Allanaron el barrio cerrado El Remanso

Un allanamiento realizado ayer en tres casas de fin de semana del barrio El Remanso, en Exaltación de la Cruz, complican la situación de Sergio Schoklender y de otros ex integrantes de la fundación Madres de Plaza de Mayo. Las viviendas se habrían fabricado con paneles similares a los usados por las Madres para las viviendas sociales, con lo que los materiales pudieron haber sido desviados.

Las casas, tipo americana, situadas en lotes arbolados, están en un barrio semicerrado que da a la ruta 8. Hay dos o entradas al barrio, con garitas, sin vigilancia, pero no se trata de un country cercado.

La pista de El Remanso la dieron las propias Madres, cuando encontraron una carpeta donde se publicitaba la construcción de estas casas de fin de semana. La empresa que las promocionaba era Construcciones Calificadas y mostraba como ejemplos para tentar a los clientes unas fotografías de las viviendas allanadas ayer.

Hugo Omar Gallardo, ex abogado de Madres, registró el 21 de enero de 2008 Construcciones Calificadas SA, en la que fue socio de Patricia Beatriz Alonso, mano derecha de Sergio Schoklender en la fundación y otra de las directivas investigadas por la Justicia. Los restantes socios que aportaron los 100.000 pesos de capital eran Manuel Camet, que fue funcionario del Ministerio de Producción porteño designado por el ex jefe de gobierno Jorge Telerman; y Enrique Osvaldo Rodríguez, ex ministro de Telerman y presidente de la Corporación Sur. En ese cargo se contactó con Schoklender. Cuando LA NACION le preguntó a Rodríguez por la empresa hace tres meses, afirmó que la compañía no había tenido ninguna actividad.

Además, ayer, el juez federal Norberto Oyarbide le pidió al Banco Central que le informara de los movimientos de 24 cuentas de las Madres de Plaza de Mayo radicadas en bancos públicos y privados.

Además, al disponer una batería de medidas de prueba, ordenó secuestrar los vehículos de la entidad que fueron adquiridos con fondos públicos. De todos modos, esos automóviles ya están inhibidos, junto con otros bienes de la fundación que están bajo investigación judicial.

Una tercera medida del juez, que trascendió ayer, es que dispuso que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal le informara qué profesionales intervinieron en las escrituraciones realizadas por la entidad en el último año y por las personas investigadas, que suman medio centenar.

La medida se debe a la buena experiencia que tuvo el juez cuando les tomó declaración a otros escribanos. Sus testimonios permitieron al juzgado seguir varias pistas sobre un posible blanqueo de capitales.

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