Amado Boudou, Lázaro Báez y Juan Pablo Schiavi pidieron salir de la prisión por el coronavirus

La pandemia de coronavirus generó en los tribunales una lluvia de pedidos para dejar la cárcel de acusados de corrupción y de delitos comunes. Lázaro Báez, Juan Pablo Schiavi y una decena de procesados por narcotráfico, secuestro extorsivo y trata de personas presentaron en las últimas horas pedidos de excarcelación o arresto domiciliario, al amparo de la emergencia sanitaria.

El exvicepresidente Amado Boudou, condenado por el caso Ciccone, hizo también una presentación hoy ante la Corte Suprema. Tiene pendiente un recurso de queja porque no le habilitaron el recurso extraordinario contra su condena y su defensa pidió al máximo tribunal que "con pronto despacho se lo excarcele". Alegó que lo hacía "en orden a la pandemia de Covid-19" y las emergencias sanitaria y penitenciaria dispuestas.

Muchos de los detenidos que pidieron dejar la cárcel cumplen prisión preventiva y están a disposición de tribunales orales que se vieron desbordados en las últimas horas. Una acordada de la Corte y una disposición posterior de la Cámara Federal de Casación Penal hicieron que los empleados no concurrieran a sus dependencias de trabajo para evitar el avance del virus. Por orden de Casación, solo quedó un magistrado y un secretario a cargo de cada tribunal para resolver y escribir las resoluciones ante los planteos que presentaron los defensores. Como se trata de pedidos de libertad, son trámites que deben ser resueltos con especial celeridad. Para las excarcelaciones, la ley prevé un plazo de 24 horas.

Otro elemento que incrementa la cantidad de pedidos fue una resolución de la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien ayer les recomendó a todos los defensores oficiales que "renueven o agilicen los pedidos de libertad o morigeración de la situación de encierro" de todos los presos que integran grupos "en riesgo ante la pandemia".

La primera medida que tomaron los jueces, antes de decidir la suerte de los detenidos, fue enviar los pedidos a los fiscales para que opinen si corresponde o no otorgar la libertad o el arresto domiciliario a quienes cumplen prisión preventiva y están sometidos a juicio oral y público, dijeron a LA NACION fuentes de los tribunales.

El caso Báez

En el caso de Báez, el fiscal federal Abel Córdoba debe opinar si corresponde el arresto domiciliario, controlado con una pulsera electrónica. Según informaron fuentes judiciales, el fiscal resolverá mañana y, con su opinión, los jueces definirán.

La Cámara Federal de Casación ya instruyó a todos los tribunales que tengan en cuenta que a raíz de la pandemia de coronavirus deben dar prioridad a los trámites de excarcelaciones presentados por mujeres embarazadas o con niños, y por personas que pertenezcan a una población de riesgo por ser mayores de 65 años o tener problemas de salud.

Báez cumple las dos últimas condiciones. Además, argumentó que se encuentra en prisión preventiva desde hace casi cuatro años. Su defensa señaló que no hay riesgo de que se fugue ni de que perjudique la investigación. Báez cumple prisión preventiva desde el 5 de abril de 2016, cuando dispuso su detención el juez federal Sebastián Casanello.

Báez alegó, además, que estando preso no puede defenderse adecuadamente y que en prisión corre peligro de contagiarse de coronavirus. Está siendo juzgado por el caso conocido como "la ruta del dinero k", donde está acusado de haber lavado 65 millones de dólares de su empresa Austral Construcciones, provenientes -según la acusación que pesa en su contra- de hechos de corrupción y de evasión fiscal. En paralelo, enfrenta un juicio junto con Cristina Kirchner en la causa en que la vicepresidenta está acusada de haber direccionado las obras públicas santacruceñas para beneficiarlo. Mañana se sabrá, finalmente, si Báez sale en libertad.

El pedido de Schiavi

La defensa de Schiavi, condenado por la tragedia de Once, presentó su planteo ante el Tribunal Oral Federal Nº 2. El exfuncionario ya tenía en trámite un pedido de prisión domiciliaria desde diciembre del año pasado, por sus problemas de salud. Su defensa tenía solicitada, además, una "domiciliaria provisoria", mientras durara el trámite de su excarcelación. Schiavi tiene problemas cardíacos y neurológicos. Según la última presentación de su defensa, ya estaba en una situación de vulnerabilidad que ahora se agrava por el avance del coronavirus, que lo pone en una especial posición de peligro.

En lo que va de la semana, los fiscales federales opinaron ya sobre pedidos de excarcelación de acusados de delitos comunes y se multiplicaron los dictámenes en contra de las liberaciones. Trabajaron ayer con pilas de expedientes Juan García Ellorio, Diego Luciani y Diego Velazco, entre otros fiscales de juicio.

Según informaron a LA NACION fuentes judiciales, los argumentos con que los fiscales vienen rechazando los pedidos de libertad son que, si bien los acusados están dentro de las personas en situación de riesgo, el Servicio Penitenciario Federal está tomando medidas de prevención intramuros. También, que la situación de los detenidos es similar a la de las personas que están en libertad, pues en la calle pueden ser tan vulnerables como dentro de la cárcel.