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Aguad pidió ser sobreseído en su indagatoria por la deuda del Correo
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El ministro de Defensa, Oscar Aguad, negó hoy haber cometido algún delito en la negociación que mantuvo con el Correo Argentino, una empresa de la familia Macri, para saldar su deuda con el Estado. El exministro de Comunicaciones fue indagado hoy por el juez Ariel Lijo, acusado por una supuesta defraudación al haber firmado un acuerdo "abusivo" -en junio de 2016- por la deuda que el Correo Argentino.
Aguad cuestionó hoy mediante un escrito el que emitió fuertes críticas el dictamen de la fiscal Gabriela Boquín, que lleva adelante el caso el fuero Comercial, y agregó que no hubo perjuicio alguno para la administración pública porque el acuerdo "no era ruinoso" y porque, además, fue dejado sin efecto después de que estallara el escándalo por el presidente Mauricio Macri. Era el mejor acuerdo posible para el Estado, ratificaron desde su entorno.
"Obré apoyado en sólidas razones jurídicas y creyendo que era la mejor forma de cumplir con mi deber", sostuvo en su descargo al que accedió LA NACION. Aguad pidió su sobreseimiento y solicitó que como medidas de prueba se libren oficios a la Auditoría General de la Nación (AGN), la Oficina Anticorrupción y la Procuración del Tesoro.
"Lejos de obrar con una actitud dolosa perjudicial para los intereses de la administración, mi intención fue procurarle una ventaja, la única posible según mi entender, evitando con el acuerdo cuestionado que su crédito siguiera licuándose con el paso del tiempo, lo que consideré mi deber", expuso Aguad en su escrito. Y se apoyó en el análisis realizado por la AGN, que en aquel entonces refutó que el acuerdo fuera abusivo.
La AGN, sin embargo, también ignoró un dictamen crítico del acuerdo del Correo, tal como publicó LA NACION. Un informe reservado que había sido ordenado desde el propio organismo consideró que el acuerdo aprobado por Comunicaciones era "abusivo" para el Estado y que la propuesta aceptada por el Gobierno se traducía en una quita real del 80% de la deuda del Correo, una oferta inaceptable -consideraron- de acuerdo con la jurisprudencia especializada. Pero ese informe crítico de los expertos finalmente no fue incluido dentro del texto que aprobó el organismo.
También debieron declarar en el juzgado de Lijo su asesor jurídico en el entonces Ministerio de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa, y los directivos del Correo, Jaime Cibils Robirosa y Jaime Kleidermacher. A estos dos últimos se los imputó como partícipes necesarios de la maniobra que llevaron adelante los funcionarios públicos.
Críticas al dictamen
Tal como hicieron Robirosa y Kleidermacher, Aguad criticó el dictamen de la fiscal Boquín, quien frenó el acuerdo. Según el extitular de la cartera de Comunicaciones, el dictamen fue "erróneo y equivocado", y generó confusión pública.
Cuando pidió su indagatoria, el fiscal Pollicita consideró que el acuerdo fue espurio. "Existen suficientes razones para tener por demostrado que el acuerdo celebrado entre los representantes del Ministerio de Comunicaciones y el Correo Argentino fue espuriamente concebido y, a la vez que buscó beneficiar a la empresa concursada, comprometió abusivamente al Estado, que enfrentó la posibilidad concreta de resignar definitivamente el cobro de una considerable porción", había sostenido en el dictamen emitido en diciembre del año pasado.
En ese dictamen, el fiscal sostuvo que por el acuerdo en cuestión el Estado nacional "resignaba una porción inadmisible de la suma de $ 296.205.376 adeudada por Correo Argentino, lo que implicaba el otorgamiento de un beneficio injustificado y directamente proporcional para la concursada".
Entre la documentación que aportó la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a este expediente, y que Pollicita tomó como prueba, hay una nota interna que revelaba que Aguad ya tenía conocimiento de la oferta que haría la empresa al Estado para saldar su deuda, incluso tres semanas antes de que la familia Macri presentara los papeles ante la Justicia.
Esta semana la PIA demandó a Presidencia de la Nación por haber avalado el cierre de un sumario administrativo dentro del Poder Ejecutivo para determinar las responsabilidades de los funcionarios del Gobierno en el acuerdo que celebraron con el Correo Argentino.
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