Amplían una denuncia contra José Alperovich por espionaje y revelan quiénes fueron las víctimas

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- Jueces, políticos, empresarios, gremialistas y periodistas habrían sido espiados mediante escuchas telefónicas ilegales ordenadas por el gobernador José Alperovich cuando asumió, en noviembre de 2003.

El dato se desprende de una presentación realizada por el peronista disidente Enrique Romero en los tribunales federales locales, mediante la cual realizó una ampliación de una denuncia formulada en 2012 por dirigentes de la oposición José Cano (UCR) y Daniel Blanco (Partido Obrero). Hasta ahora, la causa no tuvo mayores avances. Sin embargo, Romero estima con la documentación aportada ahora, dando a conocer detalles del plan de espionaje y los nombres de las supuestas víctimas de las escuchas, la investigación podría cobrar mayor impulso.

Romero puso a disposición de la Justicia "un informe confidencial" que le fue entregado recientemente y que da cuenta del funcionamiento "un sistema de inteligencia ilegal" que fue ejecutado "por la empresa de seguridad e inteligencia de origen israelí SIA. (Security and Intelligence Advising) y el coronel retirado Enrique Stel, ex funcionario del Ministerio de Seguridad".

En la lista de supuestos espiados que Romero aportó a la causa figuran los nombres del vocal de la Corte local René Mario Goane, de Alberto Brito, ex miembro del Superior Tribunal, y de los jueces Rodolfo Novillo y Carlos Giovanniello, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. También aparecen los industriales azucareros Julio Colombres y Jorge Rocchia Ferro; y una quincena de políticos, entre ellos el diputado Cano, actual candidato a gobernador del Acuerdo para el Bicentenario.

En el listado figuran los nombres de 14 periodistas, entre ellos Federico Van Mameren, de La Gaceta, Tomás Luciani, de Contexto, la locutora Noemí Colombano, Marcelo Cortés (Canal 8) y Héctor Lafuente (ex jefe de redacción del diario El Siglo).

Entre los sindicalistas que habrían sido blanco de escuchas, se destacan los bancarios Carlos Cisneros y Eduardo Bourlé, Vicente Ruiz, de la Corriente Clasista y Combativa, y Martín Rodríguez, de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Según la denuncia, para llevar adelante las escuchas ilegales el Gobierno provincial adquirió una valija de intercepción y monitoreo para celulares, con capacidad para captar conversaciones de hasta 50 teléfonos en forma simultánea. Además, se precisó que el instrumental fue comprado a Nabil Amar, CEO de la empresa SIA, con domicilio en calle Matienzo 1753 de Capital Federal y casa matriz en Tel Aviv, Israel (Duyanov St. 9 F).

Romero sostuvo que el plan "se denominó Operativo Escucha y fue llevado a cabo por personal del D2 (Departamento de Inteligencia Criminal de la Policía tucumana) y estuvo dirigido por Stel con la coordinación del Mossad (servicio secreto israelí)".

En su presentación, el ex funcionario durante la gestión de Julio Miranda aseguró que "la idea del Operativo Escucha fue de Jaime Salamon (titular de la DAIA en Tucumán) y el primo del Gobernador y actual diputado nacional Isaac Benjamín Broomberg".

Stel, a quien Romero apuntó como "director del plan de espionaje y figura de amplia inserción en la comunidad israelí de Tucumán", fue detenido en marzo de 2014, siendo funcionario del Ministerio de Seguridad local, en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad.

En su presentación, el dirigente opositor solicitó que sean citados a declarar el coronel (R) Stel, el comisario general Maruf (D2), Salamon, Broomberg y Amar, además de los ex ministros de Seguridad provincial Pablo Baillo (en cuya gestión se habría iniciado el Operativo Escucha) y su sucesor, Mario López Avila.

Cuando salió a la luz la denuncia original, en 2012, Alperovich negó las acusaciones y aseguró que nunca ordenó espiar a nadie.