucciones militares" sobre la lucha antisubversiva, pero "esa orden no incluía a los legajos que los jefes de zona, subzona y área tenían sobre cada detenido, los que deberían estar archivados en cada comando".

Esa fue la parte más importante de la declaración del teniente general (R) Cristino Nicolaides, ex titular del Ejército, cuando fue indagado anteayer en Córdoba por el juez federal Adolfo Bagnasco sobre los hechos ocurridos durante su comandancia, desde mediados de 1982 y hasta fines de 1983.

Nicolaides, que durante un tramo de la audiencia recibió por parte de Bagnasco el trato de "general" al que él respondía con el de "señor juez", dijo que esas carpetas que hacían esos jefes para cada detenido, deben de estar actualmente archivadas en los "comandos" de cada una de esa jefatura.

El militar no se animó a decir si están en la sede del Ejército, ni tampoco lo hizo Alejandro Zeverín, su abogado, al ser consultado por el periodismo.

Pero el reconocimiento de la existencia de esos papeles coincidió con el que hace un mes hizo, ante Bagnasco, el contralmirante José Suppicich, sobre la existencia de documentos similares, que labraba cada grupo de inteligencia sobre sus detenidos, en la Armada.

Otro dato llamativo

Otro dato que también llamó la atención de los investigadores fue que Nicolaides también reconoció que durante la lucha ansubversiva había personas que estaban detenidas sin estar a disposición del Poder Ejecutivo, sino de mandos militares inferiores.

Aseguró que había arrestados a disposición de los jefes de área, zona y subzona, las regiones en que las juntas militares habían dividido el país para ejecutar la lucha antisubversiva.

Y agregó que todos esos jefes participaban en las decisiones para mantener arrestadas a esas personas o para liberarlas. Esos listados de personas eran distintos a los que llevaba el Poder Ejecutivo con las personas que tenía detenidas a su directa disposición.

El resto de la declaración del militar transitó por los carriles comunes a todos los oficiales que fueron indagados hasta este momento.

Si bien Nicolaides, en un escrito que presentó hace quince días, ponderó la investigación que lleva adelante Bagnasco por las nuevas informaciones que dan cuenta de la existencia de excesos respecto de menores, ayer remarcó que él desconoce que se hayan cometido esa clase de atrocidades.

Incluso aseguró que, cuando en 1980 él se desempeño como jefe del Comando de Institutos Militares, no se enteró de la existencia de centros clandestinos de detención ni de la existencia, en esos lugares, de mujeres embarazadas.

El hijo médico

Nicolaides, que había sido detenido el martes poco después de haber pedido declarar en su domicilio, tras ser interrogado anteayer durante seis horas, iba a ser trasladado a las dependencias de Gendarmería, pero en el trayecto se indispuso y debió ser internado en terapia intensiva, en el Hospital Militar de Córdoba.

En ese centro asistencial ejerce como cardiólogo uno de sus hijos. La internación del militar retirado fue aprovechada por su defensor, Alejandro Zeverín, para criticar al magistrado.

En rigor, el dictamen de los médicos forenses que examinaron a Nicolaides días antes del interrogatorio concluyó que no era conveniente trasladarlo a Buenos Aires y aconsejaban indagarlo en Córdoba -donde viajó Bagnasco-, pero no decían que ese trámite debía concretarse en el domicilio del militar. Por eso, Bagnasco dispuso hacerlo en Tribunales.

El defensor acusa

Ayer, Zeverín hizo hincapié en que todo el episodio terminó en un cuadro de "arritmia cardíaca grave", es decir, un agravamiento de su cuadro clínico.

El abogado además intenta mostrar que su defendido está en una situación ética distinta de los los otros imputados porque admitió que pudo haber secuestros de menores, aunque sostiene que él no participó y desconoce esos hechos.

"Bagnasco contribuyó" a agravar la situación médica, sostuvo Zeverín en declaraciones a La Nación .

La versión de los hechos que dan en el juzgado federal es bien distinta. Varias fuentes coincidieron en señalar que durante la audiencia "no hubo signos de que Nicolaides se sintiese mal. Además, en todo momento, en la antesala, había un médico para cualquier eventualidad".

La salud de Nicolaides le impide a éste gozar del arresto domiciliario, que ayer le concedió Bagnasco, pues tiene 74 años y supera la edad mínima para solicitar ese beneficio.

El cuadro clínico descripto fue confirmado por declaraciones de los médicos del Hospital Militar. Pero cuando se recupere, el militar podría regresar a su casa de la calle Hilarión Plaza 3866, del barrio Cerro de las Rosas.

Ossorio

El fiscal Miguel Ossorio dictaminó que las causas que instruyen los jueces Adolfo Bagnasco y María Servini de Cubría deben continuar tramitándose por separado.

El ex almirante Emilio Massera había pedido que el sumario que lleva adelante Bagnasco fuese remitido a la jueza Servini de Cubría, en tanto que las Abuelas de Plaza de Mayo habían solicitado exactamente lo opuesto. Ossorio interpreta que no se pueden acumular ambos expedientes porque se persiguen fines distintos.

Señala, además, que la magistrada investiga ocho casos puntuales de sustracción -el más conocido, el del menor Viñas-Vildoza, secuestrado por un ex jefe de la Escuela de Mecánica de la Armada-. Bagnasco investiga la existencia de un plan sistemático para realizar las sustracciones.

La declaración

Archivos: Nicolaides afirmó que cada jefe de zona, subzona y área donde se organizó la lucha antisubversiva hacía un legajo de cada persona detenida a su disposición y que esos documentos deben estar archivados en las sedes d e los comandos donde operaban esas jefaturas.

Detenidos: dijo que había personas detenidas a disposición de esas jefaturas, de las que no sabía el Poder Ejecutivo.

Lo que niega: desconoció que hubiera centros clandestinos de detención. Internado: Nicolaides, cuando llegó al juzgado federal, estaba detenido, y se fue de allí en igual situación, pero fue internado en el Hospital Militar de Córdoba. Su abogado culpa al juez Adolfo Bagnasco por el deterioro de la sa lud de su cliente.

Arresto domiciliario: el militar pidió cumplir la detención en su domicilio. El magistrado le concedió ese beneficio, porque aquél tiene 74 años y supera el límite legal para acceder a su goce.

El interrogatorio: duró seis horas. Cuando promediaba, se suspendió porque se "cayó" el sistema. Nicolaides se puso nervioso.Había un médico en la antesala para cualquier urgencia.

Por Adrián Ventura

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