AMIA: 25 años sin una condena y con importantes pruebas perdidas
Mientras la UFI-AMIA busca nuevos elementos, Irán sigue sin colaborar con la investigación; las entidades judías se mantienen divididas en torno de la pesquisa
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LA NACIONCandela Ini
Un cuarto de siglo atrás, una Renault Trafic con aproximadamente 400 kilos de explosivos detonó frente al edificio de la calle Pasteur 633, sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina ( AMIA ). Murieron 85 personas y centenares resultaron heridas. Por este hecho no se dictó ni una sola condena y desde la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) AMIA reconocen que con el paso del tiempo se perdieron pruebas.
En la misma línea de investigación que conducía el fiscal Alberto Nisman, la UFI-AMIA, hoy a cargo del fiscal Sebastián Basso-designado por el procurador general de la Nación Eduardo Casal-, afirma que el brazo armado de Hezbollah encomendó la preparación y la ejecución del atentado.
Según esta hipótesis, el atentado fue planificado durante una reunión en Mashad (Irán), en agosto de 1993. Allí, sostienen las autoridades judiciales, las máximas autoridades del régimen que gobernaba Irán habrían decidido llevar adelante el atentado contra la sede de la AMIA.
Quienes condujeron la investigación después de la muerte de Nisman -Sabrina Namer, Leonardo Filippini y Roberto Salum- acreditaron en 2016 el uso de la Trafic en el ataque, mediante el estudio microscópico con barrido electrónico de las esquirlas halladas en los cuerpos de 14 de las víctimas.
Ahora, Basso se concentra en ubicar a quien considera el coordinador del grupo terrorista, el libanés Salman Salman. Sobre él, a quien se buscó rastrear durante años con un nombre falso (Salman Al Reda), pesa una orden de captura internacional, así como sobre los iraníes Mohsen Rabbani, Alí Rafsanjani, Alí Akbar Velayati, Hadi Soleimanpour, Alí Fallahijan, Mohsen Rezai, Agmad Vahidi, Ahmad Reza Asghari e Imad Moughnieh (muerto en un atentado en 2008).
El resultado del ataque no es la condena correspondiente a sus responsables, sino una serie de mamushkas judiciales donde los mismos funcionarios responsables de investigar el hecho resultaron -según la condena dictada este año- encubridores. En el proceso por encubrimiento que culminó en febrero fueron condenados el exjuez del caso Juan José Galeano; los fiscales José Barbaccia y Eamón Mullen; el dueño de la Trafic Carlos Telleldín, y su mujer, Ana Boragni; el exjefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y su segundo, Juan Carlos Anchezar, y el excomisario Carlos Castañeda. El expresidente Carlos Menem, en tanto, resultó absuelto, así como Víctor Stinfale.
Hace dos meses comenzó nuevamente el juicio contra Carlos Telleldín, que acondicionó y entregó la camioneta Trafic que explotó en la AMIA. Telleldín había sido enjuiciado en 2003 por este hecho, pero ese proceso fue anulado por su acusación falsa contra policías de la fuerza bonaerense.
El caso de la AMIA exhibe cómo las fuerzas de seguridad federales y los servicios de inteligencia -con participación activa en la investigación del atentado- se entrometieron en ese expediente y lo contaminaron con pistas falsas, y cómo los mismos funcionarios judiciales que estuvieron a cargo de la investigación formaron parte de las maniobras de encubrimiento.
Otra de las ramificaciones del caso es la actual acusación contra funcionarios del gobierno kirchnerista por presunto encubrimiento. En enero de 2015, Nisman, designado al frente de la UFI-AMIA creada por Néstor Kirchner en 2004, denunció -en línea con organismos internacionales israelíes y estadounidenses- que el memorándum de entendimiento con Irán escondía un pacto de impunidad entre el gobierno argentino y el iraní.
La expresidenta Cristina Kirchner está procesada por encubrimiento agravado, así como algunos de sus exfuncionarios, como Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Juan Martín Mena, Angelina Abbona y el dirigente Luis D'Elía. Según la denuncia que hizo el fiscal Nisman, el pacto con Irán fue "un plan criminal con entidad suficiente para que los ciudadanos iraníes identificados como responsables de la voladura de la AMIA pudieran sustraerse de la acción de la Justicia -mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad-, y para liberarlos de toda responsabilidad penal por dichos hechos -mediante la creación de una Comisión de la Verdad- y a través de esta, introducir una hipótesis alternativa".
Hoy, los familiares de las víctimas y las instituciones judías todavía tienen miradas distintas sobre los avances de la investigación. En este contexto, el oficialismo parlamentario busca avanzar con los proyectos de ley de juicio en ausencia y el Presidente, con la firma del decreto que declare a Hezbollah como grupo terrorista.
Memoria Activa, por caso, apoyó el memorándum y criticó el fallo que lo declaró inconstitucional. Tampoco se muestra conforme con el desempeño de Basso. La DAIA cuestionó el acuerdo con Teherán y hoy apoya el juicio en ausencia, a diferencia de otros familiares nucleados en Apemia, Memoria Activa y la propia AMIA.
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