Agentes militares trabajan en el servicio de inteligencia

Mezclar las cloacas de los servicios de inteligencia con sectores de la Justicia es una vieja práctica del kirchnerismo. Esta vez Alberto Fernández, el mismo hombre que dijo que llegaba al poder para limpiar los “sótanos de la democracia”, es el que se sirve de esa detestable maniobra. No importa si lo hace para agradar a Cristina Kirchner o porque decidió sumarse por sí solo a esa práctica que la historia juzgará con especial rigor. Lo hace, y esa es la única verdad irrefutable.

En su respuesta a los legisladores que representan a la oposición en la comisión parlamentaria bicameral de control de los servicios de inteligencia, la AFI (exSIDE) reconoció que dos personas que trabajaron como espías de las Fuerzas Armadas, Ramiro Gómez Riera y Roberto Adrián Román, cumplen funciones ahora en el espionaje al servicio del gobierno de Alberto Fernández. Fueron llevados a esa dependencias por el actual jefe de la AFI, Agustín Rossi, quien antes fue ministro de Defensa; es decir, el jefe de las Fuerzas Armadas.

Los servicios de inteligencia estatales están sospechados de haber pinchado teléfonos y filtrado conversaciones privadas. El Presidente deslizó que uno de los argumentos con los que pedirá el juicio político de los miembros de la Corte Suprema refiere a la información de supuestos chats de conversaciones telefónicas de altos funcionarios del máximo tribunal. Esto es: los servicios de inteligencia proveen información pública ilegal (o falsa) con la que después se arman procesos judiciales o políticos. Políticos opositores y periodistas independientes ya fuimos víctimas del mismo método durante los años de Cristina Kirchner. Nada cambió.

La AFI les respondió a los legisladores opositores (los diputados Cristian Ritondo y Miguel Angel Bazze y los senadores Ignacio Torres, Daniel Kroneberger y Alfredo Cornejo), que habían presentado un pedido de informes sobre la existencia de una “mesa militar” en las oficinas de ese servicio de inteligencia. Precisaron los nombres de Gómez Riera y de Román, pero también reclamaron información sobre un jefe militar de inteligencia en actividad, el coronel Marcelo Granitto, y sobre el general retirado César Milani, quien fue jefe del Ejército en la época de Cristina Kirchner.

Hombre formado en la inteligencia militar, Milani terminó controlando casi todo el servicio de espionaje de Cristina Kirchner. La oposición sospecha que detrás de esa “mesa militar” están todas las últimas filtraciones de conversaciones privadas, al parecer luego de que los espías accedieran al teléfono del ministro de Justicia y Seguridad de la Capital, Marcelo D’Alessandro. Las filtraciones expusieron el llamado “caso Lago Escondido”, que involucró a varios jueces, y ahora incluyeron a funcionarios de la Corte Suprema de Justicia.

En la respuesta de la AFI sobre si existe la “mesa militar”, el servicio de inteligencia respondió que “en la estructura de la AFI no existe área alguna que tenga como finalidad la obtención y análisis de información respecto de militares en actividad y/o retirados”. No respondió sobre si existe la llamada “mesa militar”.

Señala también que Gómez Riera es actualmente “asesor” de la AFI y que antes “integró la planta de personal de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar”. Esto es: fue un civil que trabajó para las Fuerzas Armadas aunque no haya sido considerado PCI (personal civil de inteligencia, según la jerga militar). La respuesta agrega que Román, exdirector de Inteligencia Estratégica Militar, es actualmente el secretario de Planificación de Inteligencia Nacional de la AFI.

Román sí era un PCI para las Fuerzas Armadas. Para decirlo con palabras sencillas: dos funcionarios civiles que trabajaron en la estructura de inteligencia de la Fuerzas Armadas prestan servicio ahora en la agencia gubernamental de espionaje. La “mesa militar” existe, se la llame así o de otra manera.

Es llamativa, al menos, la respuesta de la AFI sobre el coronel Granitto y el general Milani. Los legisladores opositores habían pedido que les informen si esos militares prestaban servicios como colaboradores o inorgánicos en la AFI. Inorgánico es el término que los servicios de inteligencia usan para referirse a las personas que trabajan para ellos, pero no en planta permanente; no figuran, por lo tanto, en ninguna planilla oficial. Son lo más parecido a los “agentes encubiertos”. La respuesta de la AFI: “De los registros no surge que pertenezcan o hayan pertenecido al organismo como personal contratado, de planta permanente o de gabinete”. No dice una sola palabra sobre si son personal “inorgánico” del servicio de inteligencia. No lo confirma ni lo desmiente.

Los legisladores opositores también preguntaron si la AFI sabe de “algún tipo de operación SIM-SWAP creando una sustitución operativa de la tarjeta SIM de teléfonos celulares para acceder a la información del teléfono de un usuario”. También interrogan a la AFI sobre si “personal (de esa agencia) ha operado en terreno de la localidad de Eldorado, en Misiones, en los últimos 90 días” en trabajos vinculados con la sustitución de tarjetas SIM en teléfonos privados. La respuesta de la AFI: “No se ha detectado ninguna actividad de ese tipo”. No dice que no existió, sino que no se detectó. No es lo mismo.

El aspecto más grave de todo esto es que con esas filtraciones de conversaciones privadas se intentará hacerles un juicio político a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. El oficialismo no tiene ni siquiera la mayoría en ambas cámaras del Congreso, y para que avance un juicio político a los jueces supremos se necesitan los dos tercios de cada una de las cámaras. Un número inalcanzable. O, como lo dijo con inigualable precisión el diputado Mario Negri, una “operación infame”.

El objetivo del Presidente y del kirchnerismo no es el número final, que saben imposible, sino el show y el escándalo previos. En la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, donde debería comenzar el proceso, tiene una leve mayoría (16 sobre 31 diputados que la integran). Podrá usar esa mayoría para debates larguísimos sobre la actuación de los máximos jueces del país y podrá también citar a testigos y hasta los magistrados de la Corte, aunque estos no están obligados a concurrir.

El espectáculo debe suceder antes del 9 de marzo, cuando se conocerán los fundamentos de la sentencia del tribunal oral que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos por actos corruptos en la administración de la obra pública. También antes de que se conozca la resolución de la Cámara de Casación Penal sobre el juicio por supuesto lavado de dinero en Hotesur y Los Sauces, empresas propiedad de la familia Kirchner. Casación debe decidir si la expresidenta y sus hijos deberán enfrentar otro juicio oral por prácticas corruptas.

Los objetivos son dos, entonces: provocar el agobio moral de los jueces de la Corte Suprema, hasta empujarlos a la renuncia, y atemorizar a los jueces de instancias inferiores que deben decidir sobre la suerte judicial de Cristina Kirchner. Ya sucedió con Carlos Fayt cuando los seguidores de Cristina Kirchner lo acusaban de ser un hombre viejo. Fay nunca cedió; renunció un día después de que Cristina se fue del Gobierno. “Muchos jueces deben estar pensando qué sucederá con ellos si a los jueces de la Corte los colocaron en el potro de la tortura moral”, señaló un juez con larga trayectoria.

Ese es el aspecto político de la cuestión. El matiz judicial es absolutamente endeble. El Presidente dijo que pedirá el juicio político de los jueces supremos por su fallo sobre la coparticipación de la Capital. Los jueces no pueden -ni deben- ser juzgados por sus sentencias. El profesor de la Facultad de Derecho volvió a olvidar el primer manual de la carrera.

La segunda razón del juicio político es por el contenido de la filtración de los chats de conversaciones privadas. Ningún juez serio aceptaría siquiera analizar un expediente iniciado y engrosado con conversaciones telefónicas obtenidas de manera ilegal, sin la autorización necesaria de un juez. Pero hay jueces y fiscales amigos del Gobierno que están dispuestos a alargar sus resoluciones o a indagar sobre prácticas ilegales hasta que una instancia superior les ponga un límite definitivo. Escándalo en el Congreso y escándalo en los tribunales.

La desesperación kirchnerista se nutre del escándalo. El abogado Bernardo Saravia Frías sostuvo en un escrito sobre estos conflictos: “Lo peor que le puede ocurrir a un grupo político es perder la legitimidad”. Y agregó: “Ante la pérdida de legitimidad, intentan destruirla, recurriendo al vacío jurídico a través de la mentira”. Inmejorable descripción de lo que el kirchnerismo (y el Presidente) está espoleando.

Hay otro cariz que es eminentemente judicial. El Presidente sigue sin cumplir una orden de la Corte Suprema; ya fue denunciado penalmente por esa sublevación. Si hoy se realizara la anunciada reunión de él con los gobernadores peronistas para motorizar el juicio político a los jueces supremos, su situación judicial se complicará mucho más. No solo no cumple con la ley; también trata de sortearla con pobres artimañas. Y quedará comprometida de igual modo la situación de los gobernadores por su complicidad con un delito penal. Algunos de ellos advierten la torpeza de toda esta operación y ya anunciaron que no acudirán a la convocatoria presidencial de hoy.

Los jueces supremos intuyen que están siendo perseguidos por los servicios de inteligencia. De hecho, Carlos Rosenkrantz, juez de la Corte Suprema, acaba de ser víctima de una típica operación de inteligencia. Sobre un hecho real, montaron una información falsa. Un periodista de C5N difundió un tuit en el que informó que Rosenkrantz almorzó en el restaurant La Huella, de Punta del Este, con Fabián “Pepin” Rodríguez Simón, exasesor de Mauricio Macri, y con el senador José Torello, un amigo personal del expresidente. Rosenkrantz almorzó, en efecto, en el restaurant La Huella, de Punta del Este, con dos amigos, pero ninguno era Rodríguez Simón ni Torello.

Doscientas personas lo vieron mientras almorzaba con amigos que no son parte de la política. Ahora bien, ¿cómo supo el kirchnerismo que Ronsenkrantz estuvo en ese restaurant cerca del mar uruguayo? Solo los servicios de inteligencia acceden a esa información tan personal. “Es fácil. Tienen que seguir a cuatro personas, no a cien”, dedujeron en los despachos de la Corte.

La “mesa militar” existe en el servicio de inteligencia que depende directamente de Alberto Fernández. Ahora, la oposición pedirá que le informen cuántas veces el general Milani y el coronel Granitto ingresaron a las dependencias de la AFI y para entrevistarse con quién. También reclamará que le responda cuántes veces ingresaron a las fuerzas de seguridad federales (que incluye a la policía aeroportuaria (PSA), que difundió las primeras fotos de jueces llegando a Lago Escondido), y al Ministerio de Seguridad de la Nación. Pedirán que les precisen los horarios de entrada y de salida de esos militares de cada uno de esos organismos.

Sobre esos cimientos de barro y de basura se nutre el escandaloso planteo del Presidente contra la Corte Suprema. La desesperación explica muchas cosas, pero no justifica ninguna.

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